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| C-Libre |
Por Sandra Rodríguez | Defensores en Línea
Abogados defensores de derechos humanos presentaron un Recurso de Reposición contra el auto que libra la orden de captura de los seis estudiantes criminalizados en la UNAH.
Según declaraciones del abogado Mario Rojas, del Comité por la Libre Expresión, C-Libre, el fiscal dice que la medida es por la gravedad del delitos, usurpación de suelos de uso de dominio público, el cual, explica el defensor, es un delito con pena de menos de 5 años, por lo que no entra en la categoría de delitos graves.
Está situación es una clara persecución contra la protesta social, ya que criminalizar a los estudiantes es para desmovilizar el movimiento que se levanta en contra de las reformas arbitrarias y excluyentes en la máxima casa de estudios. La protesta social está considerada en la Constitución de República, y amparada por los convenios internacionales de derechos humanos.
Lo que se vive contra los y las universitarias, es una criminalización contra todo el sistema opositor, no solo contra los estudiantes.
Según el fiscal, dicta orden de captura porque ellos pueden fugarse, ya que cuatro tienen medidas sustitutivas a la prisión, acusados en el 2015 por el mismo delito, tras liderar movilizaciones de protesta en la UNAH. También, porque al estar en libertad se pueden alterar las pruebas, manifestó Rojas, al salir de los Juzgados en Comayagüela.
El defensor expuso que el juez tiene tres días para resolver el recurso, de lo contrario se pueden ejecutar las órdenes de captura y seguir el procedimiento del juicio oral u público.
Está claro que el fiscal como el juez están faltando a sus deberes como funcionarios ya que han librado requerimientos sin fundamentarlos, afirmó Rojas.
Por su parte, la vocera de los juzgados, Bárbara Castillo, declaró que le corresponde al juez que conoce la causa dar respuesta una vez le presenten el escrito.
El martes 7 de junio, el Ministerio Público emitió mediante el expediente 1566-2016 con el juez Número 8, orden de captura contra Moisés David Cáceres, Cesario Alejandro Padilla, Sergio Luis Ulloa, Josué Armando Velásquez, Dayanara Elizabeth Castillo, quien desde hace un año se fue a estudiar a la Universidad de Costa Rica (UCR), obligada por la misma persecución desde la UNAH, que rectora Julieta Castellanos, y aparece el nombre de Izhar Isael Alonzo, de quien no se conoce detalles entre la comunidad universitaria.
Los estudiantes, más que un índice académico mínimo de 70 por ciento, exigen que no se criminalice la protesta social, que se desmilitarice la UNAH, que no haya más persecución contra sus compañeros y, sobre todo, que las reformas a su plan de arbitrios no sea excluyente, ya que ha dejado a miles de personas sin acceso a ingresar o continuar sus estudios superiores de forma gratuita.
Por eso motivos desde hace dos semanas mantienen constantes asambleas informativas, tomas de edificios e instalaciones en los diferentes centros universitarios regionales a nivel nacional.
Según declaraciones del abogado Mario Rojas, del Comité por la Libre Expresión, C-Libre, el fiscal dice que la medida es por la gravedad del delitos, usurpación de suelos de uso de dominio público, el cual, explica el defensor, es un delito con pena de menos de 5 años, por lo que no entra en la categoría de delitos graves.
Está situación es una clara persecución contra la protesta social, ya que criminalizar a los estudiantes es para desmovilizar el movimiento que se levanta en contra de las reformas arbitrarias y excluyentes en la máxima casa de estudios. La protesta social está considerada en la Constitución de República, y amparada por los convenios internacionales de derechos humanos.
Lo que se vive contra los y las universitarias, es una criminalización contra todo el sistema opositor, no solo contra los estudiantes.
Según el fiscal, dicta orden de captura porque ellos pueden fugarse, ya que cuatro tienen medidas sustitutivas a la prisión, acusados en el 2015 por el mismo delito, tras liderar movilizaciones de protesta en la UNAH. También, porque al estar en libertad se pueden alterar las pruebas, manifestó Rojas, al salir de los Juzgados en Comayagüela.
El defensor expuso que el juez tiene tres días para resolver el recurso, de lo contrario se pueden ejecutar las órdenes de captura y seguir el procedimiento del juicio oral u público.
Está claro que el fiscal como el juez están faltando a sus deberes como funcionarios ya que han librado requerimientos sin fundamentarlos, afirmó Rojas.
Por su parte, la vocera de los juzgados, Bárbara Castillo, declaró que le corresponde al juez que conoce la causa dar respuesta una vez le presenten el escrito.
El martes 7 de junio, el Ministerio Público emitió mediante el expediente 1566-2016 con el juez Número 8, orden de captura contra Moisés David Cáceres, Cesario Alejandro Padilla, Sergio Luis Ulloa, Josué Armando Velásquez, Dayanara Elizabeth Castillo, quien desde hace un año se fue a estudiar a la Universidad de Costa Rica (UCR), obligada por la misma persecución desde la UNAH, que rectora Julieta Castellanos, y aparece el nombre de Izhar Isael Alonzo, de quien no se conoce detalles entre la comunidad universitaria.
Los estudiantes, más que un índice académico mínimo de 70 por ciento, exigen que no se criminalice la protesta social, que se desmilitarice la UNAH, que no haya más persecución contra sus compañeros y, sobre todo, que las reformas a su plan de arbitrios no sea excluyente, ya que ha dejado a miles de personas sin acceso a ingresar o continuar sus estudios superiores de forma gratuita.
Por eso motivos desde hace dos semanas mantienen constantes asambleas informativas, tomas de edificios e instalaciones en los diferentes centros universitarios regionales a nivel nacional.
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