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Por Criterio.hn | Pasos de Animal Grande
La Fiscalía de Turno, adscrita a la Fiscalía de Delitos Comunes presentó en horas muy tempranas de este martes, Requerimiento Fiscal contra seis personas por suponerlas responsables del delito de Usurpación de Suelos de Dominio Público en perjuicio del Estado de Honduras.
Las actuaciones del Ministerio Público se dan con motivo de las averiguaciones posteriores a la denuncia interpuesta por autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) relacionadas con la toma de las instalaciones del Alma Máter en la capital.
Según lo manifestado por fiscales de esta dependencia, en el escrito respectivo de Requerimiento Fiscal también se solicitó al juzgado competente que se ordenara el desalojo de la edificación de la UNAH, y que se librara órdenes de captura en contra de las personas que son acusadas, mismas que aún no se han ejecutado.
El capítulo IV del Código Penal de Honduras, referido al tipo penal de Usurpación, en el artículo 231 especifica que “Quien detente el suelo o espacio correspondiente al derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde paseo u otros lugares de uso o dominio público o de cualquier otro bien raíz del Estado o de las municipalidades será sancionado con reclusión de tres a cinco años, sin perjuicio de desocupar el suelo o espacio detentado, cuando el bien detentado sea una playa la pena se aumentará en dos tercios”.
El Ministerio Público está a la espera de las actuaciones policiales en el sentido que se ejecuten las órdenes de captura respectivas o en su defecto los acusados se presenten voluntariamente ante los órganos jurisdiccionales para dar continuidad al proceso penal que ya es de conocimiento de las autoridades judiciales para que se disponga lo que en derecho corresponde en la Audiencia de Declaración de Imputado respectiva.
Requieren estudiantes que no participaron en la toma
Las actuaciones del Ministerio Público se dan con motivo de las averiguaciones posteriores a la denuncia interpuesta por autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) relacionadas con la toma de las instalaciones del Alma Máter en la capital.
Según lo manifestado por fiscales de esta dependencia, en el escrito respectivo de Requerimiento Fiscal también se solicitó al juzgado competente que se ordenara el desalojo de la edificación de la UNAH, y que se librara órdenes de captura en contra de las personas que son acusadas, mismas que aún no se han ejecutado.
El capítulo IV del Código Penal de Honduras, referido al tipo penal de Usurpación, en el artículo 231 especifica que “Quien detente el suelo o espacio correspondiente al derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde paseo u otros lugares de uso o dominio público o de cualquier otro bien raíz del Estado o de las municipalidades será sancionado con reclusión de tres a cinco años, sin perjuicio de desocupar el suelo o espacio detentado, cuando el bien detentado sea una playa la pena se aumentará en dos tercios”.
El Ministerio Público está a la espera de las actuaciones policiales en el sentido que se ejecuten las órdenes de captura respectivas o en su defecto los acusados se presenten voluntariamente ante los órganos jurisdiccionales para dar continuidad al proceso penal que ya es de conocimiento de las autoridades judiciales para que se disponga lo que en derecho corresponde en la Audiencia de Declaración de Imputado respectiva.
Requieren estudiantes que no participaron en la toma
Entre las seis
personas a quienes se les libró requerimiento fiscal están Moisés David
Cáceres, Cesario Padilla, Sergio Ulloa, Dayanara Castillo, todos ellos
expulsados el 18 de diciembre de 2014 y reingresados a la UNAH por orden
de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. También está Armando Velásquez, que junto a los primeros tres estudiantes
están con un proceso penal, iniciado en julio de 2015, por otras tomas
realizadas en demanda de democracia en la UNAH. Criterio.hn conoció que de los estudiantes requeridos por el Ministerio Público, dos de ellos no viven en Tegucigalpa y una ni siquiera en Honduras. Dayanara Castillo, está exiliada fuera del país desde hace mas de un año y se fue de Honduras debido a la persecución que le montaron las autoridades de la UNAH.
Por su parte, Moisés Cáceres vive en el occidente del país desde hace un poco mas de tres meses, y tampoco participó en la toma de la universidad de las ultimas 48 horas, con lo que el Ministerio Publico demuestra que está actuando por petición de la Rectora universitaria Julieta Castellanos y no porque los estudiantes hayan cometido delito alguno.
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