Honduras: Golpe electoral y presos políticos

Por PMSPH

El Equipo de acompañamiento a víctimas de la crisis post electoral de la Mesa de indignación del Progreso, junto a la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH), quienes han venido acompañando y denunciando las violaciones a los derechos humanos a partir de la persecución política en el marco del contexto de la crisis política post electoral, comunica a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

Considerando que en el registro de las organizaciones de Derechos Humanos como la Coalición contra la Impunidad y el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Cofadeh), existen 36 personas asesinadas, 232 personas heridas o lisiadas y 23 personas criminalizadas con procesos judiciales, más conocidos como “presos políticos”, pues su condición es consecuencia de la política de persecución y criminalización de la protesta social emprendida por la dictadura instalada en el gobierno de Juan Orlando Hernández, al declararse reelecto producto del fraude electoral de noviembre 2017.

Considerando que de las 23 personas criminalizadas como “presos políticos”, 5 continúan privados de libertad en condiciones deplorables que lesionan la dignidad humana en las cárceles de El Progreso, La Tolva en Morocelí, El Paraíso y en El Pozo ubicado en Ilama, Santa Bárbara. Las 18 personas restantes son hombres y una mujer de los municipios de Pimienta, Cortés y El Progreso, Yoro, quienes a pesar de tener libertad condicionada siguen siendo víctimas de persecución y padeciendo problemas de salud como efecto de las condiciones en la que fueron sometidos durante su detención y la privación de libertad en los centros penales por varios meses siendo inocentes.

Denunciamos el decomiso y pérdida de las tarjetas de identidad en las cárceles de El Progreso y el Pozo, las cuales no fueron entregadas a todas las personas que salieron en libertad condicionada; situación que implica mayor riesgo, violación a sus derechos e infracción por parte de las autoridades, pues según el artículo 91 de la Ley del Registro Nacional de las Personas manifiesta que “Ninguna autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su tarjeta de identidad… La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente”

Denunciamos la persecución sistemática que están padeciendo las 18 personas criminalizadas entre ellas una mujer, que se encuentran en libertad condicionada. Persecución manifiesta de la siguiente manera: 1) Vigilancia personal y familiar en lugares de trabajos y hogares de manera sospechosa, incluso en altas horas de la noche y madrugada; 2) Seguimiento, intimidación y amenazas directas y 3) Agresiones a menores y represión con bombas lacrimógenas a familias en las comunidades, infundiendo terror en la zona. Dichas acciones han sido ejecutadas por agentes aparentemente de las fuerzas policiales y militares, principalmente de la policía militar, fuerzas tigres y agentes encapuchados de la Dirección Policial de Investigación (DPI).

Alertamos a la comunidad nacional e internacional y responsabilizamos al gobierno de Juan Orlando Hernández, dinastías políticas locales, fuerzas policiales y militares sobre cualquier situación en detrimento de la vida e integridad de las personas perseguidas políticas y sus familias, tanto las que se encuentran en libertad condicionada como las que siguen privadas de libertad.

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional a no olvidar que Honduras es un laboratorio político, en donde se han efectuado sucesivos golpes de Estado (2009, 2012, 2017) que se convierten en recetas para todos los países de América Latina y el mundo, golpes que han generado sistemáticas violaciones a los DD.HH, y una creciente militarización de la sociedad para infundir terror y paralizar las luchas de nuestros pueblos.


¡Por la liberación total de los presos políticos, cese la persecución y represión!