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| CER-Ixim |
Conap discute Reglamento Nacional de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
En septiembre de 2014, un muy amplio espectro de organizaciones sociales y populares se movilizó masivamente, exigiendo y obteniendo la derogación de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales. Cinco meses después, la biodiversidad de Guatemala está nuevamente bajo amenaza.
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
En septiembre de 2014, un muy amplio espectro de organizaciones sociales y populares se movilizó masivamente, exigiendo y obteniendo la derogación de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales. Cinco meses después, la biodiversidad de Guatemala está nuevamente bajo amenaza.
Mejor conocida como “Ley Monsanto”, esta iniciativa estaba hecha a la medida de los intereses voraces de las grandes corporaciones del agronegocio, garantizando la exclusividad de los derechos de propiedad intelectual aplicados a semillas, y concediendo patentes que podían apropiarse del patrimonio tangible e intangible del país.
En efecto, el patentamiento de las semillas como un sistema de protección para los productores de variedades vegetales era una exigencia impuesta por el Tratado de Libre Comercio, firmado entre Estados Unidos y Guatemala en 2005.
De hecho, la aprobación de la “Ley Monsanto” no solo iba a afectar gravemente la biodiversidad de semillas, sino que determinaba penas de cárcel de hasta cuatro años “para aquellas personas que usaran o transportaran semillas patentadas sin permiso de las empresas que tienen sus derechos”.
Cinco meses después de este importante resultado, organizaciones sociales, indígenas, campesinas, defensoras de derechos humanos, comunidades organizadas, ambientalistas, entre otros, lanzan un grito de alarma ante un nuevo e inminente peligro.
En efecto, el patentamiento de las semillas como un sistema de protección para los productores de variedades vegetales era una exigencia impuesta por el Tratado de Libre Comercio, firmado entre Estados Unidos y Guatemala en 2005.
De hecho, la aprobación de la “Ley Monsanto” no solo iba a afectar gravemente la biodiversidad de semillas, sino que determinaba penas de cárcel de hasta cuatro años “para aquellas personas que usaran o transportaran semillas patentadas sin permiso de las empresas que tienen sus derechos”.
Cinco meses después de este importante resultado, organizaciones sociales, indígenas, campesinas, defensoras de derechos humanos, comunidades organizadas, ambientalistas, entre otros, lanzan un grito de alarma ante un nuevo e inminente peligro.
¿Bioseguridad para transgénicos?
Un nuevo atentado contra la biodiversidad del país
En agosto del año pasado, el gobierno guatemalteco dio vida a la Política Nacional de Bioseguridad de los Organismos Vivos Modificados 2013-2023.
Entre sus objetivos destaca la definición de directrices que establezcan el marco regulatorio para el desarrollo, uso, manejo, transporte, liberación al ambiente y movimiento transfronterizo de transgénicos.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) pretende ahora operativizar dicha política aprobando el Reglamento Nacional de Bioseguridad de los Organismos Vivos Modificados.
“La movilización masiva contra la Ley Monsanto dejó claro que rechazamos cualquier intento de privatización de nuestras semillas, así como que se atente contra la soberanía de los pueblos y se introduzcan transgénicos en el país”, dijo a La Rel, Byron Garoz, del Colectivo de Estudios Rurales Ixim.
“Con la aprobación del Reglamento se pretende obviar la voluntad del pueblo, poniendo en riesgo nuestra diversidad biológica y exponiéndola a contaminación genética y extinción de especies nativas y criollas”, señaló.
Durante una concurrida rueda de prensa, varias organizaciones que protagonizaron la lucha contra la Ley Monsanto alertaron sobre lo que consideran un nuevo ataque contra la propia vida del pueblo guatemalteco.
“Los organismos genéticamente modificados son exclusivamente un instrumento de las corporaciones para despojar a los pueblos originarios de las semillas nativas y criollas, privatizando la alimentación a nivel global, lo que significa un serio atentado contra el conocimiento local, la salud de las personas, el territorio, ambiente, la economía local, la soberanía e impiden el efectivo cumplimento del derecho a la alimentación”, se lee en un comunicado conjunto.
De igual manera, aseguran que reglamentar el uso de transgénicos y autorizar la manipulación y contaminación de las semillas autóctonas provocaría una dependencia económica de las y los agricultores, que se verían obligados a comprar las semillas a dichas empresas.
También señalan que el uso de transgénicos “destruye los sistemas de conocimientos originarios locales y tradicionales, restringe el uso de la diversidad agrícola, criminaliza e ilegaliza prácticas culturales agrícolas locales, comunitarias y ancestrales, atentando contra la madre naturaleza”.
“No lo vamos a permitir”
Movimientos sociales y populares movilizados
“Exigimos al Congreso que legisle a favor del pueblo y que apruebe una ley que prohíba el cultivo, la comercialización, el consumo y la experimentación de transgénicos en todo el país”, explicó Garoz.
Las organizaciones pidieron al Estado de Guatemala no velar por intereses de empresas transnacionales, sino por “el derecho a la vida, a la información, a la salud, al agua y a la alimentación”.
Finalmente, instaron al pueblo guatemalteco a mantenerse a la expectativa sobre el curso de los acontecimientos.
“Lo exhortamos a oponerse activamente, a movilizarse, a coordinar y articular esfuerzos en defensa del territorio y la biodiversidad. La gente está motivada y dispuesta a dar otra batalla”, concluyó el miembro del CER-Ixim.
Fuente: Rel-UITA
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