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| CC0/Pixabay |
Por Sputnik Mundo
La desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado fue uno de los hechos que más ha sacudido el panorama social de Argentina en el último año. Sputnik te presenta qué cabos han quedado sueltos y qué se puede esperar del caso.
Maldonado se encontraba en la provincia de Chubut en apoyo al reclamo de un colectivo mapuche sobre sus tierras ancestrales, bajo propiedad del grupo industrial italiano Benetton. El 1 de agosto de 2017, el mismo día que la Gendarmería Nacional lanzó un operativo represivo contra los manifestantes, el joven fue visto con vida por última vez.
Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por masivas protestas y reclamos públicos de personalidades que exigían al Gobierno conocer su paradero. A la vez, la manera en la que se condujo la investigación judicial fue fruto de polémicas, por lo que el caso debió ser asignado a otro magistrado.
Finalmente, el 17 de octubre siguiente, el cuerpo del joven fue encontrado sin vida en aguas del río Chubut, en las inmediaciones del sitio donde la Gendarmería realizó el operativo. Sin embargo, el hallazgo y la autopsia del cuerpo no han dado datos conclusivos y ha dejado más preguntas que respuestas.
¿Cuál es la responsabilidad del Estado?
En estos 12 meses, esta es la interrogante más contundente acerca de la muerte de Maldonado. Desde un principio, su familia y las asociaciones de derechos humanos apuntaron a las irregularidades del operativo de las fuerzas de seguridad, recordó en diálogo con Sputnik José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina de Derechos del Hombre (LADH).
A pocas semanas de la desaparición, estos actores denunciaron "con bastante precisión" la existencia de una reunión entre el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti —presente en el momento del operativo que derivó en el fallecimiento del joven—, con altos cargos de fuerzas federales y provinciales.
"Habían impartido la orden de reprimir so pretexto de la flagrancia, o sea, de que estaban cometiendo un delito en el momento y por eso no acudir al juez. Santiago fue a ese lugar a solidarizarse con el reclamo de los mapuches por la libertad de su líder Facundo Jones Huala. Hubo una operación represiva, los gendarmes llegaron hasta el río, tiraron y en esas condiciones Santiago desapareció", dijo Schulman.
Por eso, exigieron que el caso fuera considerado como una desaparición forzada —"un delito estatal"— y por lo tanto que se aplicara el protocolo de investigación adecuado para garantizar "la autonomía e independencia" en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, "el Estado jamás aceptó" esta línea.
"Fingió que estaba perdido, que estaba en Chile, que había muerto en una operación terrorista, que era un guerrillero… durante días y días construyeron una mentira tras otra, entre otras razones porque no podían aceptar la desaparición forzada y liberar la investigación. El Gobierno mantuvo siempre el control de la investigación judicial", consideró Schulman.
El juez inicial de la causa, Guido Otranto, fue puesto en su momento en tela de juicio. También levantó suspicacias la presencia de Gonzalo Cané, "un oscuro funcionario de la Corte Suprema vinculado a los servicios de inteligencia" que cumpliendo funciones para el Ministerio de Seguridad se dispuso a "supervisar la investigación de Otranto".
"La figura de Otranto estaba tan desgastada que aceptaron correrlo y apareció el nuevo juez, Gustavo Lleral. En pocos días apareció el cadáver, extrañamente en el mismo lugar en el que habían hecho 17 allanamientos", recordó el secretario de la LADH.
La autopsia del cuerpo dio como resultado que el fallecimiento fue a causa de hipotermia y ahogamiento, sin evidencias de traumas o impactos de bala. Desde la LADH consideran que las "autopsias son útiles pero no mágicas" para ayudar a esclarecer por qué Santiago Maldonado terminó sin vida.
"A un año, el Gobierno persiste con su mentira y con su encubrimiento. A esta altura es autoencubrimiento, porque no está encubriendo solamente a un grupo de asesinos —posiblemente algunos de los gendarmes que llegaron hasta el río— sino que está encubriendo su responsabilidad", dijo Schulman.
¿Qué hipótesis hay respecto del caso?
Maldonado se encontraba en la provincia de Chubut en apoyo al reclamo de un colectivo mapuche sobre sus tierras ancestrales, bajo propiedad del grupo industrial italiano Benetton. El 1 de agosto de 2017, el mismo día que la Gendarmería Nacional lanzó un operativo represivo contra los manifestantes, el joven fue visto con vida por última vez.
Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por masivas protestas y reclamos públicos de personalidades que exigían al Gobierno conocer su paradero. A la vez, la manera en la que se condujo la investigación judicial fue fruto de polémicas, por lo que el caso debió ser asignado a otro magistrado.
Finalmente, el 17 de octubre siguiente, el cuerpo del joven fue encontrado sin vida en aguas del río Chubut, en las inmediaciones del sitio donde la Gendarmería realizó el operativo. Sin embargo, el hallazgo y la autopsia del cuerpo no han dado datos conclusivos y ha dejado más preguntas que respuestas.
¿Cuál es la responsabilidad del Estado?
En estos 12 meses, esta es la interrogante más contundente acerca de la muerte de Maldonado. Desde un principio, su familia y las asociaciones de derechos humanos apuntaron a las irregularidades del operativo de las fuerzas de seguridad, recordó en diálogo con Sputnik José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina de Derechos del Hombre (LADH).
A pocas semanas de la desaparición, estos actores denunciaron "con bastante precisión" la existencia de una reunión entre el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti —presente en el momento del operativo que derivó en el fallecimiento del joven—, con altos cargos de fuerzas federales y provinciales.
"Habían impartido la orden de reprimir so pretexto de la flagrancia, o sea, de que estaban cometiendo un delito en el momento y por eso no acudir al juez. Santiago fue a ese lugar a solidarizarse con el reclamo de los mapuches por la libertad de su líder Facundo Jones Huala. Hubo una operación represiva, los gendarmes llegaron hasta el río, tiraron y en esas condiciones Santiago desapareció", dijo Schulman.
Por eso, exigieron que el caso fuera considerado como una desaparición forzada —"un delito estatal"— y por lo tanto que se aplicara el protocolo de investigación adecuado para garantizar "la autonomía e independencia" en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, "el Estado jamás aceptó" esta línea.
"Fingió que estaba perdido, que estaba en Chile, que había muerto en una operación terrorista, que era un guerrillero… durante días y días construyeron una mentira tras otra, entre otras razones porque no podían aceptar la desaparición forzada y liberar la investigación. El Gobierno mantuvo siempre el control de la investigación judicial", consideró Schulman.
El juez inicial de la causa, Guido Otranto, fue puesto en su momento en tela de juicio. También levantó suspicacias la presencia de Gonzalo Cané, "un oscuro funcionario de la Corte Suprema vinculado a los servicios de inteligencia" que cumpliendo funciones para el Ministerio de Seguridad se dispuso a "supervisar la investigación de Otranto".
"La figura de Otranto estaba tan desgastada que aceptaron correrlo y apareció el nuevo juez, Gustavo Lleral. En pocos días apareció el cadáver, extrañamente en el mismo lugar en el que habían hecho 17 allanamientos", recordó el secretario de la LADH.
La autopsia del cuerpo dio como resultado que el fallecimiento fue a causa de hipotermia y ahogamiento, sin evidencias de traumas o impactos de bala. Desde la LADH consideran que las "autopsias son útiles pero no mágicas" para ayudar a esclarecer por qué Santiago Maldonado terminó sin vida.
"A un año, el Gobierno persiste con su mentira y con su encubrimiento. A esta altura es autoencubrimiento, porque no está encubriendo solamente a un grupo de asesinos —posiblemente algunos de los gendarmes que llegaron hasta el río— sino que está encubriendo su responsabilidad", dijo Schulman.
¿Qué hipótesis hay respecto del caso?
Los obstáculos iniciales en la investigación judicial dificultaron el camino para investigar nuevas líneas y delimitar responsabilidades. Según Schulman, el Poder Judicial "amedrentó a todos los testigos y procedió como una especie de matón contra las víctimas y no contra los victimarios".
Entre las irregularidades está el lavado de las camionetas de la Gendarmería a las pocas horas del operativo, registros en vídeo que no se consideraron como pruebas o que "el juez jamás haya tomado indagatoria a los gendarmes" para contrastar sus dichos.
"Lo que hace el Poder Judicial es el manual de cómo no investigar. A un año, no solo que no tiene ni un detenido sino que tampoco tiene ni una sola hipótesis. Si el juez mañana tuviera que dar alguna explicación, no tiene ninguna hipótesis de lo que pasó. Lo único que tiene es un papel firmado de que Santiago murió de hipotermia y ahogamiento", puntualizó el representante de la LADH.
¿Cuántos detenidos hay?
Ninguno. Solo hay un imputado, Emmanuel Echazú, un subalférez de la Gendarmería. El agente fue acusado luego de que se solicitara un peritaje por una herida que él adjudica a una piedra lanzada por los manifestantes mapuches.
El gendarme fue ascendido en enero de 2018, una medida que causó polémicas. La familia de Maldonado la consideró algo "impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a prácticas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas".
¿Se podrían repetir las prácticas represivas que llevaron a la muerte de Maldonado?
Según Schulman, si no hubiera sido por la familia Maldonado, los organismos y "la inmensa cantidad de jóvenes" que se han manifestado, "el Gobierno hubiera arrasado con las pocas libertades que quedan en Argentina".
En ese sentido, mencionó el reciente decreto del Gobierno de Mauricio Macri para permitir a los militares "el control interno y la represión" bajo justificaciones con interpretaciones muy amplias, como la defensa de zonas de interés nacional, terrorismo o amenazas surgidas dentro de fronteras.
"El alineamiento incondicional con los EEUU en los temas de seguridad los lleva a asumir la doctrina de la lucha contra el terrorismo como centro de cualquier política militar o de seguridad ante todo. Eso es lo que lo lleva a colocar de vuelta a las Fuerzas Armadas en tareas que desde 1983 habían sido prohibidas en Argentina, como una especie de vacuna mínima para evitar el terrorismo de Estado", consideró.
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