jueves, 17 de noviembre de 2016

GAIPE: "Nuestro propósito es realizar un análisis independiente, objetivo e imparcial de lo que pasó a Berta Cáceres y Gustavo Castro"

Foto G. Trucchi | LINyM
Renuencia del Estado a reunirse con especialistas en derecho internacional de los derechos humanos

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Con el objetivo de realizar un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos en los que fueron víctimas la dirigente indígena Berta Cáceres y el sociólogo mexicano Gustavo Castro, llegó a Honduras el Grupo asesor internacional de personas expertas, Gaipe. Durante esta primera visita, el equipo conformado por especialistas en derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional y derecho penal comparado[1], sostuvieron reuniones tanto con la familia de la luchadora social, el Copinh[2], organizaciones del movimiento social y derechos humanos hondureño y los equipos jurídicos de las víctimas, como con miembros del cuerpo diplomático, organismos multilaterales, representantes de la cooperación internacional, la Atic[3] y la Conadeh[4].

El Gaipe realizará un análisis centrado en la identificación de los patrones de acción y en el modus operandi que dieron lugar a estos crímenes, y a otras afectaciones a integrantes del Copinh y defensores de derechos humanos. Un enfoque, aseguran, que es consecuente con los estándares internacionales para alcanzar una investigación integral.

Berta Cáceres fue víctima de un mortal atentado el pasado 2 de marzo en La Esperanza, Intibucá, en el que quedó herido el activista Gustavo Castro. Hasta el momento, las investigaciones de la Atic han llevado al arresto de 5 personas. 


Comisión independiente

Tanto la familia de la dirigente indígena como el Copinh instaron al gobierno de Honduras a permitir que la Cidh[5] enviara al país un grupo de investigación independiente e imparcial, ya que consideran que las personas detenidas -tres de ellas relacionadas con las Fuerzas Armadas y la empresa constructora de la represa Agua Zarca- serían piezas de un engranaje más complejo, donde los mandantes intelectuales que planearon y financiaron el crimen aún no han sido apresados.

Ante el silencio de las autoridades, la familia, acompañada por organizaciones nacionales e internacionales, se vio en la obligación de solicitar apoyo para que se constituyera un grupo asesor internacional de personas expertas.

En un comunicado, los familiares de Cáceres dijeron estar "satisfechos y agradecidos" con la ayuda y participación del Gaipe, "no solamente porque son profesionales con una amplia experiencia en diversos campos como litigio jurídico, participación en casos de genocidio y desapariciones forzadas entre otras, sino también que por su compromiso y sensibilidad humana serán una extensión perfecta de la representación jurídica liderada por el abogado Víctor Fernández, con el objetivo de buscar la verdad independientemente de lo que esta implique", se lee en la nota.

También el Copinh divulgó un comunicado donde saluda la conformación y puesta en marcha del grupo asesor internacional, y dijo confiar en que "el esfuerzo investigativo del Gaipe nos brinde las verdades que se quieren ocultar con la secretividad de la investigación que lleva el Ministerio Público, con las múltiples irregularidades e incoherencias de todo el proceso, así como con las omisiones y profundas debilidades de las acusaciones en contra de los autores materiales detenidos".

Gaipe satisfecho

Pese a la renuencia mostrada por las autoridades a reunirse -varias instituciones ni siquiera contestaron la solicitud-, los miembros del Grupo valoraron como positiva su primera visita al país.
 
Entre otros puntos, hicieron un llamado al Ministerio Público para que garantice plenamente el acceso a la justicia de las víctimas "eliminando la secretividad y facilitando el impulso probatorio tendiente al esclarecimiento de los hechos y el establecimiento  de las responsabilidades penales", se lee en un comunicado difundido en rueda de prensa el pasado 14 de noviembre.

Asimismo, consideraron que aún "existe una deuda por parte del Estado para determinar a los autores intelectuales que promovieron estos crímenes", al tiempo que expresaron su preocupación ante "la persistencia de ataques" en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. "Solicitamos a las autoridades garanticen los derechos a la vida, la integridad y la libertad, así como el libre ejercicio de las actividades en defensa de los derechos humanos", continúa el comunicado.

El Gaipe ratificó también la necesidad de sostener reuniones con autoridades del Estado durante su próxima visita, con el fin de "conocer sus posturas en torno al proceso investigativo, sus avances y dificultades", agregaron.

"Nuestra labor nunca va a ser una labor de obstrucción, sino de cooperación con las autoridades, para que avancemos todos juntos hacia un objetivo fundamental que es el esclarecimiento del crimen cometido contra Berta Cáceres y la tentativa de homicidio contra Gustavo Castro. Esto significa luchar para la superación de la impunidad. Vamos a insistir para tener mayor acceso a las valoraciones que tienen el Ministerio Público y otras autoridades con el caso", dijo Liliana Uribe, vocera del Gaipe.

"Nuestro objetivo es avanzar en el esclarecimiento e identificar caminos que permitan avanzar hacia hipótesis claras o líneas de investigación que potencien la investigación, y que les sirvan a las organizaciones sociales, a los equipos legales y al propio Estado para lograr el pleno esclarecimiento del crimen", agregó la experta en derecho penal internacional.

"Instamos a las autoridades hondureñas a dar la bienvenida a un grupo de esta categoria, que lo que quiere es colaborar en el esclarecimiento de hechos que no sólo han conmocionado a Honduras, sino al mundo entero. Ojalá lo entiendan", manifestó Berta Zúniga, hija de Berta Cáceres.

Se espera que el Grupo asesor internacional de personas expertas regrese al país a inicio del próximo año para continuar con su labor investigativa.

Notas
[1] Liliana Uribe (Colombia), Miguel Ángel Urbina (Guatemala), Roxanna Altholz (Estados Unidos), Daniel R. Saxon (Holanda/Estados Unidos) y Jorge Molano (Colombia)
[2] Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
[3] Agencia Técnica de Investigación Criminal 
[4] Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras
[5] Comisión Interamericana de Derechos Humanos