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| Revolución 3.0 |
Por Alina Rosas Duarte/ Revolución 3.0
Distintos gobiernos latinoamericanos emprendieron durante las últimas dos décadas nuevos procesos constituyentes, entre ellos, Venezuela, Bolivia y Ecuador. En sus nuevas Cartas Magnas, se establecen desde derechos de la naturaleza, de los pueblos indígenas, de los sectores históricamente marginados, hasta el derecho a la comunicación en distintos niveles.
Esto debido a que el papel de los medios de comunicación había estado marcado por una relación entre el capital financiero y bancario, narra en entrevista con REVOLUCION TRESPUNTOCERO, María Augusta Calle, legisladora nacional ecuatoriana que formó parte de la Comisión de Comunicación, durante la expedición de la Ley Orgánica en esta materia en el año 2013.
“De 1996 al 2004 tuvimos nueve presidentes que o los quitaba o la población o los sacaban los medios de comunicación. Los medios de comunicación tenían un enorme poder, ellos eran quienes ponían ministros, ponían presidentes, eran los medios de comunicación los que daban las sentencias de última instancia, donde eran juzgados o absueltos los y las ciudadanas por cualquier conflicto” señala María Augusta.
A pesar de que en la Constitución ecuatoriana que entró en vigor en el año 2008 se establece como fundamental el derecho de la comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, bajo “artículos inéditos” a decir de la legisladora ecuatoriana, es hasta el pasado 2013 cuando se expide la Ley Orgánica que habría de complementar el derecho comunicativo.
El artículo 16 constitucional, perteneciente a la Sección Tercera sobre Comunicación e Información, establece que todas las personas, ya sea en forma individual o colectiva, tienen derecho a una comunicación libre intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.
Es por ello, señala María Augusta Calle, que los medios tienen obligatoriamente que tener una hora diaria para tener un programa en alguna de las lenguas de las nacionalidades ancestrales.
Además, la ley establece el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, la creación de medios de comunicación social y el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.
La decisión de legislar con tanta precisión el quehacer comunicacional, señala la legisladora es dado que “eran los medios quienes definían el rumbo del país, medios que estaban ligados y eran parte de los grandes grupos económicos del poder financiero y bancario. Situación con la cual nos encontramos, quienes somos parte del Movimiento Alianza País, un Ecuador con la idea de que había que romper los poderes fácticos que gobernaban al país, y entrar a tener un gobierno donde hubiera un poder popular, donde las autoridades electas ejerzan el poder sin la dirección de los medios de comunicación”.
Entre otras cosas, la Ley Orgánica de Comunicación establece que bajo el principio de democratización de la comunicación e información, las actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con competencias en materia de derechos a la comunicación propenderán permanentemente y progresivamente a crear las condiciones materiales, jurídicas y políticas para alcanzar y profundizar la democratización de la propiedad y acceso a los medios de comunicación, a generar espacios de participación, al acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por suscripción, las tecnologías y flujos de información.
“Apenas empezamos a tratar el tema de la Ley de Comunicación empezó una fuertísima campaña mediática contra la misma. Empezó un linchamiento mediático contra los legisladores que estábamos empeñados a sacar la Ley de Comunicación. La primera estrategia fue hacer una millonaria campaña que constaba de más de 6 millones de dólares, para decir que ‘la mejor ley es la que no existe’, sin embargo, como vieron que avanzó, siguieron con la consigna de que se trataba de una Ley Mordaza”, destacó María Augusta Calle.
La lucha por consolidar la Ley de Comunicación fue muy fuerte, narró la legisladora en entrevista, haciendo énfasis en que demasiadas presiones a nivel nacional e internacional, “entraron en este juego político una cantidad enorme de organizaciones internacionales de la derecha más reaccionaria, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), misma que es dueña de distintos medios de comunicación impresos en América, del mismo modo, Reporteras sin Fronteras e incluso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Un proceso muy duro pero salimos adelante cuando en junio del 2013, se logró expedir la ley conforme al mandato constitucional”.
Catalogada por la legisladora como un mecanismo “de transformaciones enormes”, la Ley Orgánica de Comunicación, prohibió que los dueños de los medios de comunicación tuvieran alguna vinculación con la banca, estableció la producción de contenidos comunicativos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades con el fin de que produzcan y difundan contenidos “que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua”.
Sin embargo, en la legislación, también destacan los derechos de los comunicadores.
Los periodistas tienen establecido el derecho a la cláusula de conciencia, donde éstos puedan garantizar la independencia en el desempeño de sus funciones en actos como negarse a firmar textos modificados por un superior.
Derecho a reservar la fuente de información, mantener el secreto profesional y la garantía del libre ejercicio de la comunicación son algunos derechos garantizados por la Ley Orgánica de la Comunicación.
En ámbitos más prácticos, explica Calle, “ya no hay periodistas que ganen un salario mínimo de periodista que es el doble de un salario mínimo oficial, a los periodistas se les tiene que dar sus instrumentos de trabajo y no sean los reporteros quienes deban tener sus propios instrumentos para poder trabajar, ya hay contratos y hay estabilidad laboral, hay seguridad social y seguros especiales para coberturas de riesgo”.
La ley ha logrado desempeñar un papel fundamental en procesos paralelos como el reforzamiento de la identidad nacional, el incremento de la industria audiovisual, ya que “la publicidad que se emite en territorio nacional, “ya sea en radio, televisión o impresas debe hacerse por empresas ecuatorianas cuya plantilla esté compuesta en el 80 por ciento de ecuatorianos, además de que los creativos y directores tienen que ser ecuatorianos”, explicó María Augusta Calle.
Con una sonrisa en su rostro, la legisladora señala que por fin se ha comenzado a usar el talento ecuatoriano, cambiando la visión estética de la identidad nacional al contratarse modelos ecuatorianos, “ahora no es la excesiva delgadez el sinónimo de la belleza porque los ecuatorianos no somos delgaditos ni flaquitos ni muy altos, somos chiquitos, gorditos, morenitos, esa es nuestra fisonomía y eso se está recuperando en la estética, la percepción que tiene el país de sí mismo”.
“De 1996 al 2004 tuvimos nueve presidentes que o los quitaba o la población o los sacaban los medios de comunicación. Los medios de comunicación tenían un enorme poder, ellos eran quienes ponían ministros, ponían presidentes, eran los medios de comunicación los que daban las sentencias de última instancia, donde eran juzgados o absueltos los y las ciudadanas por cualquier conflicto” señala María Augusta.
A pesar de que en la Constitución ecuatoriana que entró en vigor en el año 2008 se establece como fundamental el derecho de la comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, bajo “artículos inéditos” a decir de la legisladora ecuatoriana, es hasta el pasado 2013 cuando se expide la Ley Orgánica que habría de complementar el derecho comunicativo.
El artículo 16 constitucional, perteneciente a la Sección Tercera sobre Comunicación e Información, establece que todas las personas, ya sea en forma individual o colectiva, tienen derecho a una comunicación libre intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.
Es por ello, señala María Augusta Calle, que los medios tienen obligatoriamente que tener una hora diaria para tener un programa en alguna de las lenguas de las nacionalidades ancestrales.
Además, la ley establece el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, la creación de medios de comunicación social y el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.
La decisión de legislar con tanta precisión el quehacer comunicacional, señala la legisladora es dado que “eran los medios quienes definían el rumbo del país, medios que estaban ligados y eran parte de los grandes grupos económicos del poder financiero y bancario. Situación con la cual nos encontramos, quienes somos parte del Movimiento Alianza País, un Ecuador con la idea de que había que romper los poderes fácticos que gobernaban al país, y entrar a tener un gobierno donde hubiera un poder popular, donde las autoridades electas ejerzan el poder sin la dirección de los medios de comunicación”.
Entre otras cosas, la Ley Orgánica de Comunicación establece que bajo el principio de democratización de la comunicación e información, las actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con competencias en materia de derechos a la comunicación propenderán permanentemente y progresivamente a crear las condiciones materiales, jurídicas y políticas para alcanzar y profundizar la democratización de la propiedad y acceso a los medios de comunicación, a generar espacios de participación, al acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por suscripción, las tecnologías y flujos de información.
“Apenas empezamos a tratar el tema de la Ley de Comunicación empezó una fuertísima campaña mediática contra la misma. Empezó un linchamiento mediático contra los legisladores que estábamos empeñados a sacar la Ley de Comunicación. La primera estrategia fue hacer una millonaria campaña que constaba de más de 6 millones de dólares, para decir que ‘la mejor ley es la que no existe’, sin embargo, como vieron que avanzó, siguieron con la consigna de que se trataba de una Ley Mordaza”, destacó María Augusta Calle.
La lucha por consolidar la Ley de Comunicación fue muy fuerte, narró la legisladora en entrevista, haciendo énfasis en que demasiadas presiones a nivel nacional e internacional, “entraron en este juego político una cantidad enorme de organizaciones internacionales de la derecha más reaccionaria, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), misma que es dueña de distintos medios de comunicación impresos en América, del mismo modo, Reporteras sin Fronteras e incluso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Un proceso muy duro pero salimos adelante cuando en junio del 2013, se logró expedir la ley conforme al mandato constitucional”.
Catalogada por la legisladora como un mecanismo “de transformaciones enormes”, la Ley Orgánica de Comunicación, prohibió que los dueños de los medios de comunicación tuvieran alguna vinculación con la banca, estableció la producción de contenidos comunicativos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades con el fin de que produzcan y difundan contenidos “que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua”.
Sin embargo, en la legislación, también destacan los derechos de los comunicadores.
Los periodistas tienen establecido el derecho a la cláusula de conciencia, donde éstos puedan garantizar la independencia en el desempeño de sus funciones en actos como negarse a firmar textos modificados por un superior.
Derecho a reservar la fuente de información, mantener el secreto profesional y la garantía del libre ejercicio de la comunicación son algunos derechos garantizados por la Ley Orgánica de la Comunicación.
En ámbitos más prácticos, explica Calle, “ya no hay periodistas que ganen un salario mínimo de periodista que es el doble de un salario mínimo oficial, a los periodistas se les tiene que dar sus instrumentos de trabajo y no sean los reporteros quienes deban tener sus propios instrumentos para poder trabajar, ya hay contratos y hay estabilidad laboral, hay seguridad social y seguros especiales para coberturas de riesgo”.
La ley ha logrado desempeñar un papel fundamental en procesos paralelos como el reforzamiento de la identidad nacional, el incremento de la industria audiovisual, ya que “la publicidad que se emite en territorio nacional, “ya sea en radio, televisión o impresas debe hacerse por empresas ecuatorianas cuya plantilla esté compuesta en el 80 por ciento de ecuatorianos, además de que los creativos y directores tienen que ser ecuatorianos”, explicó María Augusta Calle.
Con una sonrisa en su rostro, la legisladora señala que por fin se ha comenzado a usar el talento ecuatoriano, cambiando la visión estética de la identidad nacional al contratarse modelos ecuatorianos, “ahora no es la excesiva delgadez el sinónimo de la belleza porque los ecuatorianos no somos delgaditos ni flaquitos ni muy altos, somos chiquitos, gorditos, morenitos, esa es nuestra fisonomía y eso se está recuperando en la estética, la percepción que tiene el país de sí mismo”.
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