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| E'a |
Por E'a
Matones contratados por la empresa La Laguna S.A. atropellaron la comunidad indígena Y’apo con intención de desalojarlos, sin orden judicial alguna. Esto produjo un enfrentamiento que dejó varios heridos y un fallecido. La Conapi lamenta la violencia y recuerda que no se puede “hacer justicia” por mano propia.
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La Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, CONAPI dependiente de la Conferencia Episcopal Paraguay-CEP, lamentó por medio de un comunicado lo acontecido ayer en la comunidad indígena Y´apo de Canindeyú, donde según versiones de los indígenas, la comunidad fue atropellada por unas 50 personales de la estancia Laguna SA, algunos ellos pertenecientes a la empresa de seguridad Leo SA de Curuguaty.
El fiscal Lorenzo Lezcano dijo a la 780 am que la violencia a tempranas horas de ayer cuando los guardias armados se encontraron con los nativos. Tras un intercambio de disparos murió el guardia Fernando Riquelme y varios quedaron heridos. Tres por parte de los matones y siete indígenas, según el fiscal.
Dicho episodio, que es un atropello a la comunidad de Y´apo, se trata de una práctica habitual de la empresa Laguna SA, ex La Americana SA, que desde años en reiteradas ocasiones, este tipo de prácticas violatorias a los derechos fundamentales son realizadas contra ésta comunidad y otras más de la zona, denunció la Conapi. El último atropello, se realizó en la comunidad de Y'apo el día del domingo a tempranas horas donde “fueron golpeados y heridos varios miembros de la comunidad (hombres, mujeres y niños) por personal de la estancia, violando las normas jurídicas nacionales porque es ilegal administrar justicia y ejercer la fuerza por mano propia. Porque en un estado de derecho como es el Paraguay, existen las instituciones y procedimientos para exigir la reparación de algún derecho cuando se cree que se haya violado”, indicaron.
Conapi insta a las autoridades nacionales que estas prácticas que son habituales de la empresa Laguna SA, sean desterradas y que respete el proceso iniciado en el ámbito judicial donde de manera legal se confronte el derecho colectivo de los Pueblos Indígenas y los reclamos enunciados por quienes hoy detentan el título de propiedad.
Supuestamente, “los guardias portaban solo escopetas con balines de goma. Caso contrario, hubiera sido otro el desenlace. Esto pudo ser una masacre”, dijo el fiscal Lezcano.
El agente público admitió que los guardias incurrieron irregularmente al intentar desalojar a los indígenas sin ninguna orden judicial.
“Ellos fueron sin acompañamiento ni juez ni nada. Esas son las circunstancias”, expresó.
El mismo pidió al jefe policial retirar a los agentes a fin de evitar más incidentes. El Ministerio público realzará los diálogos a través del Indi.
El Ministerio Público ahora se limitará a dialogar con el Indi, a fin de determinar las acciones a tomar posteriormente.
Los nativos reclaman unas 5000 tierras ancestrales, cuyas gestiones de recuperación iniciaron ya en 1999.
El fiscal Lorenzo Lezcano dijo a la 780 am que la violencia a tempranas horas de ayer cuando los guardias armados se encontraron con los nativos. Tras un intercambio de disparos murió el guardia Fernando Riquelme y varios quedaron heridos. Tres por parte de los matones y siete indígenas, según el fiscal.
Dicho episodio, que es un atropello a la comunidad de Y´apo, se trata de una práctica habitual de la empresa Laguna SA, ex La Americana SA, que desde años en reiteradas ocasiones, este tipo de prácticas violatorias a los derechos fundamentales son realizadas contra ésta comunidad y otras más de la zona, denunció la Conapi. El último atropello, se realizó en la comunidad de Y'apo el día del domingo a tempranas horas donde “fueron golpeados y heridos varios miembros de la comunidad (hombres, mujeres y niños) por personal de la estancia, violando las normas jurídicas nacionales porque es ilegal administrar justicia y ejercer la fuerza por mano propia. Porque en un estado de derecho como es el Paraguay, existen las instituciones y procedimientos para exigir la reparación de algún derecho cuando se cree que se haya violado”, indicaron.
Conapi insta a las autoridades nacionales que estas prácticas que son habituales de la empresa Laguna SA, sean desterradas y que respete el proceso iniciado en el ámbito judicial donde de manera legal se confronte el derecho colectivo de los Pueblos Indígenas y los reclamos enunciados por quienes hoy detentan el título de propiedad.
Supuestamente, “los guardias portaban solo escopetas con balines de goma. Caso contrario, hubiera sido otro el desenlace. Esto pudo ser una masacre”, dijo el fiscal Lezcano.
El agente público admitió que los guardias incurrieron irregularmente al intentar desalojar a los indígenas sin ninguna orden judicial.
“Ellos fueron sin acompañamiento ni juez ni nada. Esas son las circunstancias”, expresó.
El mismo pidió al jefe policial retirar a los agentes a fin de evitar más incidentes. El Ministerio público realzará los diálogos a través del Indi.
El Ministerio Público ahora se limitará a dialogar con el Indi, a fin de determinar las acciones a tomar posteriormente.
Los nativos reclaman unas 5000 tierras ancestrales, cuyas gestiones de recuperación iniciaron ya en 1999.
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