Por ContraPuntoLa resolución permite a “cualquier interesado” pedir información del proceso judicial contra el expresidente acusado de enriquecimiento ilícito. Los demandantes también tienen luz verde para presentarse como querellantes.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha ordenado anular la reserva (mantener en secreto los archivos) del juicio contra el expresidente Francisco Flores, medida que fue ordenada el 23 de mayo por el juez 1° de Instrucción, Levis Italmir Orellana quien alegaba que el proceso puede convertirse en “un espectáculo” o puede servir para lograr “las ambiciones punitivas contra el imputado”.
La Sala ha aceptado los argumentos de los demandantes que consideran vulnerados sus derechos de acceso y libertad de información, así como a conocer la verdad, establecidos en los artículos 2 y 6 de la Constitución. En el recurso señalaron además que Orellana no había aclarado las razones para cerrar las puertas a uno de los casos más relevantes desde la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a doce años de guerra.
En la resolución los magistrados dicen que el derecho a la verdad permite a las víctimas conocer información sobre hechos que les afectan. “El derecho a conocer la verdad les asiste a la víctimas de las vulneraciones a los derechos fundamentales, así como a la sociedad en su conjunto, de conocer lo realmente ocurrido en tales situaciones”. Comentan además que este derecho permite conocer nombres, lugar, cómo y por qué se produjeron los hechos. La suspensión de la reserva también se hace extensiva para “todos los interesados en conocer el caso”. Los recurrentes también podrán presentarse como parte en el juicio.
La demanda de amparo fue interpuesta hace una semana por seis oenegés que, el 13 de mayo, enviaron a la abogada Berta Deleón para pedir los archivos del caso y presentarse como querellante; pero en ese momento se enteró que el juez pretendía “declarar la reserva total”. Diez días después la medida se había concretado.
El 28 del mismo mes los activistas interpusieron un escrito al juez en el que pedían que se levantara la reserva para conocer el proceso y presentarse como querellantes, pero dos días más tarde la petición obtuvo una respuesta negativa. Presentaron el amparo en la Sala Constitucional alegando que se estaba fraguando un “secuestro” del juicio en el que el exmandatario es señalado por haber desviado unos $15, 000, 000 millones de la cooperación de Taiwán de la que, una buena parte, terminó en las arcas de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de acuerdo al requerimiento que presentó la Fiscalía General el 30 de abril en el Juzgado 1° de Paz.
La Sala ha aceptado los argumentos de los demandantes que consideran vulnerados sus derechos de acceso y libertad de información, así como a conocer la verdad, establecidos en los artículos 2 y 6 de la Constitución. En el recurso señalaron además que Orellana no había aclarado las razones para cerrar las puertas a uno de los casos más relevantes desde la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a doce años de guerra.
En la resolución los magistrados dicen que el derecho a la verdad permite a las víctimas conocer información sobre hechos que les afectan. “El derecho a conocer la verdad les asiste a la víctimas de las vulneraciones a los derechos fundamentales, así como a la sociedad en su conjunto, de conocer lo realmente ocurrido en tales situaciones”. Comentan además que este derecho permite conocer nombres, lugar, cómo y por qué se produjeron los hechos. La suspensión de la reserva también se hace extensiva para “todos los interesados en conocer el caso”. Los recurrentes también podrán presentarse como parte en el juicio.
La demanda de amparo fue interpuesta hace una semana por seis oenegés que, el 13 de mayo, enviaron a la abogada Berta Deleón para pedir los archivos del caso y presentarse como querellante; pero en ese momento se enteró que el juez pretendía “declarar la reserva total”. Diez días después la medida se había concretado.
El 28 del mismo mes los activistas interpusieron un escrito al juez en el que pedían que se levantara la reserva para conocer el proceso y presentarse como querellantes, pero dos días más tarde la petición obtuvo una respuesta negativa. Presentaron el amparo en la Sala Constitucional alegando que se estaba fraguando un “secuestro” del juicio en el que el exmandatario es señalado por haber desviado unos $15, 000, 000 millones de la cooperación de Taiwán de la que, una buena parte, terminó en las arcas de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de acuerdo al requerimiento que presentó la Fiscalía General el 30 de abril en el Juzgado 1° de Paz.
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