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Por Julia Evelyn Martínez | Voces
Más allá de la falta de originalidad de la propuesta y/o el desatino
de usar a Honduras como ejemplo de buena práctica internacional -cuando
aún este país no ha puesto en práctica esta experiencia-, la propuesta
de la ANEP debe ser analizada a la luz de dos tendencias globales: la
privatización del gobierno de las ciudades y la creciente capitulación
de gobiernos progresistas y socialistas ante el Capital.
Las denominaciones y modalidades de privatización del gobierno de las
ciudades son variadas. En Canadá y Estados Unidos se les conoce como
BID (Business Improvement District), en Asia como Ciudades con Estatuto
Independiente, y en América Latina como Zonas Especiales Económicas y/o
Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Social. Las modalidades de
ciudades charter también son variadas, y oscilan entre la concesión de
las funciones de gobierno de un determinado territorio a una
corporación empresarial hasta versiones menos extremas, en donde la
gestión territorial se realiza mediante un asocio público-privado.
La propuesta de privatización del gobierno de las ciudades es lo más
parecido a la utopía del anarco capitalismo, elaborada por Murray N.
Rothbard, y apoyada por un grupo importante de miembros de la Escuela
Austríaca de Economía y de la Sociedad Mont Pellerin. De acuerdo a
Rothbard, las funciones del Estado se clasifican en las funciones
innecesarias (controles de precios, subsidios, impuestos, etc.) que
deben ser eliminadas, y las funciones necesarias (ley, educación,
seguridad, etc.), que deben ser privatizadas. La progresiva eliminación
del Estrado y la privatización del gobierno serían en opinión de este
autor, la vía más segura para alcanzar la prosperidad y la democracia
en los países. En sus palabras: “La forma más perfecta de democracia
directa solo se alcanzará una vez que el mercado libre se extienda a
todas las áreas que actualmente se han reservado con carácter
monopolista los gobiernos, a través de una constelación de agencias
privadas de tipo voluntario que compitan y se solapen entre sí a la hora
de prestar sus servicios de defensa y seguridad”. (Para una nueva
libertad, 1973).
De acuerdo a los impulsores de estas iniciativas, en la medida que
las ciudades chárter se convierten en “vitrinas” que muestran al resto
de la sociedad las ventajas de la gobernanza privada sobre la
gobernanza pública y de las relaciones capitalistas de producción sobre
otras formas de organización económica, solo sería cuestión de tiempo
para que este modelo de gobierno privado y de economía capitalista se
expanda y/o se consolide en resto de país y del Estado.
Un aspecto novedoso de estas ciudades chárter, es que – con algunas
variantes-, están siendo adoptadas por países con gobiernos
progresistas (Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela) y/o por gobiernos
de Estados socialistas (Cuba, Vietnam) que aspiran a realizar una
transición ordenada (“aterrizaje suave”) hacia un capitalismo
controlado por el Estado, como el modelo capitalista de China. En
todos estos casos, los gobiernos justifican la creación de zonas
especiales de desarrollo, como una medida de pragmatismo político,
frente a la necesidad de defender y/o profundizar los avances sociales
mediante un mayor crecimiento económico proveniente de la inversión
extranjera y las exportaciones.
Precisamente en el documento ENADE 2014, se acude al ejemplo de la
Zona Especial de Desarrollo del Puerto Mariel (ZEDM) en Cuba, para
ilustrar las ventajas que para El Salvador tendría la adopción del
modelo de gestión territorial de las ciudades chárter. De acuerdo a
este documento, el ZEDM es actualmente la principal apuesta de
desarrollo económico del gobierno cubano y pretende convertir a una zona
de 465 kilómetros en el motor de la economía nacional, mediante
políticas especiales para atraer inversiones extranjeras, con
legislación distinta a la que existe en el resto de la isla. Entre
estas medidas especiales se encuentra la exención del pago de
impuestos a las utilidades y a las importaciones, la exención de pago de
impuestos o comisiones a las transferencias de utilidades al exterior, y
la aprobación de un régimen especial de contratación de mano de obra.
Todas las zonas especiales de desarrollo que se están creando en el
mundo y en particular en países como Cuba y Venezuela, tienen como
denominador común la aceptación de la inevitabilidad del Capital como
medio para el crecimiento económico, el empleo y el financiamiento de
políticas sociales. Es decir, el reconocimiento explícito de que para
crecer, producir, innovar, crear empleos y/o exportar se necesita del
Capital y que éste solo actuará en favor de estos objetivos, sí se le
permite actuar libremente, sin la interferencia del Estado y de las
leyes nacionales y sin las presiones de grupos de interés, como los
sindicatos o los grupos ambientalistas.
Como un buen ejemplo que ilustra esta tendencia se puede citar el
discurso que pronunció el pasado 08.03.2014, el Presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, en ocasión del anuncio de la creación de la
Zona Económica Especial de Desarrollo del Puerto Cabello (departamento
de Carabobo), en lel cual hizo un vehemente llamado al Capital nacional
y extranjero a invertir en esa ZEDE: “Que vengan con su inversión, su
tecnología. Que tengan sus dividendos y que nosotros tengamos desarrollo
económico, generación de empleo y dividendos para el desarrollo
social”.
Se está configurando una peligrosa paradoja entre los partidos
políticos, movimientos sociales y/o gobiernos que se definen como
anti-capitalistas o anti-colonialistas, y que consiste en creer que,
para avanzar hacia el socialismo y/o profundizar el socialismo, se
puede acudir al auxilio del capitalismo.
Por el momento el gobierno salvadoreño y sus aliados parecen no tener
una postura clara frente a la propuesta de la ANEP sobre las ciudades
chárter. A lo mejor piensan que criticar esta propuesta es como
criticar de forma indirecta a los gobiernos progresistas de Ecuador,
Venezuela o Nicaragua que están impulsando este modelo de zonas libres
para el Capital, pero seguramente también les preocupa que sí deciden
adherirse abiertamente a esta propuesta, ello puede representar un
distanciamiento con algunos sectores sociales, sindicales e
intelectuales, que aún mantienen la esperanza en la naturaleza
revolucionaria y socialista de este gobierno.
Al igual que con los Asocios Público Privados, tanto el gobierno
como el partido en el gobierno, deberán asumir más tarde o más
temprano, una postura definida en torno al tema, y ya no bastará con
repetir que harán zonas de desarrollo especial “a la salvadoreña”. Esto
se convertirá en otra prueba para calibrar la calidad de los cambios que
este gobierno y este partido están dispuesto a llevar adelante, y
para avizorar el horizonte utópico (o dis-tópico) que les orienta en
este proceso.
Mientras tanto, podría ser oportuno recordar cuales son las razones
que fundamentan la necesidad de ruptura con el Capital, si es que se
quiere realmente avanzar en una ruta contraria a la ruta capitalista de
desarrollo y construir una sociedad alternativa al capitalismo. Michel
Lebowit, nos advierte que, “Hasta que los trabajadores no rompan con
la idea que el Capital es necesario, un Estado en el cual ellos tengan
la supremacía política solo actuará para facilitar las condiciones para
la reproducción ampliada del Capital. En consecuencia, el Estado
permanece totalmente dentro de los límites de la relación capitalista y
es su garante, mientras los trabajadores consideren las exigencias del
Capital como “leyes naturales” evidentes por sí mismas”. (Más allá del
Capital, 1995)
En otras palabras, a más dependencia del Capital, menos
posibilidades de romper con el capitalismo. Y este principio se impone
aun cuando se tenga un discurso anti-capitalista y/o anti-colonialista.
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