Por Agencias
Un total de 38 requerimientos fiscales por la malversación de más de 282 millones de lempiras en el escándalo de corrupción “bautizado” como “Pandora” destapó ayer la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (Maccih) en un trabajo conjunto con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).
La vocera interina de la Maccih, Ana María Calderón Boy, leyó en la mañana de ayer el cuarto informe de prensa para denunciar el caso Pandora, que involucra a personalidades, diputados y funcionarios de tres partidos políticos, que se financiaron con recursos públicos.
El fiscal Luis Javier Santos llegó con su equipo cargando siete cajas, que incluyen los requerimientos fiscales y las solicitudes de órdenes de captura contra 38 funcionarios, presentados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que las diligencias investigativas involucran a actuales funcionarios y diputados del Congreso Nacional, así como exfuncionarios también.
Ana María Calderón Boy explicó ante los medios de comunicación, en la sede de la misión que “la investigación demuestra el compromiso de la Misión para seguir impulsando la lucha anticorrupción fortaleciendo las entidades del Estado, en este caso el Ministerio Público”.
Explicó que este caso “Pandora” fue apoyado también por expertos de la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción (Festcco).
“Este equipo integrado ha realizado una gran acción que ha significado muchas noches y muchas amanecidas para establecer finalmente el requerimiento fiscal que está siendo presentado en estos momentos ante la Corte Suprema”, añadió.
“Las acusaciones involucran a 38 imputados, entre ellos, funcionarios públicos y personas particulares por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras”, afirmó.
Este es el cuarto caso de corrupción que “demuestra el compromiso de la Misión para seguir trabajando en la lucha anticorrupción fortaleciendo las unidades del Estado en este caso, el Ministerio Público. Esto es el cumplimiento estricto del mandato que se encuentra contenido en el convenio suscrito el 29 de enero de 2016 entre el gobierno de Honduras y la Secretaría General de la OEA”, precisó.
Calderón narró que el caso comenzó tras la denuncia de Pietro Dibattista, inversionista italiano y excónsul honorario en Roatán, que refería sobre la presunta utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas.
Luego en 2016 se acumuló a la denuncia la auditoría especial que había en el Tribunal Superior de Cuentas en la gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
“Le propusimos al Ministerio Público que teníamos la sospecha que se trataba de una red de corrupción y se propuso que pasara a la Ufecic para que pudiera ser trabajada por los equipos integrados de investigación”, declaró.
“Este gran equipo integrado ha realizado investigaciones que han significado requerimiento fiscal contra 38 diputados, entre los cuales se encuentran funcionarios públicos por abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación de documentos públicos”, explicó.
“Se hallaron indicios suficientes de fondos públicos que estaban destinados a fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, que estaban destinados a fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón para el mejoramiento de la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria, Sulaco, una escuela de campo para los agricultores de Francisco Morazán, La Paz, El Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua, habían sido destinados para financiar campañas políticas de tres partidos políticos en 2013 y otros gastos personales”, detalló la vocera interina.
El monto descubierto fue de 282 millones 116 mil 175 lempiras. Todos estos fondos son públicos que provienen de la SAG, así como de la Secretaría de Finanzas. Para drenar estos fondos se usaron las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.
“A las referidas fundaciones se les otorgó los fondos, sin embargo, los recursos fueron depositados en cuentas de particulares, así como de candidatos a diputados, a alcaldes y regidores del Partido Nacional, Frente Amplio y a las arcas del Partido Liberal”, precisó Calderón Boy.
La funcionaria de la Maccih dijo que parte de estos fondos se usaron para financiar la Tarjeta Cachureca, entrega de fondos a coordinadores del Partido Nacional. Todos estos recursos se entregaron el 24 de noviembre de 2013, el día de los comicios generales.
Además, se compraron dos oficinas en el edificio Metrópoli, se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99 millones 030 mil lempiras.
“Estos hechos revelan una gravedad, es por ello que el Ministerio Público y la UFECIC en su requerimiento fiscal está solicitando medidas cautelares consistentes en órdenes de captura contra los imputados, así como el aseguramiento de bienes”, declaró.
La vocera interina de la Maccih, recordó que este es el cuarto caso que presenta la Ufecic y que antecede a “Red de Diputados”, “Caja Chica de la Dama” y “Pacto de Impunidad”.
Igualmente, Calderón agradeció las gestiones del fiscal Óscar Fernando Chinchilla por su compromiso con la Maccih, así como al fiscal Luis Javier Santos, encargado de Ufecic.
“Luis Javier Santos es un fiscal hondureño que con valentía lidera el equipo de Ufecic y él es personalmente quien está presentando el requerimiento fiscal y la copiosa documentación con la que se cuenta”, concluyó la vocera de la Maccih.
Los nombres de los imputados
Un total de 38 requerimientos fiscales por la malversación de más de 282 millones de lempiras en el escándalo de corrupción “bautizado” como “Pandora” destapó ayer la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (Maccih) en un trabajo conjunto con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).
La vocera interina de la Maccih, Ana María Calderón Boy, leyó en la mañana de ayer el cuarto informe de prensa para denunciar el caso Pandora, que involucra a personalidades, diputados y funcionarios de tres partidos políticos, que se financiaron con recursos públicos.
El fiscal Luis Javier Santos llegó con su equipo cargando siete cajas, que incluyen los requerimientos fiscales y las solicitudes de órdenes de captura contra 38 funcionarios, presentados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que las diligencias investigativas involucran a actuales funcionarios y diputados del Congreso Nacional, así como exfuncionarios también.
Ana María Calderón Boy explicó ante los medios de comunicación, en la sede de la misión que “la investigación demuestra el compromiso de la Misión para seguir impulsando la lucha anticorrupción fortaleciendo las entidades del Estado, en este caso el Ministerio Público”.
Explicó que este caso “Pandora” fue apoyado también por expertos de la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción (Festcco).
“Este equipo integrado ha realizado una gran acción que ha significado muchas noches y muchas amanecidas para establecer finalmente el requerimiento fiscal que está siendo presentado en estos momentos ante la Corte Suprema”, añadió.
“Las acusaciones involucran a 38 imputados, entre ellos, funcionarios públicos y personas particulares por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras”, afirmó.
Este es el cuarto caso de corrupción que “demuestra el compromiso de la Misión para seguir trabajando en la lucha anticorrupción fortaleciendo las unidades del Estado en este caso, el Ministerio Público. Esto es el cumplimiento estricto del mandato que se encuentra contenido en el convenio suscrito el 29 de enero de 2016 entre el gobierno de Honduras y la Secretaría General de la OEA”, precisó.
Calderón narró que el caso comenzó tras la denuncia de Pietro Dibattista, inversionista italiano y excónsul honorario en Roatán, que refería sobre la presunta utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas.
Luego en 2016 se acumuló a la denuncia la auditoría especial que había en el Tribunal Superior de Cuentas en la gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
“Le propusimos al Ministerio Público que teníamos la sospecha que se trataba de una red de corrupción y se propuso que pasara a la Ufecic para que pudiera ser trabajada por los equipos integrados de investigación”, declaró.
“Este gran equipo integrado ha realizado investigaciones que han significado requerimiento fiscal contra 38 diputados, entre los cuales se encuentran funcionarios públicos por abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación de documentos públicos”, explicó.
“Se hallaron indicios suficientes de fondos públicos que estaban destinados a fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, que estaban destinados a fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón para el mejoramiento de la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria, Sulaco, una escuela de campo para los agricultores de Francisco Morazán, La Paz, El Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua, habían sido destinados para financiar campañas políticas de tres partidos políticos en 2013 y otros gastos personales”, detalló la vocera interina.
El monto descubierto fue de 282 millones 116 mil 175 lempiras. Todos estos fondos son públicos que provienen de la SAG, así como de la Secretaría de Finanzas. Para drenar estos fondos se usaron las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.
“A las referidas fundaciones se les otorgó los fondos, sin embargo, los recursos fueron depositados en cuentas de particulares, así como de candidatos a diputados, a alcaldes y regidores del Partido Nacional, Frente Amplio y a las arcas del Partido Liberal”, precisó Calderón Boy.
La funcionaria de la Maccih dijo que parte de estos fondos se usaron para financiar la Tarjeta Cachureca, entrega de fondos a coordinadores del Partido Nacional. Todos estos recursos se entregaron el 24 de noviembre de 2013, el día de los comicios generales.
Además, se compraron dos oficinas en el edificio Metrópoli, se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99 millones 030 mil lempiras.
“Estos hechos revelan una gravedad, es por ello que el Ministerio Público y la UFECIC en su requerimiento fiscal está solicitando medidas cautelares consistentes en órdenes de captura contra los imputados, así como el aseguramiento de bienes”, declaró.
La vocera interina de la Maccih, recordó que este es el cuarto caso que presenta la Ufecic y que antecede a “Red de Diputados”, “Caja Chica de la Dama” y “Pacto de Impunidad”.
Igualmente, Calderón agradeció las gestiones del fiscal Óscar Fernando Chinchilla por su compromiso con la Maccih, así como al fiscal Luis Javier Santos, encargado de Ufecic.
“Luis Javier Santos es un fiscal hondureño que con valentía lidera el equipo de Ufecic y él es personalmente quien está presentando el requerimiento fiscal y la copiosa documentación con la que se cuenta”, concluyó la vocera de la Maccih.
Los nombres de los imputados
Hasta el momento han sido señalados el jefe de la bancada rojiblanco, Elvin Santos Ordoñez y su padre Elvin Santos Lozano, Regalado Weinzemblut, los diputados nacionalistas Rodolfo Irías Navas, Celín Discua Elvir, Edgardo Martínez y Elden Vasquez.
Otros de los imputados en la Caja Pandora son el ex director del Instituto Nacional Agrario (INA) Ramón Lara, el ex secretario de finanzas, William Chong Wong, y el gobernador de Lempira, Wilson Pineda.
También son señalados, Luis Fernando Suarez, Dalia Palma, Eduardo Lanza, Luis Fernando Suarez, Belkis Hernández, el ex gerente de campaña por Colón, Lenin Chavez.
También son mencionados Jean Francoise de Peirecave, esposo de la fallecida Ilda Hernández, hermana del presidente Juan Orlando Hernández y en su momento Secretaria de Comunicaciones; Arnold Castro, esposo de la diputada nacionalista Gladis Aurora López. Este escándalo de corrupción apunta a personas de entera confianza en el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Comunicado MACCIH
Equipo MACCIH-OEA / UFECIC-MP presenta cuarto caso de Investigación Penal Integrada: “PANDORA”
Luego de una investigación realizada por el Equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal, compuesto por expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) y fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP) así como de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP-MP), hoy se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia, el requerimiento fiscal contra TREINTA Y OCHO (38) IMPUTADOS entre DIPUTADOS, FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PERSONAS PARTICULARES, por los presuntos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE, MALVERSACIÓN DE FONDOS, LAVADO DE ACTIVOS, FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FE PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.
Los hechos fueron denunciados por PIETRO DIBATTISTA, inversionista italiano y Cónsul Honorario de Italia en Roatán, Honduras, ante noticias propaladas en medios de comunicación radial y digital, referidas a la utilización indebida de la FUNDACIÓN DIBATTISTA, en operaciones atípicas y no autorizadas. Se acumuló a la misma, la Auditoría Especial realizada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, practicada a la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG).
La MACCIH-OEA propuso al Ministerio Público que este caso fuera remitido a UFECIC para ser investigado por un equipo integrado de investigación y persecución penal, hallando indicios suficientes de fondos públicos destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales, y hortícolas a favor de madres jóvenes, para fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón, mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco, escuela de campo para agricultores del departamento de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios, Comayagua, habrían sido destinados a financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal, en el año 2013 y otros gastos personales por un monto de 282.016.175.00 lempiras (casi 12 millones de dólares).
Dichos fondos provenían de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de la Secretaría de Finanzas. Para tal fin fueron utilizadas las fundaciones: Todos Somos Honduras y Dibattista, a las cuales se les otorgó los fondos para desarrollar dichos proyectos, los que finalmente habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional (PN), Partido Frente Amplio (Faper) y directamente a las arcas del Partido Liberal (PL), siendo los principales hallazgos:
1. Parte de los fondos se habrían utilizado para financiar la “tarjeta cachureca”.
2. Entrega de fondos a coordinadores de campaña del Partido Nacional.
3. Recursos que se habrían utilizado el día de (elecciones del 24 de noviembre de 2013).
4. Compra de dos oficinas en el Edificio Metrópolis.
5. Pago de préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de L99,030,000.00.
La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), ante la gravedad de los hechos investigados ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia, las órdenes de captura de los imputados y aseguramiento de bienes.
Esta acción conjunta demuestra una vez más, el compromiso de la MACCIH-OEA para seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado, en estricto cumplimiento al mandato que nos confiere el Convenio suscrito el 19 de enero de 2016, entre el gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la OEA.
¡SEGUIMOS TRABAJANDO!
Luego de una investigación realizada por el Equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal, compuesto por expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) y fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP) así como de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP-MP), hoy se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia, el requerimiento fiscal contra TREINTA Y OCHO (38) IMPUTADOS entre DIPUTADOS, FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PERSONAS PARTICULARES, por los presuntos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE, MALVERSACIÓN DE FONDOS, LAVADO DE ACTIVOS, FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FE PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.
Los hechos fueron denunciados por PIETRO DIBATTISTA, inversionista italiano y Cónsul Honorario de Italia en Roatán, Honduras, ante noticias propaladas en medios de comunicación radial y digital, referidas a la utilización indebida de la FUNDACIÓN DIBATTISTA, en operaciones atípicas y no autorizadas. Se acumuló a la misma, la Auditoría Especial realizada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, practicada a la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG).
La MACCIH-OEA propuso al Ministerio Público que este caso fuera remitido a UFECIC para ser investigado por un equipo integrado de investigación y persecución penal, hallando indicios suficientes de fondos públicos destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales, y hortícolas a favor de madres jóvenes, para fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón, mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco, escuela de campo para agricultores del departamento de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios, Comayagua, habrían sido destinados a financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal, en el año 2013 y otros gastos personales por un monto de 282.016.175.00 lempiras (casi 12 millones de dólares).
Dichos fondos provenían de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de la Secretaría de Finanzas. Para tal fin fueron utilizadas las fundaciones: Todos Somos Honduras y Dibattista, a las cuales se les otorgó los fondos para desarrollar dichos proyectos, los que finalmente habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional (PN), Partido Frente Amplio (Faper) y directamente a las arcas del Partido Liberal (PL), siendo los principales hallazgos:
1. Parte de los fondos se habrían utilizado para financiar la “tarjeta cachureca”.
2. Entrega de fondos a coordinadores de campaña del Partido Nacional.
3. Recursos que se habrían utilizado el día de (elecciones del 24 de noviembre de 2013).
4. Compra de dos oficinas en el Edificio Metrópolis.
5. Pago de préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de L99,030,000.00.
La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), ante la gravedad de los hechos investigados ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia, las órdenes de captura de los imputados y aseguramiento de bienes.
Esta acción conjunta demuestra una vez más, el compromiso de la MACCIH-OEA para seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado, en estricto cumplimiento al mandato que nos confiere el Convenio suscrito el 19 de enero de 2016, entre el gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la OEA.
¡SEGUIMOS TRABAJANDO!
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