Por Coordinadora de Medios en Solidaridad con Copinh *
El próximo miércoles 25 de septiembre se reanudará el proceso legal contra David Castillo, detenido el 2 de marzo de 2018 como “autor intelectual” en el asesinato de la lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) Berta Cáceres. Cáceres y su organización Copinh, que lucha por los derechos de la comunidad Lenca y contra el capitalismo, racismo y patriarcado, estaba al frente de una batalla feroz contra la construcción de una represa hidroeléctrica sobre un río sagrado para la comunidad Lenca.
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca es impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) que ha contado con financiamiento de diversos bancos e instituciones internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco de Desarrollo Holandés (FMO), FinnFund, Banco Financiera Centroamericana (Ficensa), Banco Mundial y USAID, entre otros. Así que la resistencia de la comunidad de Río Blanco, aldeana al río Gualcarque donde querían construir el proyecto, apoyada por el Copinh con el liderazgo de Berta Cáceres, tuvo una respuesta muy fuerte por parte de la empresa y el estado hondureño que también tenía interés en el proyecto.
Tanto los miembros de la comunidad como los miembros del Copinh, en especial Berta, se enfrentaban con una campaña de vigilancia, intimidación, hostigamiento, amenazas, violencia, y criminalización por las fuerzas de seguridad del estado, la seguridad privada de la empresa y personas armadas pagadas por la empresa. Esa violencia fue denunciada en varias ocasiones ante el Estado de Honduras y distintas entidades internacionales, pero nunca se tomaron las medidas necesarias para frenarla ya que era ‘necesaria’ para seguir adelante con el proyecto.
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca es impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) que ha contado con financiamiento de diversos bancos e instituciones internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco de Desarrollo Holandés (FMO), FinnFund, Banco Financiera Centroamericana (Ficensa), Banco Mundial y USAID, entre otros. Así que la resistencia de la comunidad de Río Blanco, aldeana al río Gualcarque donde querían construir el proyecto, apoyada por el Copinh con el liderazgo de Berta Cáceres, tuvo una respuesta muy fuerte por parte de la empresa y el estado hondureño que también tenía interés en el proyecto.
Tanto los miembros de la comunidad como los miembros del Copinh, en especial Berta, se enfrentaban con una campaña de vigilancia, intimidación, hostigamiento, amenazas, violencia, y criminalización por las fuerzas de seguridad del estado, la seguridad privada de la empresa y personas armadas pagadas por la empresa. Esa violencia fue denunciada en varias ocasiones ante el Estado de Honduras y distintas entidades internacionales, pero nunca se tomaron las medidas necesarias para frenarla ya que era ‘necesaria’ para seguir adelante con el proyecto.
Contexto
Desde su asesinato, la causa de Berta Cáceres -que ahora implica por lo menos 13 casos jurídicos- ha sido marcado por irregularidades, violaciones al debido proceso, hostigamiento a la defensa, a su organización y familiares, y en general una falta de voluntad por parte de las instituciones del Estado para llegar a la justicia verdadera.
En noviembre del año pasado fueron condenadas 7 personas, acusadas de participar en el asesinato de Berta como autores materiales. Aunque el Copinh y las demás organizaciones celebraron esas condenas como fruto de su lucha por la justicia, también denunciaron que el Estado intentó terminar con la causa Berta Cáceres y dejar por fuera la estructura poderosa que planificó y financió el crimen.
En el transcurso de ese juicio, se negó casi sistemáticamente cada prueba, evidencia, testigo o informe de perito que buscaba vincular los autores intelectuales, como los miembros de la familia Atala Zablah, al asesinato y contextualizar el asesinato como parte de una estrategia de represión de la empresa DESA. A su vez, los jueces del caso excluyeron la defensa legal de las víctimas del juicio y negaron el reconocimiento de Copinh como víctima en el caso. Y aún, casi diez meses después, no sentenciaron los siete condenados.
Perfil: ¿Quién es David Castillo?
Castillo, un militar graduado de la escuela militar de West Point en Estados Unidos y subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, también es presidente del consejo de administración y representante legal de DESA desde 2011. A David Castillo se le acusa de participar en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, o sea de haber participado en la vigilancia a Berta en terreno, la planificación del asesinato, y la coordinación entre los altos mandos de la empresa y el grupo de sicarios que ejecutaron el crimen. Castillo es la pieza fundamental que vincula los que dispararon y los que los pagaron para disparar.
“Esperamos que a partir de la audiencia preliminar se dé paso al juicio oral y público, y también que a partir de esto se logre hacer una investigación a todos los autores intelectuales del asesinato como son la familia Atala Zablah, que sabemos bien desde las organizaciones que son ellos quienes pagaron y ordenaron este crimen” explicó Suli Madariaga del Copinh.
En el informe “Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética de Honduras: un perfil de Roberto David Castillo Mejía”, hecho por organizaciones internacionales como Due Process of Law Foundation, International Platform Against Impunity, Robert F. Kennedy Human Rights, y Guatemala Human Rights Commission, se señala que Castillo no está meramente vinculado en la planificación y la coordinación del asesinato de Berta, sino que está involucrado en una serie de actividades delictivas incluyendo corrupción y fraude mientras era servidor público y graves violaciones de los derechos humanos.
Tras una cuidadosa investigación, el informe se afirma que las actividades criminales atribuidas a Castillo fueron presumiblemente emprendidas para promover los intereses de las empresas con las que estaba asociado. Esto incluye denuncias de actos que constituyen corrupción y violaciones de los derechos humanos. Aparentemente, sostienen, varias empresas se han beneficiado de la comisión de presuntos delitos, los que habrían beneficiado a DESA y compañías relacionadas a esta. Por su parte, las dificultades para obtener acceso a la información de varias empresas y las leyes que permiten el anonimato de la propiedad de las empresas registradas en Panamá, hacen que sea extremadamente difícil determinar la identidad de dichas empresas.
Castillo era director, accionista o ejecutivo, de al menos ocho empresas, de las cuales, seis estaban constituidas en Honduras y dos en Panamá: Mithril Capital y Potencia y Energía de Mesoamérica SA (PEMSA).
La evidencia presentada a los Tribunales hondureños por los fiscales sugiere que Castillo participó en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, presuntamente coordinando y presumiblemente proporcionando fondos a los autores materiales con el fin de llevar a cabo el asesinato. Castillo ha sido acusado y el caso permanece en la fase preliminar de enjuiciamiento; ningún otro autor intelectual del crimen ha sido arrestado. Este crimen, fue parte de un patrón de violencia, corrupción, intimidación, enjuiciamiento malicioso, violencia e impunidad orquestada por Castillo y otras personas en la empresa DESA, quienes parecen haber funcionado como una estructura criminal.
Desde su asesinato, la causa de Berta Cáceres -que ahora implica por lo menos 13 casos jurídicos- ha sido marcado por irregularidades, violaciones al debido proceso, hostigamiento a la defensa, a su organización y familiares, y en general una falta de voluntad por parte de las instituciones del Estado para llegar a la justicia verdadera.
En noviembre del año pasado fueron condenadas 7 personas, acusadas de participar en el asesinato de Berta como autores materiales. Aunque el Copinh y las demás organizaciones celebraron esas condenas como fruto de su lucha por la justicia, también denunciaron que el Estado intentó terminar con la causa Berta Cáceres y dejar por fuera la estructura poderosa que planificó y financió el crimen.
En el transcurso de ese juicio, se negó casi sistemáticamente cada prueba, evidencia, testigo o informe de perito que buscaba vincular los autores intelectuales, como los miembros de la familia Atala Zablah, al asesinato y contextualizar el asesinato como parte de una estrategia de represión de la empresa DESA. A su vez, los jueces del caso excluyeron la defensa legal de las víctimas del juicio y negaron el reconocimiento de Copinh como víctima en el caso. Y aún, casi diez meses después, no sentenciaron los siete condenados.
Perfil: ¿Quién es David Castillo?
Castillo, un militar graduado de la escuela militar de West Point en Estados Unidos y subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, también es presidente del consejo de administración y representante legal de DESA desde 2011. A David Castillo se le acusa de participar en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, o sea de haber participado en la vigilancia a Berta en terreno, la planificación del asesinato, y la coordinación entre los altos mandos de la empresa y el grupo de sicarios que ejecutaron el crimen. Castillo es la pieza fundamental que vincula los que dispararon y los que los pagaron para disparar.
“Esperamos que a partir de la audiencia preliminar se dé paso al juicio oral y público, y también que a partir de esto se logre hacer una investigación a todos los autores intelectuales del asesinato como son la familia Atala Zablah, que sabemos bien desde las organizaciones que son ellos quienes pagaron y ordenaron este crimen” explicó Suli Madariaga del Copinh.
En el informe “Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética de Honduras: un perfil de Roberto David Castillo Mejía”, hecho por organizaciones internacionales como Due Process of Law Foundation, International Platform Against Impunity, Robert F. Kennedy Human Rights, y Guatemala Human Rights Commission, se señala que Castillo no está meramente vinculado en la planificación y la coordinación del asesinato de Berta, sino que está involucrado en una serie de actividades delictivas incluyendo corrupción y fraude mientras era servidor público y graves violaciones de los derechos humanos.
Tras una cuidadosa investigación, el informe se afirma que las actividades criminales atribuidas a Castillo fueron presumiblemente emprendidas para promover los intereses de las empresas con las que estaba asociado. Esto incluye denuncias de actos que constituyen corrupción y violaciones de los derechos humanos. Aparentemente, sostienen, varias empresas se han beneficiado de la comisión de presuntos delitos, los que habrían beneficiado a DESA y compañías relacionadas a esta. Por su parte, las dificultades para obtener acceso a la información de varias empresas y las leyes que permiten el anonimato de la propiedad de las empresas registradas en Panamá, hacen que sea extremadamente difícil determinar la identidad de dichas empresas.
Castillo era director, accionista o ejecutivo, de al menos ocho empresas, de las cuales, seis estaban constituidas en Honduras y dos en Panamá: Mithril Capital y Potencia y Energía de Mesoamérica SA (PEMSA).
La evidencia presentada a los Tribunales hondureños por los fiscales sugiere que Castillo participó en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, presuntamente coordinando y presumiblemente proporcionando fondos a los autores materiales con el fin de llevar a cabo el asesinato. Castillo ha sido acusado y el caso permanece en la fase preliminar de enjuiciamiento; ningún otro autor intelectual del crimen ha sido arrestado. Este crimen, fue parte de un patrón de violencia, corrupción, intimidación, enjuiciamiento malicioso, violencia e impunidad orquestada por Castillo y otras personas en la empresa DESA, quienes parecen haber funcionado como una estructura criminal.
Durante el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres en el año 2018 la evidencia sugirió que Castillo y sus asociados, junto a empleados de DESA, obtuvieron el apoyo de instituciones clave del gobierno hondureño, utilizando sus influencias en el Ministerio de Seguridad, la policía y el ejército así como influencias inapropiadas en el poder judicial hondureño, aparentemente para avanzar en los esfuerzos de intimidar, perseguir y neutralizar a Berta Cáceres y la oposición de Copinh al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. DESA y los representantes que emplea continúan en la actualidad promoviendo la estigmatización de Berta Cáceres, Copinh y los miembros de la comunidad indígena Lenca en Río Blanco después del asesinato de Cáceres.
Un dato importante que han señalado Copinh y la familia de Cáceres es que ocho meses después del asesinato de Berta, Castillo compró una casa de lujo que vale 1.4 millones de dólares en Houston, Texas. Hace poco, las hijas y el hijo de Cáceres presentaron una citación ante una corte federal en EEUU para acceder a los registros financieros de Castillo del banco que le dio la hipoteca a Castillo y creen que esos registros tendrían alguna información sobre los motivos financieros al crimen y información sobre quien está vinculado.
A pesar de las pruebas contundentes que vinculan Castillo al crimen, su defensa con el apoyo de los medios corporativos de Honduras “han instalado una campaña que busca victimizar a David Castillo y deslegitimar el proceso en su contra, cuestionando las pruebas que lo vinculan con el asesinato e intentando justificar su inocencia con una narrativa absolutamente perversa y revictimizante”, denunció el Copinh.
Con eso buscan garantizar la impunidad de David Castillo y obstruir la búsqueda de la justicia verdadera en donde “todas las personas responsables por el asesinato de Berta y por las agresiones sistemáticas perpetradas contra el Copinh, incluyendo tanto a David Castillo como a la familia Atala Zablah, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), funcionarios estatales, miembros de las fuerzas armadas, financiadoras y más” serían juzgadas y sancionadas.
“Esperamos el acuerpamiento de todas las organizaciones que han sido parte y que quieren ser parte de este proceso por la búsqueda de justicia de nuestra hermana Berta Cáceres que es compañera de todos y todas” sostuvo Suli Madariaga. Y afirmó “si bien sabemos que la justicia no está en realidad en estos tribunales, queremos romper con esta cadena de impunidad que se vive en Honduras”. Para Madariaga, este proceso de lucha y justicia por Berta Cáceres en Honduras puede funcionar como bisagra para la situación de criminalización y represión existente. “En un país en el que nunca pasa nada, donde siempre las personas que defienden los territorios y luchan por la vida son las criminalizadas, y cuando se produce un crimen contra ellas no se investiga y queda en la impunidad, es muy importante que se esté llevando a cabo un proceso con estas características”.
Justicia para Berta es justicia para los pueblos
Carolina Hernández también hace parte del Copinh, por su parte solicitó mediante la coordinadora de medios alternativos, populares y comunitarios en solidaridad con el Copinh que todas aquellas personas y organizaciones que se sientan interpeladas por el crimen contra Berta Cáceres se puedan solidarizar. “Les pedimos que nos acompañen, acuerpen y estén presentes en los diferentes momentos que estamos viviendo con esta causa y principalmente en búsqueda de esa justicia verdadera e integral por la cual los pueblos seguimos resistiendo y luchando” afirmó.
De igual manera solicitaron que se realicen diversas acciones de visibilización en los diferentes medios, embajadas, redes sociales presionando a los diferentes órganos del Estado de Honduras.
Para Hernández “este proceso también viene a garantizar los derechos y romper las cadenas de impunidad que se mantienen en Honduras contra los diferentes ataques, asesinatos y femicidios de compañeras y compañeros”. Por eso sostuvo que “hacer justicia para Berta pueda hacer justicia para todos los pueblos”.
Para Hernández “este proceso también viene a garantizar los derechos y romper las cadenas de impunidad que se mantienen en Honduras contra los diferentes ataques, asesinatos y femicidios de compañeras y compañeros”. Por eso sostuvo que “hacer justicia para Berta pueda hacer justicia para todos los pueblos”.
Para finalizar, Madariaga reforzó “como Copinh nos juntamos y abrazamos la esperanza para la búsqueda por justicia para Berta Cáceres, porque justicia para Berta también significa justicia para Honduras -recordó- un país tan golpeado por la impunidad, la corrupción y la violencia, esperamos que desde aquí se comience un cambio en este sistema”.
(*) ALBA TV – Venezuela, Colombia Informa – Colombia, Marcha Noticias – Argentina, Notas Periodismo Popular – Argentina, Noticiero Barrio Adentro – Colombia, Peoples Dispatch, Resumen Latinoamericano – Argentina – América Latina
(*) ALBA TV – Venezuela, Colombia Informa – Colombia, Marcha Noticias – Argentina, Notas Periodismo Popular – Argentina, Noticiero Barrio Adentro – Colombia, Peoples Dispatch, Resumen Latinoamericano – Argentina – América Latina
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