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Por Ofraneh
El
2014 fue enormemente contradictorio para el pueblo Garífuna:
mientras nuestras organización lograba ventilar el despojo de
nuestro territorio ante la Corte Interamericana de Derechos humanos,
los desalojos y la represión se intensifico en las comunidades, al
mismo tiempo se dio una estampida de menores de edad y mujeres
jóvenes hacia los Estados Unidos.
Cuando
a finales del mes de abril del año pasado, sonó la alarma sobre el
cierre de varias aulas escolares en las comunidades Garífunas de la
Bahía de Tela, ya desde semanas atrás se rumoraba la existencia de
buses que partían repletos como excursiones hacia la frontera de
Guatemala, sin que viajero alguno retornara. Para el mes de junio
aseguraban que en la
oficina de Migración de La Ceiba expedían los pasaportes a los
menores de edad y el trámite incluía el coyote encargado de
entregar la “mercancía” a los agentes migratorios
estadounidenses.
A
finales del 2013, el radioperiódico Garífuna trasmitido de boca en
boca, señalaba que en la frontera estadounidense las madres al
arribabar con sus vástagos, no eran detenidas por el ICE (Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos) y
automáticamente se les iniciaba un proceso de legalización.
La
distorsión de la Ley DACA, creada por la administración Obama para
apoyar a los denominados “Dreamers”, y la explotación de su
reinterpretación por parte del crimen organizado, dio lugar a la
“cruzada
de los niños” en el siglo XXI, al estilo de aquel nefasto
capítulo de la historia medieval, cuando miles de infantes de todos
los confines de Europa concurrieron al mediterráneo para lograr
llegar a “tierra santa”, y en vez de cumplir el sueño mesiánico,
fueron vendidos como esclavos por mercaderes sin escrúpulos.
El narco
estado y la militarización de la infancia
A
medida que el crimen organizado terminó de incrustarse en el Estado
a través de las cuestionadas
elecciones de noviembre de 2013, apoderándose de alcaldías y
curules legislativos, el éxodo de menores de edad inició su auge.
Mientras la estampida fue adquiriendo dimensiones apocalípticas, la
administración del Sr. Juan Hernández reinauguraba en el mes de
marzo del 2014 el programa conocido como “Guardianes
de la Patria”, el que según la versión oficial, cada sábado
mas de 25 mil niños recibirían “formación cívico religiosa que
les permitiría ir formando el sentimiento de amor por Honduras”.
Varias
organizaciones de la sociedad civil denunciaron el programa de
“Guardianes de la Patria¨ como un programa político militar
impulsado por las Fuerzas Armadas y dirigido a los extractos sociales
mas marginados del país, dando énfasis en un adiestramiento
militar, acompañado de algunas prebendas.
“Guardianes
de la Patria” se viene implementando desde el año 2010, entre
menores de edad y jóvenes entre los 10 a 23 años de edad que
habitan en barrios marginales y son considerados como población “en
peligro de desviar sus vidas”. El Sr. Carlos Del Cid, Coordinador
del programa de Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia del
Comisionado Nacional de Derechos Humanos, realizó un informe por el
cual fue despedido
horas después de haberlo presentado.
La
alarma tardía y la complicidad de estados y crimen organizado
Es
para el inicios del mes de junio del año pasado, cuando los medios
de comunicación alternativos en el extranjero, comenzaron a
denunciar el imparable éxodo
de menores de edad provenientes de los países integrantes del
denominado triángulo de la muerte (Honduras, El Salvador y
Guatemala), quienes arribaron a la frontera de Estados Unidos muchos
de ellos sin acompañante alguno. En medio de la oleada, resaltaba el
abundante número de mujeres jóvenes Garífunas emigrando con sus
hijos.
El
portal del US. Customs and Border Patrol señala que en el año 2014
arribaron
18,244 menores de edad hondureños sin acompañante alguno a los
Estados Unidos, en el caso de las unidades familiares hondureñas
arrestadas ascendió a 2074 entre octubre 1 del 2014 al 31 de enero
del 2015.
Las
apabullantes cifras demuestran que el éxodo contó con la
complicidad de los estados integrantes del triángulo de la muerte,
los cuales desistieron de ejercer un control sobre las fronteras,
aumentando su porosidad e incluso cooperando con la estampidas de
jóvenes y menores de edad, con el posible trasfondo político de
entorpecer cualquier reforma migratoria.
Buena
parte de los menores de edad arrestados en los Estados Unidos
señalaron la violencia y pobreza económica como catalizadores de
la estampida. Los países integrantes del triángulo de la muerte han
llegado a niveles inverosímiles de homicidios al mismo tiempo que
las economías han colapsado, siendo las empresas más solventes
aquellas que giran alrededor de las estructuras económicas manejadas
por el crimen organizado.
La
Alianza para la Prosperidad, los mismos de siempre y el fantasma del
colapso judicial
En
noviembre del año pasado, los mandatarios de los países del
triángulo de la muerte presentaron a Barack Obama, la iniciativa
tripartita conocida como “La
Alianza para la Prosperidad”. El documento fue elaborado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se supone que servirá
para el inicio de un despegue económico acompañado de un incremento
de la seguridad.
Cabe
señalar al BID como el ente financiero regional que se ha encargado
en las últimas décadas en compañía del Banco Mundial (BM) de
rectorar las endebles economías de nuestros países. El modelo
económico excluyente que ha sido propulsado por los tecnocracias del
BID y el BM han facilitado el enriquecimiento de las elites de poder
locales, las cuales se han beneficiado de la crisis económica
mundial del 2008, como también del establecimiento de la economía
paralela creada por el narcotráfico, paulatinamente insertada en
las economías locales, convirtiéndose en ciertas zonas al narco
como los gestores de empleo, además de proporcionar el exiguo gasto
social existente.
Por
supuesto que la generación de empleo es un imperativo. No obstante
la experiencia con el BID demuestra que la generación de riqueza
para el grupúsculo de la elite política empresarial, únicamente ha
generado mayor pobreza y miseria a nuestros pueblos. El Coeficiente
de Gini en el triangulo de la muerte indica una desproporcionada
acumulación de capital en manos de algunas familias feudales,
mientras la gran mayoría está sumida en la miseria
Buena
parte de la inversión de la Alianza para la Prosperidad, se
encuentra dirigida a infraestructura contemplada en el plan Puebla
Panamá, alias Proyecto Mesoamérica. La creación de corredores
logísticos, la interconexión eléctrica y los cientos de represas
hidroeléctricas desde hace más de una década forman parte de la
narrativa de “desarrollo” que promueve el BID.
Otro
de los componentes incluidos es “Mejorar la seguridad ciudadana y
el acceso a la justicia”. Basta recordar el fracasado
multimillonario proyecto promovido por el BID, denominado Proyecto de
Paz y Convivencia Ciudadana, con un costo de $22 millones, y el que
no tuvo ningún resultado, mas allá de proveer jugosas consultorías
y haber creado un sinnúmero de ilusiones a nivel de barrios
marginales de San Pedro Sula; ciudad que ocupa durante los últimos
cuatro años, el degradante primer lugar entre las urbes más
violentas del planeta.
Casualmente
el BID ha sido el promotor de la supuesta reforma judicial emprendida
en los últimos años en América Latina. En Honduras el fracaso en
el sistema de justicia ha llegado al extremo de que el 96% de los
homicidios permanecen en la impunidad. Desde el colapso de la Policía
Nacional hasta el golpe a la Corte de lo Constitucional han servido
como caldo de cultivo tanto de la violencia como de la putrefacción
en la aplicación de justicia.
Existe
como antecedente la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de
América del Norte, creada en Waco, Texas en el año 2005. Basta
recordar la tragedia que vive México con su abismal deterioro en
materia de derechos humanos y la cruenta falsa guerra contra las
drogas, que ha tornado a ese país en un infierno similar al que se
padece en Honduras.
Los
buitres del CEAL y su avalancha sobre los fondos
El
próximo jueves se efectuará en el Indura Beach en la bahía de
Tela, una reunión que incluye mandatarios, funcionarios del BID y
los promotores del golpe de estado en Honduras congregados bajo el
Consejo Empresarial de América Latina. Los fondos de la Alianza para
la Prosperidad han despertado un enorme interés entre los autores
intelectuales del desastre que ha impulsado a miles de menores de
edad a huir de la violencia y la pobreza que han diseñado los
tecnócratas del BID para el beneficio de unos cuantos supuestos
empresarios.
Basta
recordar que Tornabé, la comunidad contigua al Indura y la cual
perdió buena parte de su hábitat funcional para la construcción
del emporio turístico, fue una de las mas afectadas por el éxodo
infantil, y buena parte de su juventud se encuentra desempleada,
tras haber sido ilusionados de que algún día obtendrían trabajo en
el infame proyecto que aparte de haber generado la pérdida del
territorio de la comunidad, también se convirtió uno de los mayores
ecocidios de Honduras y para colmo nunca les proporcionó trabajo.
El
senador estadounidense Patrick
Leahy en una reciente declaración en relación a la Alianza para
la Prosperidad, señaló que “En América Central, tras décadas
de oligarquías corruptas, guerras civiles y escuadrones de la
muerte, los gobiernos han desperdiciado las últimas dos décadas.
La pobreza, la violencia, el crimen organizado y la corrupción están
ahora muy arraigadas y extendidas”. Casualmente los que convocan al
cónclave de aves rapaces para mañana en la Bahía de Tela, forman
parte de aquellos buitres que le han sacado las entrañas al pueblo
hondureño con el respaldo político de la ultraderecha
estadounidense.
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