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| UCA |
Por Gloria Marisela Morán | ContraPunto
“Es cierto que nadie pagará legalmente lo que nos hicieron, pero hemos tenido un lugar donde hemos sido escuchados y alguien por fin nos tomó en cuenta”, dijo María Recinos, minutos antes de escuchar la lectura de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Restaurativa de El Salvador. La sentencia fue presentada simultáneamente en España.
María fue una de las familiares de víctimas que se presentó el pasado mes de marzo ante la quinta edición del Tribunal de Justicia Restaurativa en El Salvador para hablar sobre el caso de ejecución sumaria de Angelita Recinos, Teresa Alvarenga y Adelaida Alemán, quien tenía ocho meses de embarazo. El hecho ocurrió el 19 de junio de 1980. El hecho es atribuido al destacamento militar número 2.
También ante ese Tribunal pasó el caso de desaparición forzada de Carminda Castro Sánchez, quien tenía 22 años de edad. Carminda era estudiante universitaria de la carrera de psicología, su delito fue organizarse, en la Resistencia Nacional (RN), para luchar en la guerra.
Silvia Cuellar del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) explicó que “la sentencia dicta una condena moral al Estado por la omisión en la investigación de los casos ocurridos durante la guerra; además de una condena moral para los victimarios”. Aclaró que “en ningún momento tiene un carácter vinculante, solo es una condena moral, pero las víctimas han encontrado un espacio donde han sido escuchados”.
Según Silvia Cuellar, del IDHUCA, el Tribunal es una alternativa de justicia restaurativa, en el que se escucha a las víctimas en la denuncia selectiva de casos documentados, todo esto basado en las exigencias del derecho internacional sobre violaciones de los Derechos Humanos.
El Tribunal se lleva a cabo en el país desde 2009, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) ha sido la sede durante dos ocasiones, así como Arcatao en Chalatenango, Suchitoto en Cuscatlán y en Tecoluca, San Vicente. Este año se realizará en marzo en Santa Marta, Cabañas.
La sentencia…
En concreto, los delitos abordados en el documento son por ejecuciones extrajudiciales; por privación de libertad y torturas; por desaparición forzada, y por un número no definido de víctimas de la conocida como masacre del Río Lempa.
En la sentencia el Tribunal declara al Estado salvadoreño responsable por las ejecuciones extrajudiciales de once personas, entre ellas: Teresa Alvarenga, Adelaida Alemán, Bonifacio Hernández, Pedro Jovel y Fidencio Velasco.
También lo declara culpable por la ilegítima privación de libertad y torturas de Rosa Rivera, Vilma Vásquez, Fernando Bonilla y José Álvarez. Asimismo, por la desaparición forzada de Lisbeth Carminda Castro.
También responsabiliza al Estado salvadoreño por la masacre del Río Lempa, ocurrida en marzo de 1981 en perjuicio de la población civil de Santa Marta y del municipio de Victoria, en Cabañas. En este apartado también condena al Estado de Honduras por haber apoyado al salvadoreño en dicha masacre, también por las violaciones a los derechos humanos ejecutadas en contra de la población salvadoreña que buscó refugiarse en suelo hondureño.
Entre las recomendaciones del Tribunal, están que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue las denuncias que fueron presentadas y conocidas ante dicho Tribunal para que juzguen y sancionen adecuadamente a los responsables.
También piden a El Salvador que reconozca y repare integralmente a cada una de las víctimas directas e indirectas por el daño físico, psíquico, material de las víctimas de la guerra. Además piden que el Estado de a conocer el programa nacional de reparación de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.
También ante ese Tribunal pasó el caso de desaparición forzada de Carminda Castro Sánchez, quien tenía 22 años de edad. Carminda era estudiante universitaria de la carrera de psicología, su delito fue organizarse, en la Resistencia Nacional (RN), para luchar en la guerra.
Silvia Cuellar del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) explicó que “la sentencia dicta una condena moral al Estado por la omisión en la investigación de los casos ocurridos durante la guerra; además de una condena moral para los victimarios”. Aclaró que “en ningún momento tiene un carácter vinculante, solo es una condena moral, pero las víctimas han encontrado un espacio donde han sido escuchados”.
Según Silvia Cuellar, del IDHUCA, el Tribunal es una alternativa de justicia restaurativa, en el que se escucha a las víctimas en la denuncia selectiva de casos documentados, todo esto basado en las exigencias del derecho internacional sobre violaciones de los Derechos Humanos.
El Tribunal se lleva a cabo en el país desde 2009, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) ha sido la sede durante dos ocasiones, así como Arcatao en Chalatenango, Suchitoto en Cuscatlán y en Tecoluca, San Vicente. Este año se realizará en marzo en Santa Marta, Cabañas.
La sentencia…
En concreto, los delitos abordados en el documento son por ejecuciones extrajudiciales; por privación de libertad y torturas; por desaparición forzada, y por un número no definido de víctimas de la conocida como masacre del Río Lempa.
En la sentencia el Tribunal declara al Estado salvadoreño responsable por las ejecuciones extrajudiciales de once personas, entre ellas: Teresa Alvarenga, Adelaida Alemán, Bonifacio Hernández, Pedro Jovel y Fidencio Velasco.
También lo declara culpable por la ilegítima privación de libertad y torturas de Rosa Rivera, Vilma Vásquez, Fernando Bonilla y José Álvarez. Asimismo, por la desaparición forzada de Lisbeth Carminda Castro.
También responsabiliza al Estado salvadoreño por la masacre del Río Lempa, ocurrida en marzo de 1981 en perjuicio de la población civil de Santa Marta y del municipio de Victoria, en Cabañas. En este apartado también condena al Estado de Honduras por haber apoyado al salvadoreño en dicha masacre, también por las violaciones a los derechos humanos ejecutadas en contra de la población salvadoreña que buscó refugiarse en suelo hondureño.
Entre las recomendaciones del Tribunal, están que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue las denuncias que fueron presentadas y conocidas ante dicho Tribunal para que juzguen y sancionen adecuadamente a los responsables.
También piden a El Salvador que reconozca y repare integralmente a cada una de las víctimas directas e indirectas por el daño físico, psíquico, material de las víctimas de la guerra. Además piden que el Estado de a conocer el programa nacional de reparación de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.
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