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| ultimahora.com |
Por TeleSUR
La Mesa de la Unidad de Movimientos Sociales y Políticos de Paraguay denunció este miércoles que han registrado más amenazas de muerte contra dirigentes campesinos, vinculados a las investigaciones sobre el desalojo de una hacienda ubicada en Curuguaty (sureste), ocurrido en junio pasado.
La denuncia fue realizada durante una reunión plenaria que se celebró en la Central Nacional de Trabajadores, en la que participaron familiares de las víctimas de los hechos de Curuguaty que dejaron 17 de muertos, de ellos 11 campesinos y seis funcionarios de la policía.
La denuncia fue realizada durante una reunión plenaria que se celebró en la Central Nacional de Trabajadores, en la que participaron familiares de las víctimas de los hechos de Curuguaty que dejaron 17 de muertos, de ellos 11 campesinos y seis funcionarios de la policía.
Según precisaron desde la Mesa de la Unidad, algunos familiares de los campesinos fallecidos o de los que se encuentran detenidos recibieron por teléfono y otras vías advertencias de acciones contras sus vidas.
Entre los amenazados destacan Silvino Ocampo del asentamiento Yvi Pyta, quien perdió a un sobrino en el desalojo, y Mariano Castro, presidente de la Comisión de Víctimas de Curuguaty, cuyo hijo falleció en el mismo incidente.
Movimientos sociales y políticos paraguayos convocaron una gran movilización para el próximo 10 de diciembre, Día de Defensa de los Derechos Humanos, para reclamar el cese de los crímenes contra los campesinos y reafirmar el apoyo a la lucha de los labriegos sin tierra.
Las amenazas contra los campesinos tienen lugar luego que el pasado fin de semana el dirigente Vidal Vega, uno de los principales testigos del desalojo que colaboraba con la comisión independiente que busca esclarecer el hecho, fue asesinado en la puerta de su casa en el departamento de Canindeyú, a 240 kilómetros al norte de Asunción (la capital).
Vega integraba la Comisión de Campesinos sin tierra que presionó durante muchos años al Gobierno paraguayo para que redistribuyera algunos de los ranchos ocupados desde 1960 por el exsenador del Partido Colorado Blas Riquelme.
Este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte del dirigente e instó al Gobierno Paraguayo a investigar el crimen, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
Asimismo llamó a que de forma urgente se adopten en Paraguay las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los defensores de derechos humanos en el país, en especial a quienes trabajan en el movimiento de Campesinos sin Tierra y en la Comisión de Familiares de Víctimas de la masacre de Curuguaty.
La CIDH resaltó que “la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagonista en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia”.
Entre los amenazados destacan Silvino Ocampo del asentamiento Yvi Pyta, quien perdió a un sobrino en el desalojo, y Mariano Castro, presidente de la Comisión de Víctimas de Curuguaty, cuyo hijo falleció en el mismo incidente.
Movimientos sociales y políticos paraguayos convocaron una gran movilización para el próximo 10 de diciembre, Día de Defensa de los Derechos Humanos, para reclamar el cese de los crímenes contra los campesinos y reafirmar el apoyo a la lucha de los labriegos sin tierra.
Las amenazas contra los campesinos tienen lugar luego que el pasado fin de semana el dirigente Vidal Vega, uno de los principales testigos del desalojo que colaboraba con la comisión independiente que busca esclarecer el hecho, fue asesinado en la puerta de su casa en el departamento de Canindeyú, a 240 kilómetros al norte de Asunción (la capital).
Vega integraba la Comisión de Campesinos sin tierra que presionó durante muchos años al Gobierno paraguayo para que redistribuyera algunos de los ranchos ocupados desde 1960 por el exsenador del Partido Colorado Blas Riquelme.
Este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte del dirigente e instó al Gobierno Paraguayo a investigar el crimen, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
Asimismo llamó a que de forma urgente se adopten en Paraguay las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los defensores de derechos humanos en el país, en especial a quienes trabajan en el movimiento de Campesinos sin Tierra y en la Comisión de Familiares de Víctimas de la masacre de Curuguaty.
La CIDH resaltó que “la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagonista en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia”.
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