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| Foto PROAH |
Yerno del terrateniente Miguel Facussé acusado de aterrorizar a miles de pobladores
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
Desde la aprobación de una concesión minera a favor de la empresa Minerales Victoria, que abarca unas mil hectáreas en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, los habitantes de la comunidad Nueva Esperanza siguen viviendo una pesadilla que parece no acabar nunca.
Según una minuciosa investigación¹ realizada por el Proyecto di Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH), las 45 familias que viven en dicha comunidad están sufriendo una embestida sin precedentes por parte de la empresa minera, la cual es propiedad de Lenir Pérez, yerno del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum.
Omar Orellana es promotor social del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). Hace unos meses tuvo que abandonar la zona por las continuas amenazas.
“Los cerros que rodean el lugar son ricos de óxido de hierro, carbón y oro, y las comunidades vienen oponiéndose a la explotación salvaje de estos recursos desde hace más de 20 años.
Sin embargo -continuó Orellana- durante los últimos seis meses el conflicto ha subido de tono, con la presencia de policías corruptos, grupos paramilitares fuertemente armados y hasta de sicarios que ya controlan la zona”, señaló.
Según el joven defensor de derechos humanos, la empresa minera estaría presionando y amenazando a las familias campesinas para que vendan sus terrenos, y permitan la destrucción del entorno.
Jornada de terror
El pasado 24 de julio, Orlane Vidal y Daniel Langmeier, dos defensores de derechos humanos del PROAH, de nacionalidad francesa y suiza respectivamente,
se desplazaron hacia la comunidad de Nueva Esperanza².
Aún no habían pasado ni 24 horas desde su llegada, que los dos jóvenes fueron rodeados por matones armados al servicio del empresario minero. Fueron amenazados, escoltados y montados en un vehículo que los fue a dejar en otra comunidad.
En conversación con La Rel, Orlane y Daniel aseguran haber vivido momentos muy duros y haber tenido la sensación clara de que estos grupos de paramilitares, con rostros y ojos visiblemente alterados, los iban a asesinar.
Sin embargo, para ellos, lo más preocupante es que el horror que les tocó vivir a ellos por más de dos horas, representa la trágica cotidianidad que viven miles de personas, que en este país defienden sus tierras y recursos naturales de las garras sedientas de unos pocos empresarios.
“Como miembro del equipo de acompañamiento a las comunidades del sector de Florida hemos venido desarrollando campañas de información sobre los peligros de la minería. Esto me ha acarreado constantes amenazas de muerte, hasta que tuve que abandonar el lugar”, recuerda Omar Orellana.
Con él se fueron varias personas y hasta familias enteras, entre ellas el padre César, el único maestro que tenía la comunidad Nueva Esperanza y la familia que le había dado hospitalidad a los jóvenes del PROAH.
En julio, Orellana trató de volver a la comunidad haciéndose acompañar por fiscales del Ministerio Público de La Ceiba y militares.
“Cuando nos acercábamos al lugar vimos a no menos de 15 hombres fuertemente armados que me estaban esperando, pero la presencia de los militares los hizo desistir de sus planes”, dijo el joven defensor de derechos humanos.
La falta total de institucionalidad y la absoluta impunidad de la cual gozan los empresarios, las grandes transnacionales y los grupos fácticos que contralan el país, están permitiendo que, en Honduras, se siga acaparando territorios, saqueando los recursos naturales y criminalizando la protesta social, dejando vivir a miles de familias campesinas en zozobra y terror.
“Aquí el Estado no existe y nos sentimos totalmente abandonados ante las atrocidades que comete esta empresa minera. Hemos presentado varias denuncias pero ninguna institución nos hizo caso”, aseveró Orellana.
Pese al estado de abandono en que se encuentran, las familias campesinas de Nueva Esperanza siguen en lucha.
“Ha habido desplazamiento, amenazas a muerte, intimidaciones, sin embargo la gente sigue con mucho ánimo, en resistencia, decidida a defender el territorio que es su fuente de vida”, concluyó el joven activista.
“Los cerros que rodean el lugar son ricos de óxido de hierro, carbón y oro, y las comunidades vienen oponiéndose a la explotación salvaje de estos recursos desde hace más de 20 años.
Sin embargo -continuó Orellana- durante los últimos seis meses el conflicto ha subido de tono, con la presencia de policías corruptos, grupos paramilitares fuertemente armados y hasta de sicarios que ya controlan la zona”, señaló.
Según el joven defensor de derechos humanos, la empresa minera estaría presionando y amenazando a las familias campesinas para que vendan sus terrenos, y permitan la destrucción del entorno.
Jornada de terror
El pasado 24 de julio, Orlane Vidal y Daniel Langmeier, dos defensores de derechos humanos del PROAH, de nacionalidad francesa y suiza respectivamente,
se desplazaron hacia la comunidad de Nueva Esperanza².
Aún no habían pasado ni 24 horas desde su llegada, que los dos jóvenes fueron rodeados por matones armados al servicio del empresario minero. Fueron amenazados, escoltados y montados en un vehículo que los fue a dejar en otra comunidad.
En conversación con La Rel, Orlane y Daniel aseguran haber vivido momentos muy duros y haber tenido la sensación clara de que estos grupos de paramilitares, con rostros y ojos visiblemente alterados, los iban a asesinar.
Sin embargo, para ellos, lo más preocupante es que el horror que les tocó vivir a ellos por más de dos horas, representa la trágica cotidianidad que viven miles de personas, que en este país defienden sus tierras y recursos naturales de las garras sedientas de unos pocos empresarios.
“Como miembro del equipo de acompañamiento a las comunidades del sector de Florida hemos venido desarrollando campañas de información sobre los peligros de la minería. Esto me ha acarreado constantes amenazas de muerte, hasta que tuve que abandonar el lugar”, recuerda Omar Orellana.
Con él se fueron varias personas y hasta familias enteras, entre ellas el padre César, el único maestro que tenía la comunidad Nueva Esperanza y la familia que le había dado hospitalidad a los jóvenes del PROAH.
En julio, Orellana trató de volver a la comunidad haciéndose acompañar por fiscales del Ministerio Público de La Ceiba y militares.
“Cuando nos acercábamos al lugar vimos a no menos de 15 hombres fuertemente armados que me estaban esperando, pero la presencia de los militares los hizo desistir de sus planes”, dijo el joven defensor de derechos humanos.
La falta total de institucionalidad y la absoluta impunidad de la cual gozan los empresarios, las grandes transnacionales y los grupos fácticos que contralan el país, están permitiendo que, en Honduras, se siga acaparando territorios, saqueando los recursos naturales y criminalizando la protesta social, dejando vivir a miles de familias campesinas en zozobra y terror.
“Aquí el Estado no existe y nos sentimos totalmente abandonados ante las atrocidades que comete esta empresa minera. Hemos presentado varias denuncias pero ninguna institución nos hizo caso”, aseveró Orellana.
Pese al estado de abandono en que se encuentran, las familias campesinas de Nueva Esperanza siguen en lucha.
“Ha habido desplazamiento, amenazas a muerte, intimidaciones, sin embargo la gente sigue con mucho ánimo, en resistencia, decidida a defender el territorio que es su fuente de vida”, concluyó el joven activista.
Notas:¹ https://proah.wordpress.com/2013/06/20/proyecto-de-mineria-en-la-nueva-esperanza-escalada-alarmante-de-intimidaciones-dirigidas-a-la-comunidad/
² http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2013/07/honduras-el-terror-que-vivimos-durante.html
² http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2013/07/honduras-el-terror-que-vivimos-durante.html
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