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| Comité Ambiental Valle de Siria |
Producción agrícola fue afectada por extracción de oro
en un 70% desde el inicio de la actividad minera. 19 de 21 fuentes de agua se secaron
Por Giorgio Trucchi | Opera Mundi
“Son 14
años de lucha y de exigir justicia ante la indiferencia del Estado. La transnacional
minera Goldcorp Inc. debe responsabilizarse por los daños que nos ha causado,
por haber quebrantado el tejido social de nuestras comunidades, por haber
robado la paz y la dignidad de nuestro pueblo, por el estado de desolación y
abandono en que vivimos”.
El desahogo
es de Carlos Amador, miembro del Comité Ambiental del Valle de Siria. Su voz se
suma a las de miles de pobladores que todavía se atreven a vivir en este rincón
desahuciado del departamento Francisco Morazán, en Honduras, y que se niegan a
olvidar la tragedia humana y ambiental que les ha tocado vivir.
El Valle de
Siria está conformado por los municipios de El Porvenir, San Ignacio y Cedros. El
proceso de exploración minera inició a mediados de la década de los 80 (Fisher
Watt Gold Company), pero fue hasta 1995 que la empresa Sociedad Minerales Entre
Mares Honduras S.A., subsidiaria del coloso canadiense Goldcorp Inc., solicitó
un permiso de explotación minera intensiva a cielo abierto -a base de cianuro- de
la mina San Martín.
El permiso
fue otorgado en enero del 2000 sobre un área de 23 mil hectáreas, y el proceso
de explotación duró hasta el año 2008, cuando la empresa comenzó la etapa de
cierre y post-cierre, en medio de un verdadero éxodo juvenil y una creciente
protesta de las comunidades que denunciaban graves afectaciones
socios-ambientales.
Minas a cielo abierto
Cuando se
aplica el método de la minería a cielo abierto, lo primero que se hace es
arrasar con los árboles y todo lo que es vegetación. Luego se desecha la capa
de tierra fértil de la zona de donde se extrae el oro y, seguidamente, se cavan
gigantescos cráteres de unas 100 hectáreas y hasta 200 metros de profundidad, usando
cargas explosivas y maquinarias.
Una vez que
se extraen las rocas del subsuelo son transportadas por enormes camiones a una
planta de trituración, donde son convertidas en polvo y trasladadas a las
canchas de lixiviación (lavado). Finalmente se les agregan grandes cantidades
de agua cianurada para separar las partículas de oro (Informe Ejecutivo “La
Mina San Martín en el Valle de Siria”, 2013).
“Entre
Mares S.A. llegó al Valle de Siria con la teoría de darle empleo y desarrollo a
miles de personas. Lo que generó en realidad fueron unos 330 puestos de trabajo
y más pobreza para miles de familias campesinas que se quedaron sin ingresos.
Todo fue una gran mentira, y pasamos de ser el primer productor de granos
básicos del departamento Francisco Morazán a una de las zonas más afectadas y
envenenadas del país”, dijo Carlos Amador a Opera Mundi.
De acuerdo
con investigaciones realizadas por el Cehprodec (Centro
Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario), en el Valle de Siria vivían unas 7 mil familias, es decir 42 mil
personas que fueron embestidas por los impactos de la minería.
“Se
removieron más de 50 millones de toneladas de tierra para extraer oro,
afectando la producción agrícola que se redujo del 70%. Además, 19 de las 21
fuentes de agua que existían ya se han secado y las que quedan están
contaminadas con metales pesados. Esto generó una emergencia hídrica sin
precedentes”, explicó Pedro Landa, especialista
en minería y miembro de la Coalición de Redes Ambientales y del Cehprodec.
Además, las comunidades nunca fueron consultadas, ni informadas sobre
los riesgos que la instalación de la minería metálica a cielo abierto traería
para la región. De igual forma, las leyes nacionales y varios convenios
internacionales ratificados por Honduras fueron violados. Ni siquiera el aporte
al Fisco nacional y municipal, que resultó ser insignificante si lo comparamos
con el jugoso negocio de la transnacional minera canadiense, pudo justificar la
magnitud de los impactos sobre las comunidades, sus territorios y condiciones
de vida.
Un pueblo enfermo
Según las
diferentes organizaciones que integran el Comité Ambiental del Valle de Siria,
durante más de 8 años de explotación minera los impactos socio-ambientales generados
por Entre Mares S.A. (Goldcorp), con el silencio cómplice de las autoridades
locales y nacionales, fueron devastadores. Además de romper el tejido social, dividir
y desplazar a las familias campesinas, dichas organizaciones denuncian graves afectaciones
a la salud de las personas.
“Se realizron
varios estudios y confirmamos que la actividad minera ha provocado graves
problemas dermatológicos y de la vista, caída del pelo, partos prematuros,
malformaciones congénitas y abortos. También se detectaron niveles altísimos de
metales pesados en la sangre de las personas. Lo más preocupante es que este
tipo de contaminación permanecerá en el ambiente por más de cien años”, alertó
el doctor Juan Almendarez, director del CPTRT (Centro de Prevención, Tratamiento
y Rehabilitación de Victimas de
la Tortura).
La investigación “Contaminación
de agua en el área de explotación minera del proyecto San Martin y
repercusiones sobre la salud humana”, realizada
por Flaviano Bianchini en 2006, revela que en una de las comunidades afectadas
por la explotación minera la mortalidad infantil alcanza el valor
de 300‰ (por mil), es decir 12 veces mayor que la media nacional. Estos valores aumentan
notablemente para los hijos de los trabajadores de la mina. En este caso la tasa
de mortalidad alcanza el 833‰ o bien 33 veces la media nacional.
Además, todos
los valores de plomo y arsénico en la sangre de las personas analizadas resultaron
superiores a los valores considerados peligrosos por la OMS (Organización
Mundial de la Salud).
“Nuestras
aguas y los cultivos fueron contaminados. Hay decenas de personas con altos
niveles de metales pesados en la sangre, mientras otras sufren por las llagas
en el cuerpo y por un sinnúmero de enfermedades”, lamentó Ronald López,
coordinador del Comité Ambiental del Valle de Siria.
Según él,
la empresa cerró operaciones y ni
siquiera restauró la parte forestal ancestral. Tampoco se está
responsabilizando por los drenajes ácidos que salen de las instalaciones mineras,
ni por la pérdida de cultivos y ganado. “Ante este escenario dantesco, ni la empresa, ni
las autoridades están haciendo algo para apoyar a las víctimas, más bien tratan
de minimizar lo que ha ocurrido”, argumentó López.
Protesta social
A medida que se fueron
dando cuenta que las promesas de la empresa, no solo no eran reales, sino que,
en vez del desarrollo, traían grandes problemáticas, los pobladores decidieron
conformar el Comité Ambiental. De esta manera buscaban aglutinar a los
diferentes sectores sociales y organizar grupos en cada comunidad, empoderándose
de la problemática para contrarrestar la expansión del proyecto San Martín.
Ante esta situación, la
respuesta de la empresa no se hizo esperar. “Me capturaron el 5 de julio de
2011 junto con otros compañeros, acusándonos de haber obstaculizado un plan de
manejo forestal para despalar 1800 hectáreas
de bosque en el cerro La Torrecita. Estuvimos 18 meses con medidas cautelares
sustitutivas y, finalmente, logramos demostrar nuestra inocencia”, recuerda Carlos
Amador.
De igual manera, varios activistas del
Comité Ambiental han venido sufriendo persecución, hostigamiento
y hasta amenazas de muerte. Sin embargo, la criminalización de la protesta y el
contexto de miseria, enfermedades, escasez de agua, desempleo, así como la pérdida de
soberanía alimentaria, del tejido social y de la tenencia de la tierra, han generado anticuerpos en la población.
“Hoy en día la inmensa mayoría de la población está en contra
de cualquier tipo de presencia minera en la zona y lucha por la defensa de los
bienes comunes, porque ha podido probar en su propia piel las consecuencias de
esta actividad”, aseguró Ronald López.
Sin
embargo, el Comité Ambiental del Valle de Siria no puede bajar la guardia ni tan
siquiera un segundo. “Los principios no se venden, ni se negocian y, por eso, estamos
en alerta roja y listos a declararnos en rebeldía ante cualquier intento de
Goldcorp de regresar a la zona. Seguiremos exigiendo que se reparen los daños
ambientales, que se indemnicen a las personas enfermas y a las que fueron
desplazadas de sus tierras”, concluyó Amador.
Fuente original: Opera Mundi (portugués)
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