Por Mauricio Álvarez | FECON
El nuevo Gobierno envió un mensaje claro a favor de la salud pública y que se convierte en una respuesta positiva para las comunidades organizadas en contra de la incineración, las cuales ejercen la democracia de forma activa su para lograr el cumplimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Mediante el Decreto Ejecutivo 38500-S-MINAE, el Ministerio de Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Salud, establecen una moratoria nacional de las actividades de transformación térmica de residuos ordinarios sólidos, hasta que no exista certeza científica de sus consecuencias por parte de las autoridades gubernamentales competentes.
La histórica decisión está sustentada en las competencias otorgadas por la constitución y la Ley de Gestión Integral de Residuos, la Ley General de Salud y Ley Orgánica del Ambiente, entre otras, el principio precautorio y la falta de certeza científica acerca de las consecuencias de esta actividad, para la salud ambiental y personal.
La incineración de basura va en contra del espíritu original de Ley de Gestión de Residuos, que promueve la separación, la clasificación y además, establece una clara jerarquización para la recuperación de materiales sobre el aprovechamiento energético de los mismos. La incineración, por su parte, desincentiva el reciclaje y fomenta el consumo, al tiempo que aumenta el calentamiento global.
El avance del negocio de quemar residuos
En el país se estuvieron promoviendo tecnologías que pretenden la producción de energía eléctrica mediante la transformación térmica (combustión, gasificación, pirolisis, plasma), que generó el interés - según FEMETROM (Nación, 30-11-13) - de 50 empresas de 20 países.
En este momento son 13 proyectos los que avanzan en Carillo, Cañas, Abangares, Parrita, San Carlos, Alajuela, Atenas, Gran Área Metropolitana, Barranca, León Cortés, Goicoechea y San Ramón (Ver http://feconcr.org/doc/incineracion/panoramaincineracion.pdf). En este último cantón la movilización social hizo que el Concejo Municipal votara en contra del acuerdo con una compañía privada.
Si bien aún no se publica el texto final del decreto y desconocemos los alcances con relación a este panorama de proyectos avanzados, ninguno de estos se habría consolidado. Esto porque los proyecto aún estaban siendo evaluados por la SETENA y no se cuenta con un reglamento para el Tratamiento Térmico de Residuos, que incluya los límites de emisiones para gases tóxicos y contaminantes de la combustión y partículas (metales, dioxinas y furanos) producto de la incineración de los desechos.
Además del reglamento y la viabilidad ambiental tenían que cumplir con la aprobación municipal de uso del suelo, planos constructivos, permiso sanitario de funcionamiento y aún falta establecer equipo de control de emisiones, el cual, según sea el caso, estandariza métodos de medición de referencia de EEUU y Unión Europea.
Comunidades despiertas y organizadas defendieron nuestros derechos
Desde hace varios años, comunidades de todo el país iniciaron una movilización contra este tipo de proyectos. Destaca la comunidad de Barranca, que inició con el estudio y una fuerte oposición, y fueron quienes encabezaron una petición a la Ministra de Salud de la administración pasada, con el fin de denegar el permiso de producción de combustibles derivados de residuos (CDR).
Este esfuerzo en Barranca fue impulsado por Julio Müller, quien lastimosamente falleció el año pasado, y que realizó un trabajo de investigación y organización muy exhaustivo.
En el caso del proyecto de Barranca, no fue sino tras meses de protestas, manifestaciones y acciones legales, que la comunidad logró que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) archivara el proyecto.
Otro caso importante fue el articulado por el movimiento en contra de la construcción de una incineradora de basura en la comunidad de Río Grande de Atenas, que activó la movilización que ha detenido el avance del proyecto.
Las Comunidades del Coyol y Alajuela demostraron una gran capacidad de organización, estudio y estrategia frente un proyecto que aún no cuenta con viabilidad ambiental. Como consecuencia de esta lucha algunos líderes fueron demandados por la empresa en instancias judiciales.
Alternativas en marcha
Muchas organizaciones comunales y municipalidades están promoviendo procesos de recolección separada de residuos y apoyando una serie de iniciativas que se dedican a la recuperación de residuos valorizables, en virtud del cumplimiento a la Ley de Gestión Integral de Residuos, acciones que generan ingresos y empleo para un grupo importante de personas, organizaciones, cooperativas y microempresas, dinamizando las economías locales y la nacional.
Tales son los casos de la Municipalidad de Alvarado, que trasformó el problema de los desechos en una solución económica y ambiental, la de Santo Domingo de Heredia que está valorando prohibir la incineración de desechos y aumentar su programa de reciclaje, o la de Coto Brus que tiene un ambicioso Proyecto de Parque Ecológico para activar la economía local a partir de la gestión de desechos sólidos.
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