Jubileo Sur Américas
Desde la Red Jubileo Sur / Américas expresamos nuestra profunda preocupación ante los terribles efectos que la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua está generando.
Hasta el mes de Julio se contabilizaban más de 300 personas fallecidas entre estudiantes, funcionarios públicos, menores de edad, ciudadanos en general; esto, como resultado de acciones violentas producidas a partir del 19 de abril, luego del anuncio realizado por el presidente Daniel Ortega, sobre la aplicación de reformas al sistema del seguro social conforme lo acordado con el Fondo Monetario Internacional.
Además, la ola de violencia en crecimiento ha dejado miles de personas lesionadas a nivel físico y emocional, incremento de los niveles de inseguridad y del crimen organizado, destrucción de infraestructuras públicas, medios de comunicación, obstaculización de la libre circulación, destrucción de dos centros de educación superior, pérdidas cuantiosas en términos económicos.
Condenamos enérgicamente este espiral de violencia y en especial, la muerte de todos y cada uno de estos ciudadanos y ciudadanas. Nos solidarizamos con las víctimas y sus familias así como también con el pueblo nicaragüense en su conjunto, cuya zozobra y dolor compartimos.
A partir de ello afirmamos:
Rechazamos todas las formas de violencia que han venido afectando la vida y dinámica del país y de su pueblo, que conoce muy bien en carne propia los estragos de una guerra en décadas pasadas, que cobró la vida de más de 50,000 nicaragüenses, con secuelas aún muy palpables en muchas familias.
Hacemos nuestra la demanda de esclarecimiento de cada uno de los crímenes de odio, lo que debe incluir la identificación y sanción de los responsables, sean funcionarios públicos, sean grupos paramilitares, sicarios o quienes se encuentren detrás de los mismos.
Denunciamos la manipulación mediática que viene propiciando terror tanto adentro como afuera del país. Lejos de mantener posiciones apegadas a la realidad, los medios empresariales vienen desempeñando roles incendiarios, trasmitiendo matrices de opiniones fundamentadas en muchos casos en hechos fabricados, hasta ¨convertirlos a fuerza en verdad¨.
Asimismo, rechazamos las acciones de carácter parcial, como el hecho de promover en instancias internacionales resoluciones de sanción, que buscan el castigo contra las violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra las y los ciudadanos nicaragüenses que fueron víctimas del uso de las fuerzas policiales, sin embargo los informes de organismos internacionales, hasta el momento enfocan los hechos desde una única perspectiva, omitiendo acciones de terror cometidas contra simpatizantes del gobierno, trabajadores de instituciones públicas o dirigentes sociales, tales como torturas, violaciones, asesinatos selectivos entre otros.
Del mismo modo rechazamos el injerencismo encabezado por el Gobierno de los Estados Unidos y apoyado por diversos de gobiernos aliados, siendo que algunos de ellos han llegado al poder por medio de golpes de Estado, son responsables de múltiples formas de violación de derechos humanos en sus países, por ejemplo Honduras, Brasil, Colombia, Argentina, México.
Estas acciones vienen alimentando y animando un guion de terror que ha afectado de forma generalizada a las grandes mayorías de la población nicaragüense, ante ello nos pronunciamos por el derecho a la soberanía y autodeterminación de la nación hermana.
A partir de lo anterior expresamos la necesidad de buscar salidas pacíficas, de establecer pautas concretas para dar pie a procesos de reconstrucción basados en la paz con justicia y verdad, ya sea mediante procesos de dialogo inclusivos entre el ejecutivo y los diferentes sectores representativos de la sociedad.
Reiteramos que cualquier salida a los escenarios complejos que se han vivido, deben tomar como base los procesos de esclarecimiento de los hechos suscitados. Pensar en procesos de reconstrucción debe necesariamente pasar por la reparación y la no repetición para todas las víctimas, así como el respeto y garantía de los derechos humanos, de forma equitativa para toda la población nicaragüense.
Hasta el mes de Julio se contabilizaban más de 300 personas fallecidas entre estudiantes, funcionarios públicos, menores de edad, ciudadanos en general; esto, como resultado de acciones violentas producidas a partir del 19 de abril, luego del anuncio realizado por el presidente Daniel Ortega, sobre la aplicación de reformas al sistema del seguro social conforme lo acordado con el Fondo Monetario Internacional.
Además, la ola de violencia en crecimiento ha dejado miles de personas lesionadas a nivel físico y emocional, incremento de los niveles de inseguridad y del crimen organizado, destrucción de infraestructuras públicas, medios de comunicación, obstaculización de la libre circulación, destrucción de dos centros de educación superior, pérdidas cuantiosas en términos económicos.
Condenamos enérgicamente este espiral de violencia y en especial, la muerte de todos y cada uno de estos ciudadanos y ciudadanas. Nos solidarizamos con las víctimas y sus familias así como también con el pueblo nicaragüense en su conjunto, cuya zozobra y dolor compartimos.
A partir de ello afirmamos:
Rechazamos todas las formas de violencia que han venido afectando la vida y dinámica del país y de su pueblo, que conoce muy bien en carne propia los estragos de una guerra en décadas pasadas, que cobró la vida de más de 50,000 nicaragüenses, con secuelas aún muy palpables en muchas familias.
Hacemos nuestra la demanda de esclarecimiento de cada uno de los crímenes de odio, lo que debe incluir la identificación y sanción de los responsables, sean funcionarios públicos, sean grupos paramilitares, sicarios o quienes se encuentren detrás de los mismos.
Denunciamos la manipulación mediática que viene propiciando terror tanto adentro como afuera del país. Lejos de mantener posiciones apegadas a la realidad, los medios empresariales vienen desempeñando roles incendiarios, trasmitiendo matrices de opiniones fundamentadas en muchos casos en hechos fabricados, hasta ¨convertirlos a fuerza en verdad¨.
Asimismo, rechazamos las acciones de carácter parcial, como el hecho de promover en instancias internacionales resoluciones de sanción, que buscan el castigo contra las violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra las y los ciudadanos nicaragüenses que fueron víctimas del uso de las fuerzas policiales, sin embargo los informes de organismos internacionales, hasta el momento enfocan los hechos desde una única perspectiva, omitiendo acciones de terror cometidas contra simpatizantes del gobierno, trabajadores de instituciones públicas o dirigentes sociales, tales como torturas, violaciones, asesinatos selectivos entre otros.
Del mismo modo rechazamos el injerencismo encabezado por el Gobierno de los Estados Unidos y apoyado por diversos de gobiernos aliados, siendo que algunos de ellos han llegado al poder por medio de golpes de Estado, son responsables de múltiples formas de violación de derechos humanos en sus países, por ejemplo Honduras, Brasil, Colombia, Argentina, México.
Estas acciones vienen alimentando y animando un guion de terror que ha afectado de forma generalizada a las grandes mayorías de la población nicaragüense, ante ello nos pronunciamos por el derecho a la soberanía y autodeterminación de la nación hermana.
A partir de lo anterior expresamos la necesidad de buscar salidas pacíficas, de establecer pautas concretas para dar pie a procesos de reconstrucción basados en la paz con justicia y verdad, ya sea mediante procesos de dialogo inclusivos entre el ejecutivo y los diferentes sectores representativos de la sociedad.
Reiteramos que cualquier salida a los escenarios complejos que se han vivido, deben tomar como base los procesos de esclarecimiento de los hechos suscitados. Pensar en procesos de reconstrucción debe necesariamente pasar por la reparación y la no repetición para todas las víctimas, así como el respeto y garantía de los derechos humanos, de forma equitativa para toda la población nicaragüense.
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