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| Reuters |
Por teleSUR
Un exmilitar de un escuadrón de la muerte entrenado por Estados Unidos que se negó a llevar a cabo asesinatos de activistas habló de forma anónima con The Guardian.
Una fuerza militar élite de Honduras tenía a la activista indígena Berta Cáceres en su lista de gente a asesinar, mientras que un miembro de la esa fuerza, la cual funciona como escuadrón de la muerte, aseguró que el está “100 por ciento seguro” que el ejército mató a la líder ambientalista.
Por otro lado, de acuerdo a un informe publicado este martes por The Guardian, aquellos elementos militares que se negaron a llevar a cabo órdenes de asesinar a las personas en la lista ahora están desaparecidos.
“Estoy 100 por ciento seguro” que Cáceres fue asesinada por el ejército hondureño, dijo un sargento que se identificó con el seudónimo Rodrigo Cruz por razones de seguridad, de acuerdo al informe del diario británico.
Cruz relató que un día más o menos normal para él era ir al Río Tocoa a desechar cuerpos y aseguró que conoce un “cuarto de tortura” del ejército que un día vio con “sangre fresca, un martillo, clavos, cadenas y pinzas”.
Cáceres, quien libró una férrea batalla en contra de la presa hidroeléctrica Agua Zarca, había denunciado que ella se encontraba en una lista negra y también que había recibido 33 amenazas de muerte debido a su campaña en contra de la presa. La activista era dirigente fundadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh).
Cruz corroboró haber visto varias listas negras que incluían nombres de activistas de la región de Bajo de Aguan, donde se produce aceite de palma, y del Movimiento de Unidad Campesina.
Una de las listas, la cual incluía nombres de destacados dirigentes campesinos que luchan por los derechos a sus tierras, fue entregada por la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina) a una unidad militar policial meses antes de la galardonada activista fuera asesinada en marzo pasado.
Cruz era miembro de la unidad. Él huyó del país por temor a ser asesinado, según le dijo a The Guardian por la vía telefónica. Agregó que él al igual que otros que vieron la lista que incluía a Cáceres se negaron a llevar a cabo la orden de ejecución.
“Nuestro teniente se negó también a llevar a cabo la ejecución de varios asesinatos porque los blancos eran gente decente que peleaban a favor de sus comunidades”, dijo el primer sargento, Cruz. “El teniente nos dijo que la orden venía del alto mando del Ejército y él era presionado por el comandante de Xatruch para llevar a cabo las instrucciones”.
La unidad militar élite fue creada con el fin de reemplazar a la fuerza policial civil y está entre las instituciones que reciben 200 millones de dólares de Estados Unidos y 750 millones del fondo estadounidense para la Prosperidad de la Alianza en el Triángulo del Norte, que comprende a El Salvador, Guatemala y Honduras, y cuyo supuesto fin es erradicar la migración de los habitantes de los tres países a Estados Unidos.
La Cámara de Representantes estadounidenses introdujo un proyecto de ley la semana pasada para retirar entes de seguridad y suspender entrenamiento en Honduras, así como retirarle equipo militar y préstamos hasta que el país cumpla con demandas de derechos humanos.
Las Fusina han recibido entrenamiento de la Marina de Estados Unidos Unidos y de la FBI.
Uno de los cinco sospechosos arrestados en conexión con el asesinato de Cáceres había estado como militar activo en Irak junto a fuerzas estadounidenses, las cuales lo sometieron a un cursos de operaciones especiales.
La empresa detrás del controversial proyecto hidroeléctrico, Desarrollos Energéticos, S.A., también conocido como DESA, tiene un contrato fechado diciembre 2015 con Fintrac, vinculada a la USAID (una agencia de financiamiento que trabaja para la CIA en proyectos de desestabilización y de injerencia política en países alrededor del mundo).
Ese contrato fue firmado tres meses antes del homicidio de Cáceres. Entre 2010 y 2015, más de 100 defensores ambientalistas fueron asesinados en Honduras. Este país centroamericanos es uno de los más peligrosos del mundo para activistas, de acuerdo a un informe de las Naciones Unidas.
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