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Por Informe Pastrán
Nicaragua
tendrá que enfrentar tres grandes decisiones de política en el 2012:
las nuevas tarifas de electricidad, la reforma tributaria y la del
sistema de pensiones, las que fueron postergadas para no tener que
discutirlas en 2011, porque era un año electoral.
José
Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada,
(Cosep), asegura que “el primer gran tema es la energía, y tenemos que
tenerlo definido antes de enero, porque en febrero se tiene que
incrementar la tarifa”.
El
siguiente paso, en febrero, es la reforma tributaria, que esperan poder
analizar con tiempo y aprobar por consenso, porque de lo contrario,
“tenderá a generar desempleo y empobrecer al país”.
El empresario Juan
Sebastián Chamorro, ex viceministro de Hacienda, señala que “la reforma
tributaria se le quedó en el tintero a este gobierno. Creo que se
tendrán que revisar las exoneraciones y tomar algunas acciones en
beneficio de la progresividad del sistema. Eso es inevitable si quieren
mejorarlo”.
En
referencia a la seguridad social, Chamorro opina que “es un tema
pendiente de hace más de 15 años. Desafortunadamente, los costos de esta
reforma se vuelven más amargos, la medicina se vuelve más amarga si
esperamos más y más, porque la masa de jubilados aumenta día a día, y la
masa de cotizantes disminuye proporcionalmente. Aunque haya un
crecimiento poblacional, al envejecer la población -lo que va a ocurrir
en unas décadas- hará que la masa de cotizantes sea cada vez menor, y
vayan a tener que tomarse medidas más dolorosas.
Arturo
Grigsby, Director del Instituto de Investigación Nitlapán-UCA, teme que
la mayoría de más de dos tercios de que dispondrá el partido gobernante
a partir del 2012 en la Asamblea Nacional, les lleve a legislar solos. “El
escenario más probable es que ambas reformas sean producto de una
negociación entre la elite empresarial, el gobierno y la banca
multilateral. Será una negociación de cúpulas en lugar de un debate
amplio para alcanzar un consenso nacional”, vaticinó.
Antenor Rosales,
presidente del Consejo Directivo del BCN, dijo que al enfrentar estos
temas “deben verse como política de estado. No se trata de una visión
del gobierno, sino que debe incorporar los intereses de productores,
empresarios, trabajadores, y todos los que tributamos”, detalló.
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