miércoles, 7 de diciembre de 2011

Honduras: Periodista número 17 asesinada en lo que va del régimen de Lobo Sosa a periodista

defensoresenlinea.com
Por Dina Meza - defensoresenlinea.com

Esta mañana  desconocidos en motocicleta dispararon contra el vehículo en que se conducía la periodista Luz María Paz Villalobos (39), quien era la directora del Programa radial “Tres en la Noticia”. 

Paz Villalobos es la periodista número 17 que es asesinada desde que llegara al poder el régimen de Porfirio Lobo Sosa, quien el pasado fin de semana en el cumbre de CELAC cuestionó a algunos medios de comunicación y periodistas que lo critican. 

Alrededor de 20 disparos impactaron en el vehículo  y ella y su  motorista Delmer Canales, murieron al instante, a eso de las siete de la mañana, cuando circulaban a inmediaciones de la colonia San Francisco de Comayagüela.

El asesinato se produjo unas horas después de un atentado contra diario La Tribuna, sucedido este lunes a eso de las una y minutos de la mañana cuando desde un carro gris sin placas dispararon en varias oportunidades hiriendo a un guardia de seguridad que estaba de turno y quien está recuperándose en un hospital.

Según la versión de la policía el vehículo marca Mazda, tipo pick up, doble cabina, color rojo y con placas PBZ- 4250, en que se conducía era  propiedad del coronel de las Fuerzas Armadas de Honduras Marco Tulio Leiva, este argumentó que le estaba vendiendo el carro a la periodista, a quien se lo había prestado para que lo probara antes de concretar la venta.

El Estado de Honduras ha sido llevado a varias audiencias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por las violaciones a la libertad de Expresión y de prensa y por no proteger a los y las periodistas a las que les decretó medidas cautelares para que se tomaran acciones para proteger su vida, sin embargo se ha hecho caso omiso a las recomendaciones de este organismo internacional.

Honduras es considerada como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo por los sistemáticos crímenes que se producen.

Desde la tercer semana de octubre cuando se produjo el crimen contra los jóvenes universitarios Alejandro Vargas Castellanos, hijo de la rectora universitaria y Mario Pineda, el involucramiento de policías en este crimen dejó al descubierto la participación del cuerpo policial en ejecuciones arbitrarias no solo contra los dos muchachos sino una serie de delitos hacia la ciudadanía que van desde extorsiones, amenazas, secuestros, entre otras acciones contra la ley.

Varios medios de comunicación y periodistas denunciaron ante la Secretaría de Seguridad que son amenazados por publicar informaciones en los que evidencian esa conducta que ha llevado a demandar una intervención inmediata de este cuerpo de seguridad del Estado.
 
El COFADEH demandó que se intervenga de inmediato  tanto la Policía como el Ministerio Público con la vigilancia de una Comisión Internacional porque de lo contrario es colocar un maquillaje que dejará graves consecuencias para el país, tal como sucedió con el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Investigación Nacional, DNI, y la creación de la actual Dirección Nacional de Investigaciones, DNIC, constituida por policías que en la década de los ochenta muchos de ellos participaron de serias violaciones a los derechos humanos. La impunidad trastocó todo el sistema de justicia y la ciudadanía se quedó desprotegida.

El G-16 emitió un comunicado en las últimas horas donde señala su preocupación por este nuevo asesinato y demanda investigación pronta.
 
“Los Miembros del G-16 expresan su profunda preocupación ante los ataques y amenazas contra periodistas y medios de comunicación que consideran atentan contra los principios básicos de la democracia, la libertad, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho”, dice el comunicado fechado de hoy 06 de diciembre.
 
Asimismo agregan los países integrados en este organismo que “El G-16 respalda a todos los sectores de la sociedad hondureña que luchan para garantizar las libertades de opinión y de expresión, como Derechos Fundamentales garantizados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ratificada por todos nuestros países y que a todos nosotros, por lo tanto, obliga”.

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