Por Ricardo Salgado
Entramos en un año muy importante para todos los procesos de liberación en Latinoamérica; su consolidación en varios países, y el avance de las fuerzas populares en otros, no solamente dependen de su propio desarrollo interno, sino, además, de la forma en como la economía mundial vaya configurando los intereses hegemónicos de los países con mayor capacidad bélica en el planeta. Es la economía la que determinará los acontecimientos de 2012, y, seguramente de los años futuros.
Mientras eso sucede, España, Italia y Grecia han sido puestos a disposición del Fondo Monetario Internacional; Mario Monti y Mariano Rajoy, en una negación de absurda de los hechos han adoptado medidas que ya han fracasado, y que, de hecho, han llevado a sus países por la vía del desastre. Irónicamente, los Estados Unidos en sus crisis y descalabros económicos no permite la participación del FMI, acaso porque sabe lo letal que puede ser esta medicina. En todo caso, la crisis capitalista se profundiza, lo que no significa necesariamente el colapso del sistema, el que lucha incesantemente en recrear sus condiciones de existencia.
Los países latinoamericanos han podido sortear, en su mayoría esta crisis sistémica durante 2011, pero los desempeños de sus economías se verán afectados en 2012 por la inestabilidad del dólar y del Euro, así como por la volatilidad en los precios de los carburantes. Si nos atenemos a las evidencias, la integración de nuestros países ha traído consigo la posibilidad de sortear mejor las dificultades de la crisis, resaltando elpapel importante que tienen iniciativas como Petrocaribe, el ALBA y las misma UNASUR; esto porque, a pesar de las dificultades de la economía, la tendencia a reducir las brechas de desigualdad neoliberales, permite mayor capacidad de operación a los gobiernos de la región frente a la turbulencia financiera mundial.
Ahora bien, nuestros países más pequeños presentan realidades disimiles, algunos se mantienen alejados del FMI lo que resulta en mayor soberanía en la toma de decisiones sobre asuntos cruciales, mientras otros, como Honduras, se rigen bajo los “acuerdos” (entiéndase mandatos) del Fondo Monetario Internacional, y se conforma con cumplir con las metas que este demanda. Aquí debemos ser muy precisos, las medidas que viene de este organismos buscan reducir la actividad del Estado y su influencia sobre la actividad económica de los países, asumiendo la falacia de que el Estado es corrupto y mal administrador, omitiendo por completo que quien paga las coimas, hace las componendas, compra magistrados y fiscales, y recluta generales para que den Golpes de Estado son las elites económicas, las que siguen sin ningún tipo de regulación, a las que se beneficia con mayores prebendas, jugosos negocios y hasta se les condonan deudas. El eje central de la corrupción y la ineficiencia del Estado es históricamente el dinero de los acaudalados empresarios, eso hoy es un axioma.
Según la CEPAL, Honduras tendrá un crecimiento de 3.2% en 2012, cifra que para la población no significa nada, y para el gobierno apenas una cifra modesta que, de concretarse, le permitiría mantener el nivel de atraso en el que ahora vive. No podemos olvidar que el caso hondureño es particular después del golpe de Estado de junio de 2009, y es importante comprender dos cosas muy importantes al respecto: a) El impacto económico directo de la crisis lo han recibido el Estado y el pueblo hondureño, que ahora está a campo abierto frente a las medidas neoliberales, sin acceso a programas de reducción de la desigualdad (claro este no es un propósito del sistema, al contrario); y b) Los mayores beneficiarios del mismo golpe de Estado han sido las clases dominantes del país; la actividad bancaria fundamentalmente, cuyo cliente principal es el Estado de Honduras, es decir el que le paga mejores réditos por su dinero.
La deuda externa del país ha crecido nuevamente por encima de los dos mil millones de dólares, según voceros de FOSDEH, haciendo olvidar la condonación de que se jactaron durante la administración Maduro, quien llego a hacer un cínico llamado a gastar dinero que no existía, sino que, simplemente, dejaríamos de pagar, cuyo servicio era un dolor de cabeza permanente para los gobiernos hondureños. La deuda interna cerca de tres mil doscientos millones de dólares, llega a la nada despreciable suma de sesenta mil ochocientos millones de lempiras, casi la mitad de todo el presupuesto aprobado para el 2012.
El pago de las obligaciones de esta deuda significará hasta el 30% del presupuesto aprobado por el congreso nacional, es decir cuarenta y tres mil doscientos millones de lempiras, o, el equivalente a SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO SALARIOS MINIMOS (calculados a 5,500 lempiras), o el salario por un año, incluidos 14 pagos, de medio millón de trabajadores. Esa es la dimensión desproporcionada que tiene que enfrentar el Estado de Honduras para pagar a sus acreedores locales; aproximadamente la mitad, según cifras brindadas por el mismo gobierno en julio de 2011, ira a parar a las arcas de la banca privada, que hoy es un negocio bastante “prospero” en medio de un país al borde de la quiebra.
Naturalmente, esta situación se traducirá en una drástica reducción en el gasto social, y, si el gobierno sigue la lógica de la mal llamada “disciplina fiscal”, la calidad de vida de los hondureños se verá drásticamente reducida en el año que recién comenzamos. Importante aquí mencionar los datos arrojados por la última encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística que indica que de poco más de 8 millones habitantes en el país, casi cinco millones y medio somos pobres, cifra que seguramente aumentara en un año en el que, a menos que se tomen medidas extraordinarias y soberanas, el país se enfrentara a una crisis que aun en este momento es impensable.
Las reservas internacionales han caído durante los últimos 6 meses, y para diciembre último se estima que su valor era insuficiente para cubrir 3 meses de importaciones. Esta situación servirá para acelerar, entre otros males, el deslizamiento de la moneda, que ya era evidente para finales del 2011, lo que contradice abiertamente la afirmación de la Presidenta del Banco Central de que la medida de regreso a la banda cambiaria apoyaría una revaloración de la moneda.
El problema sistémico es serio en Honduras, y solo un cambio drástico, con algunas medidas inmediatas que harían posible el escape a una debacle. Primero que nada, habría que hacer una evaluación de la utilidad que tienen para el país algunos organismos, por ejemplo la Comisión Nacional de Banca y Seguros que debería desaparecer y regresar el control de la actividad bancaria al Banco Central de Honduras, visto que esta Comisión sirve descaradamente los intereses de los Bancos, en detrimento del pueblo de hondureño. Asimismo, debería prohibirse de inmediato la operación de los llamados Buros de Crédito, o Centrales de riesgo privadas que cumplen una labor de sabotaje contra la población, que está a merced del cruce de información entre empresas violando la privacidad de los ciudadanos y cortando las opciones de impulso a la inversión productiva.
Es tiempo también de repensar la estructura impositiva, pues la misma premia la renta de los que más obtienen y castiga de mil maneras al ingreso asalariado. Las instituciones financieras, para el caso, deberían tener un régimen tributario especial, que grave su renta de acuerdo a su dimensión en referencia a la inversión que hacen en el sector productivo. A mayor inversión y riesgo, mejores las condiciones para los entes financieros.
Debe contemplarse en la agenda legislativa el castigo ejemplar de aquellos que cometen actos dolosos, con penas carcelarias contra quienes hacen favores a cambio de regalos, coimas u otro tipo de sobornos, y castigar con el doble de tiempo a quienes pagan por esos “favores”; en cualquier caso, estas penas por fraude contra el Estado, y contra el pueblo, no deberían ser menores de 30 años de cárcel para quienes reciben y sesenta años de cárcel para quienes las pagan.
Aun no entramos en cambios estructurales, pero buscamos la revitalización de la economía y la construcción de un sistema económico interno sano y transparente de verdad. Otro problema inherente a la situación interna de la economía es el impuesto sobre ventas que castiga a las mayorías (basta hacer una operación aritmética para saber quiénes pagan más por este impuesto); por esta razón este impuesto debe reducirse selectivamente a productos de alto consumo entre la mayoría de la población, y recalcularse en productos suntuarios. Estas no son ideas originales ni mucho menos, son el resultado de un vistazo a la situación económica nacional, y seguramente figuran en la mente de muchos hondureños que comparten estas preocupaciones.
El asunto hoy es tomar en serio la situación económica del país, en medio de un entorno complejo y hostil a las posibilidades limitadas de una nación pequeña y dependiente. No podemos seguirnos preocupando porque se van los Cuerpos de Paz (de dudosa trayectoria en todo el mundo) mientras somos indiferentes a un problema que se torna cada vez más inmanejable para todos.
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