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Por Sandra Rodríguez | Defensores en Línea
Hace más de cuatro años, un grupo de campesinos salió en la madrugada de sus hogares, con el propósito de recuperar unas tierras que pertenecen al Movimiento Campesino del Aguán, MCA, pero están apropiadas por el terrateniente Miguel Facussé.
Cinco de ellos no volvieron con su familia, ahora sus viudas han decidido romper el silencio y exigir que se haga justicia por lo sucedido aquel fatídico 15 de noviembre del 2010, en el Tumbador, Trujillo, Colón.
“Quedaron ahí muertos, prometieron que iban a investigar y castigar a los responsables pero nada ha pasado, esto es muy duro para nosotras, y los asesinos ahí andan, caminando tranquilos como siempre”, dijo con lágrimas en sus ojos, una de las viudas, cargando en su regazo a su pequeño hijo, que estaba recién nacido cuando sus papá fue asesinado.
Las victimas mortales son Teodoro Acosta (39), Raúl Castillo (48), Ignacio Reyes (50), Siriaco de Jesús Muñoz (50) y José Luis Sauceda (25), además cuatro quedaron heridos, entre ellos Francisco Ramírez, quien quedó marcado no solo en sus emociones, sino en su rostro con una cicatriz atraviesa su boca, producto del tiroteo.
Eran al menos 200 campesinos decididos a recuperar unas 700 hectáreas de tierras ubicadas en el antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar, CREM, que fueron adquiridas por el Estado al ciudadano Temístocles Ramírez, y después fueron traspasadas al Instituto Nacional Agrícola, INA por la Procuraduría General de la República, el 11 de julio de 1991 para fines de reforma agraria.
Según las denuncias de las mujeres, los guardias de seguridad al servicio del terrateniente Miguel Facussé, hicieron una emboscada a los campesinos, pues incluso los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en el camino, ellos nunca entraron a la finca El Tumbador, cultivada de palma africana, y en la que había grupos de vigilancia de parte de los miembros del MCA.
Los y las denunciantes concuerdan en que el atentado en la comunidad de El Tumbador se produjo al mando de Facussé, y que no solo había guardias de seguridad privada, sino que llegaron militares del Batallón de Rio Claro (Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales) y de la Guardia Naval, y denuncian que algunos de estos hombres se cambiaron de ropa, vistiéndose igual que los guardias de seguridad.
Cuando sucedió el asesinato de los cinco campesinos en la finca de El Tumbador, las mujeres se quedaron en sus hogares ubicados en la comunidad “Guadalupe Carney” fue hasta horas de la tarde que se enteraron que sus compañeros habían fallecido, ellas no lo podían creer, se fueron a un centro comunal llamado “El Paraguas” donde habían llevado cuatro cuerpos, mientras que José Luis Sauceda, se reportaba como desaparecido, y fue encontrado hasta el día siguiente.
Las autoridades tardaron en apersonarse al lugar, donde hubo disparos por un buen rato -relatan las víctimas-, los cuerpos ya sin vida fueron llevados por los mismos campesinos, que con mucho temor se organizaron para auxiliar a sus compañeros caídos por la lucha en defensa de la tierra.
Para interponer denuncias y exigir que se haga justica para los campesinos asesinados, heridos, viudas y huérfanos, viajaron hasta Tegucigalpa las señoras Guadalupe Gallardo, viuda de Raúl Castillo; Yuni Ordóñez, viuda de José Luís Sauceda; María Concepción Membreño, viuda de Teodoro Acosta; Martha Julia López, viuda de Siriaco Muñoz; Alba Reyes, hija de Ignacio Reyes, y Francisco Ramírez, sobreviviente del ataque.
Todas las víctimas concuerdan en que no es fácil hablar de lo sucedido el 15 de noviembre del 2010 en El Tumbador, más cuando sus pequeños hijos preguntan ¿por qué mi papi no está aquí?, ellos desearían que sus mamás estuvieran más tiempo en casa, y no trabajando en el campo, pues desde entonces han asumido el rol de madre y padre, “nos dejaron con niños de pan en mano”, lamentan las mujeres.
En Honduras, 300 mil familias no tienen acceso a tierra para cultivarlas como su medio de producción, estos compañeros campesinos eran parte de unas 300 familias que decidieron recuperar las tierras en el antiguo CREM.
En la región del Bajo Aguán, se ha denunciado la criminalización contra defensores y defensoras de derechos humanos, en su mayoría campesinos y campesinas que luchan por el derecho a la tierra, al 2014 se registra más de 3 mil procesos judiciales en contra de campesinos y campesinas.
El Observatorio Permanente por los Derechos Humanos del Aguán, OPDHA, cuestiona que cuando se trata de denuncias contra campesinos y defensoras de derechos humanos, las autoridades aún sin tener pruebas aceleran los casos, no así con los responsables directos e indirectos de los asesinatos de más de 120 campesinos que debido a la falta de una verdadera investigación continúan en total impunidad.
Además organismos internacionales han pronunciado su preocupación por los atentados contra los y las campesinas del Bajo Aguán, para el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, como parte de sus conclusiones en su visita a Honduras en diciembre pasado, manifiesta su preocupación por los asesinatos, amenazas y detenciones de líderes y lideresas campesinos y de derechos humanos en el Bajo Aguán.
Pero antes, ya ha se ha pronunciado lo que sobre esta situación, en la sección sobre Honduras del Capítulo IV de sus Informes Anuales 2012 y 2013. Y establece que la situación continúa siendo altamente preocupante.
En el caso de El Tumbador, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, ha acompañado a las víctimas para documentar los casos e interponer denuncias, para que estas muertes no queden en la impunidad.
La Coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva, instó a este grupo de mujeres, a que se unan en la búsqueda de justicia, que hablen y denuncien, porque ellas también son víctimas junto a más de 20 hijos e hijas huérfanas, nietos que no conocieron a sus abuelos.
En el caso de los sobrevivientes como Francisco, ya no pueden trabajar como antes, dependen de medicamentos y al igual de las cientos de familias en Colón, viven atemorizadas de ser atacadas por los cientos de hombres uniformados y armados que custodian la zona, ya sean guardias de seguridad privada, militares o policías.
Se ha denunciado “falta la diligencia debida en el caso del asesinato de cinco campesinos, el asesinato en su grado de tentativa contra Francisco Celedonio Ramírez y otros vejámenes en contra de los integrantes del Movimiento Campesino del Aguan”.
Hoy, se clama justicia por Raúl Castillo, de 48 años, miembro de la Cooperativa 14 de Mayo; José Luis Sauceda Pastrana, 25 años; Ciriaco de Jesús Muñoz, 50 años, de la Cooperativa Nueva Esperanza; Teodoro Acosta, 39 años, de la Cooperativa Nueva Vida; e Ignacio Reyes García, 50 años de la Cooperativa Familias Unidas 3; quienes fueron acribillados el 15 de noviembre de 2010, por presuntos guardias de seguridad, en la Finca el Tumbador.
Y además, cuatro mujeres, sobrevivientes de los mismos hechos, fueron víctimas de persecución y hostigamiento. Los presuntos guardias privados las rodearon, las agarraron del pelo y les apuntaban con las armas en la cara, las introdujeron en las palmeras, las tocaron requisándolas, les pedían información de cuantos compañeros andaban y que si tenían armas, les amenazaron con picarlas y quemarlas, expresa la denuncia interpuesta ante autoridades gubernamentales.
Cabe señalar que la causa iniciada por este hecho en los Juzgados de Letras Seccional de Trujillo, fue contra cinco guardias de seguridad privada, y se otorgó el sobreseimiento provisional. La Fiscalía en su condición de ente acusador no aportó evidencias esenciales, como realizar pruebas de balística en armas presuntamente utilizadas en el hecho criminal y tampoco realizó un inventario completo de las armas asignadas a los guardias. En al menos un caso no se practicó la autopsia respectiva.
En abril de 2014, la Unidad de Muertes Violentas del Aguán del Ministerio Publico, tomó el caso presuntamente para re direccionar la investigación, 10 meses después, no han brindado un informe de avances.
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