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| Confras |
Férrea oposición de quienes promueven mercantilización de recursos y bienes comunes
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
En víspera de las elecciones municipales y legislativas del 1 de marzo, diferentes organizaciones sociales se han movilizado para exigir al Parlamento la ratificación del derecho humano a la alimentación y al agua, así como la aprobación de una ley que promueva la soberanía alimentaria en El Salvador.
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
En víspera de las elecciones municipales y legislativas del 1 de marzo, diferentes organizaciones sociales se han movilizado para exigir al Parlamento la ratificación del derecho humano a la alimentación y al agua, así como la aprobación de una ley que promueva la soberanía alimentaria en El Salvador.
El 30 de abril próximo vence el plazo para que los legisladores ratifiquen la enmienda al artículo 69 de la Constitución, que introduce, garantiza y vela por el derecho humano a la alimentación y al agua en el país centroamericano.
En abril de 2012 la Asamblea Legislativa (2009-2012) aprobó por amplia mayoría dicha reforma constitucional. Para poder entrar en vigor deberá ser ratificada por la actual Asamblea Legislativa (2012-2015), con el voto de los dos tercios de los diputados (56 votos).
El nuevo inciso establece, entre otros puntos, que “toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada” y que es obligación del Estado “crear una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes”.
También define al agua como “un recurso esencial para la vida” y que, mediante políticas públicas, el Estado deberá “provechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes”.
En ambos casos, la materia será regulada por leyes específicas.
Tanto la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como las Naciones Unidas y la FAO apoyaron públicamente la elevación a rango constitucional del derecho humano a la alimentación y al agua.
En caso de no ser ratificado antes del 30 de abril, fecha en que culmina el actual período legislativo, los nuevos legisladores deberán empezar de cero un nuevo proceso, que podría durar hasta seis años.
En abril de 2012 la Asamblea Legislativa (2009-2012) aprobó por amplia mayoría dicha reforma constitucional. Para poder entrar en vigor deberá ser ratificada por la actual Asamblea Legislativa (2012-2015), con el voto de los dos tercios de los diputados (56 votos).
El nuevo inciso establece, entre otros puntos, que “toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada” y que es obligación del Estado “crear una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes”.
También define al agua como “un recurso esencial para la vida” y que, mediante políticas públicas, el Estado deberá “provechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes”.
En ambos casos, la materia será regulada por leyes específicas.
Tanto la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como las Naciones Unidas y la FAO apoyaron públicamente la elevación a rango constitucional del derecho humano a la alimentación y al agua.
En caso de no ser ratificado antes del 30 de abril, fecha en que culmina el actual período legislativo, los nuevos legisladores deberán empezar de cero un nuevo proceso, que podría durar hasta seis años.
Corporaciones al acecho
Temor a la soberanía alimentaria
Para la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS), ratificar la reforma constitucional va de la mano con la aprobación de una ley que promueva la soberanía alimentaria en el país.
“La entrada en vigor, en 2006, del CAFTA-DR (1) ha generado una gran dependencia en la rama alimentaria, y ha conllevado un rápido deterioro de las condiciones de vida del campesinado y de la población en general” dijo a La Rel, Ricardo Ramírez, de la CONFRAS.
“Ratificar la enmienda que establece el derecho humano a una alimentación adecuada y al agua, allanaría el camino a la aprobación de leyes tan necesarias como la Ley de Soberanía Alimentaria y la Ley General de Aguas”, señaló.
Según él, los principales beneficiarios de las políticas antiagrarias implementadas en el país durante los gobiernos neoliberales fueron las grandes empresas comercializadoras e importadoras de alimentos -incluyendo las semillas-, controladas por un muy reducido grupo de familias de la burguesía salvadoreña.
“Están protegiendo sus intereses y los de las grandes corporaciones transnacionales, y lo hacen usando a los partidos de la derecha parlamentaria, que estas familias financian y controlan desde la sombra”, explicó el activista y colaborador de esta organización.
Ramírez dijo también que estos sectores gozan del beneplácito y del apoyo oculto del gobierno de Estados Unidos, que defiende con firmeza la aplicación plena del CAFTA-DR y, por ende, los intereses de sus empresas.
“Es un choque de modelos. Por un lado las políticas neoliberales, anacrónicas y obsoletas, que concentran poder y riqueza y generan más miseria en el país. Por el otro, la implementación de un modelo productivo incluyente y redistributivo, que estimule la producción nacional, el cooperativismo y la agricultura familiar.
“Solamente de esta manera vamos a poder garantizar la soberanía alimentaria, facilitando la ampliación de las posibilidades de desarrollo y una mayor reducción de los índices de pobreza y desigualdad”, concluyó Ramírez.
Notas:
1- Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana
Fuente: Rel-UITA
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| Ricardo Ramírez | CONFRAS |
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