Por Gilberto García | CEAL
El pasado jueves 6 de noviembre, organizaciones sindicales y populares se concentraron frente a la Fiscalía General de la República, en Santa Elena en las afueras de San Salvador, para exigir mediante una carta firmada por más de 40 organizaciones, la creación de una unidad especializada de la Fiscalía para delitos laborales.
Hasta la fecha persisten múltiples violaciones a los derechos laborales de la población salvadoreña, que van desde el incumplimiento del salario mínimo vigente, hasta la violación de derechos sociales y sindicales básicos como los son el pago de seguridad social o el respeto a las libertades sindicales.
Las organizaciones que participaron de la actividad fueron: el Frente Social y Sindical Salvadoreño (FSS), la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños del Sector Alimentos, Bebidas, Hoteles, Restaurantes y Agroindustria (FESTSSABHRA), el Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre (MPR-12), la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (CSTS) y la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL).
Al hacerse presentes ante la Fiscalía, una delegación de varios representantes de las organizaciones, fueron recibidos por el fiscal General de la República Lic. Luis Martínez, y luego de exponer los alegatos de las mismas, se acordó crear una comisión compuesta por las organizaciones y la Fiscalía para elaborar la propuesta, que deberá integrarse al organigrama del Ministerio Público y buscar una asignación presupuestaria, así como una capacitación permanente en cuanto a los procedimientos laborales.
El Código Penal salvadoreño, establece cinco delitos relativos a los derechos laborales y de asociación, entre los cuales se encuentran la infracción a las condiciones laborales y de seguridad social, la apropiación de cotizaciones por los patronos, la coacción de la libertad sindical o al derecho de huelga, la discriminación laboral y la obstrucción de la libre contratación.
Asimismo la patronal frecuentemente incurre en el delito de desobediencia de particulares, al ignorar las resoluciones del Ministerio de Trabajo en materia de Inspección de Trabajo.
Son muchos los sindicatos que han intentado hacer uso de estos instrumentos legales, sin embargo muy pocos avanzan hasta ser judicializados como es el caso de LIDO en donde el dueño de la empresa panificadora esta siendo procesado por tres delitos en un juzgado de instrucción de Soyapango, luego de la denuncia de varios dirigentes sindicales por despedirles ilegalmente y haber ignorado las inspecciones del Ministerio de Trabajo para su reinstalo.
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