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| Foto G. Trucchi | LINyM |
Por Ana Ortega | Conexihon
El Congreso Nacional está a punto de aprobar un nuevo Código Penal que introduce nuevos delitos, incremento de penas y nuevas figuras legales en ámbitos fundamentales para la vida, la seguridad humana, la convivencia, la subsistencia, la libertad, y para la vigencia y respeto de otros derechos humanos fundamentales. No obstante, el conocimiento y discusión al interior de organizaciones y movimientos sociales ha sido más bien limitada o parcial, pese a las graves repercusiones legales que implicaría para la mayoría de estas organizaciones, movimientos y para la población hondureña.
Esta iniciativa no es un esfuerzo aislado o al margen de otras leyes y medidas que apuntan a institucionalizar la profundización del modelo económico neoliberal sustentado en el despojo de bienes comunes y de la naturaleza, necesarios para la reproducción de la vida pero también para la acumulación capitalista, al contrario, está perfectamente articulada con otras leyes y medidas encaminadas a viabilizar el modelo económico y político hegemónico.
Para facilitar esta apropiación o reapropiación, estos procesos de despojo tienen un alcance estructural, la apuesta es agilizar la reestructuración de la matriz estatal que altera las relaciones entre Estado, mercado y sociedad. Una de las vías privilegiadas para introducir estos cambios es a través del marco normativo e institucional.
En ese contexto de lucha por la sobrevivencia por parte de las poblaciones despojadas, frente a los intereses de acumulación y ganancia capitalista, se prevé la agudización de los conflictos sociales, razón por la cual el Estado capitalista se adelanta ajustando los marcos normativos e institucionales para salir al paso al conflicto, reprimiéndolo ya sea por la vía de la “Ley” o de la fuerza, por eso no es casual que a la par de estas reformas y otras leyes nuevas, como la ley antiterrorista o las diferentes leyes de incentivos a la inversión, se implemente también una acelerada asignación de tareas de seguridad a las fuerzas armadas con la consecuente militarización de la seguridad y de los conflictos sociales.
Si bien este no es un fenómeno aislado o de carácter nacional, al contrario, es el signo de identidad de la economía global, en esta etapa de acumulación basada en la desposesión no solo de bienes tangibles sino también de procesos y leyes que hasta ahora y dependiendo de los países, garantizaban ciertos derechos fundamentales. En Honduras, asistimos a la profundización de la precarización no solo en el ámbito laboral sino de la vida en general, el saqueo de bienes públicos y el desmantelamiento de procesos incipientes que nunca llegaron a extenderse o consolidarse, inscritos en la lógica de hacer posible el “Contrato social”, el asalto a la seguridad social, el fin del proceso de reforma agraria cuando apenas comenzaba, la privatización de la educación y la salud pública, entre otros, dan cuenta de la reconfiguración del Estado “Nacional” sin haber llegado nunca a viabilizar el más mínimo contrato social, que según las teorías contractualistas es la razón de ser del Estado moderno.
En su defecto, nos enfrentamos a un Estado represivo, débil o ausente para cumplir los derechos de sus ciudadanía pero fuerte para defender, promover e institucionalizar, a través de la positivización del derecho, los intereses particulares de grupos de poder nacionales y del capital transnacional a costa del despojo y la precarización de la vida de la mayor parte de la población hondureña.
La institucionalización de los intereses particulares en detrimento del interés colectivo de la ciudadanía llega al punto en que como bien dijera Boaventura de Sousa Santos (2007) defender la vida se vuelve un acto ilegal. Todo en el marco de democracias formales en las que se ha reducido la esencia de la democracia a unos procedimientos que paradójicamente se agotan a medida se avanza en su implementación. En ese contexto las elecciones pasarón de ser un medio a convertirse en un fin en sí mismo, en el que la gente es invitada como a una “fiesta cívica”, una especie de ritual, vacío de sentido, excepto para las elites políticas que han capturado el Estado, al amparo de estos procesos electorales, el mismo De Sousa Santos se refiere al poder que los más fuertes ejercen en este contexto: Estamos caminando hacia sociedades que son políticamente democráticas y socialmente fascistas porque los más fuertes tienen cada vez más poder para dominar al más débil, se están sobrepasando las reglas que existían. Por eso es necesario reinventar el Estado, la democracia y la emancipación social […]. La democracia liberal, es una isla democrática en un archipiélago de despotismos.
Efectivamente, en ese archipiélago de despotismos, las elecciones son el momento institucional por excelencia, de legitimación pasiva y delegativa del orden político, en medio de la llamada fiesta cívica, los Estados actúan como promotores de los intereses particulares sin que las y los votantes se enteren del despojo del que son víctimas, a diferencia de otros momentos de desarrollo capitalista en que los Estados de origen del capital, invadían con sus ejércitos para hacer prevalecer los intereses de sus transnacionales. Actualmente, en cambio, la supremacía de esos intereses privados, la hacen prevalecer los tres poderes del Estado (de destino del capital), coordinados de manera armoniosa para ajustar los marcos jurídicos e institucionales necesarios y funcionales a la expansión y la acumulación de ganancias, a la vez que banalizan la vida, cuando no es rentable a dichos procesos de acumulación capitalista.
Los procesos de privatización, desregulación/liberalización y expansión de la lógica de la mercantilización a otras esferas de la vida social, desconfigura la noción tradicional de Estado, que en el caso hondureño fue más un discurso legitimador primero de un Estado botín y ahora de un Estado capturado por una reducida elite, siempre al servicio del capital y por tanto promotor del despojo de diversas formas y expresiones:
La corporativización y privatización de activos previamente públicos (como las universidades), por no mencionar la ola de privatización del agua y otros servicios públicos que ha arrasado el mundo, constituye una nueva ola de “cercamiento de los bienes comunes”. Como en el pasado, el poder del estado es usado frecuentemente para forzar estos procesos, incluso en contra de la voluntad popular .
No es casualidad que ese proceso de despliegue con mayor fuerza en Honduras, el golpe de Estado del 2009, si bien generó importante resistencias al proyecto económico de despojo, además de un parte aguas al interior del bloque de poder, también representa la consolidación del modelo económico, que se implementa por diversas vías, tanto de fuerza como de dominación por la vía económica e institucionalización por la vía “legal”.
El proyecto de cambio del actual Código Penal, a juzgar por sus reformas constituye un claro ejemplo de la articulación y armonización de leyes, para, por un lado impulsar el despojo y por el otro frenar el conflicto que este genere. El endurecimiento de penas e introducción de nuevas figuras legales para penalizar los actos de protesta o movilización social en contra de las políticas de privatización, la organización social/popular para rechazar la concesión del territorio y todo lo que en el existe, (aun por encima de tratados y convenios internacionales que protegen poblaciones específicas), la lucha por la subsistencia, como recuperación de tierras o de espacios públicos, en general y los llamados delitos contra la paz pública y contra la Constitución, constituyen la barrera “legal” que el Estado pone a disposición de los procesos de acumulación por desposesión, conscientes de que lo que un pequeño grupo acumula lo hace a costa del empobrecimiento del resto, y por tanto habrá reacciones.
El proceso de despojo es amplio y acelerado, no solo incluye bienes comunes y de la naturaleza sino también de todo tipo de recursos públicos que la misma elite administra de forma discrecional y bajo la lógica patrimonial, aprovechándose del alejamiento y falta de identificación de la ciudadanía con lo público. Así se profundiza el Estado patrimonial, la mayor concentración de poder e impunidad en la gestión pública que acelera y facilita el saqueo de bienes y recursos públicos. No es casual, entonces que a la par de una mayor penalización de los actos que se generan en el ámbito de la ciudadanía, se disminuya o se proponga de manera ambigua los controles a la gestión pública, como consecuencia se incrementa la corrupción y se profundiza la crisis de representación.
Se puede afirmar, a manera de conclusión, que mientras se incrementan las leyes y mecanismos de vigilancia y control desde el Estado hacia la ciudadanía, se disminuyen las que van en la vía contraria, es decir, desde la ciudadanía hacia el Estado. Así, se privilegia la secretividad en detrimento de la transparencia, la concentración de poder en detrimento de la democratización de los procesos de toma de decisión pública y una mayor discrecionalidad de representantes y funcionarios públicos en detrimento del fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.
Desde un enfoque de sistemas, diríamos que asistimos a la desconfiguración de la frontera entre lo legal y lo ilegal, en un momento en que lo “legal” sirve de fachada para promover lo ilegal, pero se oculta de diversas maneras que los cambios en “lo legal” se efectúan desde el interior del mismo sistema, de manera autorreferencial, por tanto, la llamada representación política en que se sostiene la democracia liberal representativa, es solo el pretexto para concretar la supremacía de intereses particulares y el despojo.
En contextos de violencia como el hondureño y de permanente lucha por la sobrevivencia cotidiana, este despojo pasa inadvertido o se disfraza de buenas intenciones, como la conocida promesa de “desarrollo”. Eso explica, en parte, que este proyecto de nuevo código penal, no haya sido suficientemente conocido y discutido, aun por sectores que resultan gravemente afectados, esta tendencia a la imposición de nuevos marcos legales ajustados a las urgencias de la actual forma de acumulación no es una característica únicamente del contexto hondureño, solo que aquí adquiere expresiones dramáticas, en general responde a las dinámicas capitalistas globales, ya Rosa Luxemburgo lo señalaba: “Aparecen aquí, sin disimulo, la violencia, el engaño, la opresión, la rapiña. Por eso cuesta trabajo descubrir las leyes severas del proceso económico en esta confusión de actos políticos de violencia, y en esta lucha de fuerzas.
Notas:
1.- Resumen de presentación en el marco del taller desarrollado con la Vía Campesina y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) los días 1 y 2 de marzo, 2016, en el marco del taller de discusión del nuevo Código Penal, facilitado por el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES/Honduras).
2.-Boaventura De Sousa Santos (2007): Reinventando al emancipación social, biblioteca virtual de CLACSO.
3.- David Harvey (2004): EL “NUEVO” IMPERIALISMO, Acumulación por desposesión, en: Socialist register.
4.- Rosa Luxemburgo: La acumulación del capital, disponible en: http://www.mediafire.com/download/6j03bj66nssaqnb/La+Acumulaci%C3%B3n+del+capital+-+Rosa+Luxemburgo.pdf
Fuente: Conexihon
Esta iniciativa no es un esfuerzo aislado o al margen de otras leyes y medidas que apuntan a institucionalizar la profundización del modelo económico neoliberal sustentado en el despojo de bienes comunes y de la naturaleza, necesarios para la reproducción de la vida pero también para la acumulación capitalista, al contrario, está perfectamente articulada con otras leyes y medidas encaminadas a viabilizar el modelo económico y político hegemónico.
Para facilitar esta apropiación o reapropiación, estos procesos de despojo tienen un alcance estructural, la apuesta es agilizar la reestructuración de la matriz estatal que altera las relaciones entre Estado, mercado y sociedad. Una de las vías privilegiadas para introducir estos cambios es a través del marco normativo e institucional.
En ese contexto de lucha por la sobrevivencia por parte de las poblaciones despojadas, frente a los intereses de acumulación y ganancia capitalista, se prevé la agudización de los conflictos sociales, razón por la cual el Estado capitalista se adelanta ajustando los marcos normativos e institucionales para salir al paso al conflicto, reprimiéndolo ya sea por la vía de la “Ley” o de la fuerza, por eso no es casual que a la par de estas reformas y otras leyes nuevas, como la ley antiterrorista o las diferentes leyes de incentivos a la inversión, se implemente también una acelerada asignación de tareas de seguridad a las fuerzas armadas con la consecuente militarización de la seguridad y de los conflictos sociales.
Si bien este no es un fenómeno aislado o de carácter nacional, al contrario, es el signo de identidad de la economía global, en esta etapa de acumulación basada en la desposesión no solo de bienes tangibles sino también de procesos y leyes que hasta ahora y dependiendo de los países, garantizaban ciertos derechos fundamentales. En Honduras, asistimos a la profundización de la precarización no solo en el ámbito laboral sino de la vida en general, el saqueo de bienes públicos y el desmantelamiento de procesos incipientes que nunca llegaron a extenderse o consolidarse, inscritos en la lógica de hacer posible el “Contrato social”, el asalto a la seguridad social, el fin del proceso de reforma agraria cuando apenas comenzaba, la privatización de la educación y la salud pública, entre otros, dan cuenta de la reconfiguración del Estado “Nacional” sin haber llegado nunca a viabilizar el más mínimo contrato social, que según las teorías contractualistas es la razón de ser del Estado moderno.
En su defecto, nos enfrentamos a un Estado represivo, débil o ausente para cumplir los derechos de sus ciudadanía pero fuerte para defender, promover e institucionalizar, a través de la positivización del derecho, los intereses particulares de grupos de poder nacionales y del capital transnacional a costa del despojo y la precarización de la vida de la mayor parte de la población hondureña.
La institucionalización de los intereses particulares en detrimento del interés colectivo de la ciudadanía llega al punto en que como bien dijera Boaventura de Sousa Santos (2007) defender la vida se vuelve un acto ilegal. Todo en el marco de democracias formales en las que se ha reducido la esencia de la democracia a unos procedimientos que paradójicamente se agotan a medida se avanza en su implementación. En ese contexto las elecciones pasarón de ser un medio a convertirse en un fin en sí mismo, en el que la gente es invitada como a una “fiesta cívica”, una especie de ritual, vacío de sentido, excepto para las elites políticas que han capturado el Estado, al amparo de estos procesos electorales, el mismo De Sousa Santos se refiere al poder que los más fuertes ejercen en este contexto: Estamos caminando hacia sociedades que son políticamente democráticas y socialmente fascistas porque los más fuertes tienen cada vez más poder para dominar al más débil, se están sobrepasando las reglas que existían. Por eso es necesario reinventar el Estado, la democracia y la emancipación social […]. La democracia liberal, es una isla democrática en un archipiélago de despotismos.
Efectivamente, en ese archipiélago de despotismos, las elecciones son el momento institucional por excelencia, de legitimación pasiva y delegativa del orden político, en medio de la llamada fiesta cívica, los Estados actúan como promotores de los intereses particulares sin que las y los votantes se enteren del despojo del que son víctimas, a diferencia de otros momentos de desarrollo capitalista en que los Estados de origen del capital, invadían con sus ejércitos para hacer prevalecer los intereses de sus transnacionales. Actualmente, en cambio, la supremacía de esos intereses privados, la hacen prevalecer los tres poderes del Estado (de destino del capital), coordinados de manera armoniosa para ajustar los marcos jurídicos e institucionales necesarios y funcionales a la expansión y la acumulación de ganancias, a la vez que banalizan la vida, cuando no es rentable a dichos procesos de acumulación capitalista.
Los procesos de privatización, desregulación/liberalización y expansión de la lógica de la mercantilización a otras esferas de la vida social, desconfigura la noción tradicional de Estado, que en el caso hondureño fue más un discurso legitimador primero de un Estado botín y ahora de un Estado capturado por una reducida elite, siempre al servicio del capital y por tanto promotor del despojo de diversas formas y expresiones:
La corporativización y privatización de activos previamente públicos (como las universidades), por no mencionar la ola de privatización del agua y otros servicios públicos que ha arrasado el mundo, constituye una nueva ola de “cercamiento de los bienes comunes”. Como en el pasado, el poder del estado es usado frecuentemente para forzar estos procesos, incluso en contra de la voluntad popular .
No es casualidad que ese proceso de despliegue con mayor fuerza en Honduras, el golpe de Estado del 2009, si bien generó importante resistencias al proyecto económico de despojo, además de un parte aguas al interior del bloque de poder, también representa la consolidación del modelo económico, que se implementa por diversas vías, tanto de fuerza como de dominación por la vía económica e institucionalización por la vía “legal”.
El proyecto de cambio del actual Código Penal, a juzgar por sus reformas constituye un claro ejemplo de la articulación y armonización de leyes, para, por un lado impulsar el despojo y por el otro frenar el conflicto que este genere. El endurecimiento de penas e introducción de nuevas figuras legales para penalizar los actos de protesta o movilización social en contra de las políticas de privatización, la organización social/popular para rechazar la concesión del territorio y todo lo que en el existe, (aun por encima de tratados y convenios internacionales que protegen poblaciones específicas), la lucha por la subsistencia, como recuperación de tierras o de espacios públicos, en general y los llamados delitos contra la paz pública y contra la Constitución, constituyen la barrera “legal” que el Estado pone a disposición de los procesos de acumulación por desposesión, conscientes de que lo que un pequeño grupo acumula lo hace a costa del empobrecimiento del resto, y por tanto habrá reacciones.
El proceso de despojo es amplio y acelerado, no solo incluye bienes comunes y de la naturaleza sino también de todo tipo de recursos públicos que la misma elite administra de forma discrecional y bajo la lógica patrimonial, aprovechándose del alejamiento y falta de identificación de la ciudadanía con lo público. Así se profundiza el Estado patrimonial, la mayor concentración de poder e impunidad en la gestión pública que acelera y facilita el saqueo de bienes y recursos públicos. No es casual, entonces que a la par de una mayor penalización de los actos que se generan en el ámbito de la ciudadanía, se disminuya o se proponga de manera ambigua los controles a la gestión pública, como consecuencia se incrementa la corrupción y se profundiza la crisis de representación.
Se puede afirmar, a manera de conclusión, que mientras se incrementan las leyes y mecanismos de vigilancia y control desde el Estado hacia la ciudadanía, se disminuyen las que van en la vía contraria, es decir, desde la ciudadanía hacia el Estado. Así, se privilegia la secretividad en detrimento de la transparencia, la concentración de poder en detrimento de la democratización de los procesos de toma de decisión pública y una mayor discrecionalidad de representantes y funcionarios públicos en detrimento del fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.
Desde un enfoque de sistemas, diríamos que asistimos a la desconfiguración de la frontera entre lo legal y lo ilegal, en un momento en que lo “legal” sirve de fachada para promover lo ilegal, pero se oculta de diversas maneras que los cambios en “lo legal” se efectúan desde el interior del mismo sistema, de manera autorreferencial, por tanto, la llamada representación política en que se sostiene la democracia liberal representativa, es solo el pretexto para concretar la supremacía de intereses particulares y el despojo.
En contextos de violencia como el hondureño y de permanente lucha por la sobrevivencia cotidiana, este despojo pasa inadvertido o se disfraza de buenas intenciones, como la conocida promesa de “desarrollo”. Eso explica, en parte, que este proyecto de nuevo código penal, no haya sido suficientemente conocido y discutido, aun por sectores que resultan gravemente afectados, esta tendencia a la imposición de nuevos marcos legales ajustados a las urgencias de la actual forma de acumulación no es una característica únicamente del contexto hondureño, solo que aquí adquiere expresiones dramáticas, en general responde a las dinámicas capitalistas globales, ya Rosa Luxemburgo lo señalaba: “Aparecen aquí, sin disimulo, la violencia, el engaño, la opresión, la rapiña. Por eso cuesta trabajo descubrir las leyes severas del proceso económico en esta confusión de actos políticos de violencia, y en esta lucha de fuerzas.
Notas:
1.- Resumen de presentación en el marco del taller desarrollado con la Vía Campesina y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) los días 1 y 2 de marzo, 2016, en el marco del taller de discusión del nuevo Código Penal, facilitado por el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES/Honduras).
2.-Boaventura De Sousa Santos (2007): Reinventando al emancipación social, biblioteca virtual de CLACSO.
3.- David Harvey (2004): EL “NUEVO” IMPERIALISMO, Acumulación por desposesión, en: Socialist register.
4.- Rosa Luxemburgo: La acumulación del capital, disponible en: http://www.mediafire.com/download/6j03bj66nssaqnb/La+Acumulaci%C3%B3n+del+capital+-+Rosa+Luxemburgo.pdf
Fuente: Conexihon
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