Por Radio Progreso
Irregularidades en la entrega de la concesión minera en el municipio de Tocoa, Colón, resalta el informe preliminar de la Coalición Contra la Impunidad, que desarrolló recientemente una visita a la comunidad Guapinol.
El documento presentado esta semana ante los medios de comunicación, asegura que la concesión del proyecto minero otorgado a Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez, es producto de prácticas legislativas irregulares y de corrupción, que ahora tienen al municipio en crisis y sus comunidades dividas.
El informe además denuncia la criminalización de los defensores y defensoras del Campamento Guapinol a través del delito de usurpación, dijo el abogado Edy Tábora, integrante de la Coalición Contra la Impunidad.
“Todas las concesiones que se dan en el Congreso Nacional desde el año 2009, tienen los mismos patrones: celeridad para que la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente conceda la licencia sin consultar a las comunidades. Por otra parte, se agiliza la aprobación en el Congreso sin garantizar los debates respectivos, los tres debates garantizados en la Constitución de la república, y sin ninguna información a los diputados y diputadas, y mucho menos a la prensa y a las comunidades”, dijo Tábora, al tiempo que recordó que en estos proyectos siempre hay redes de corrupción en la entrega del concesionamiento.
El documento presentado esta semana ante los medios de comunicación, asegura que la concesión del proyecto minero otorgado a Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez, es producto de prácticas legislativas irregulares y de corrupción, que ahora tienen al municipio en crisis y sus comunidades dividas.
El informe además denuncia la criminalización de los defensores y defensoras del Campamento Guapinol a través del delito de usurpación, dijo el abogado Edy Tábora, integrante de la Coalición Contra la Impunidad.
“Todas las concesiones que se dan en el Congreso Nacional desde el año 2009, tienen los mismos patrones: celeridad para que la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente conceda la licencia sin consultar a las comunidades. Por otra parte, se agiliza la aprobación en el Congreso sin garantizar los debates respectivos, los tres debates garantizados en la Constitución de la república, y sin ninguna información a los diputados y diputadas, y mucho menos a la prensa y a las comunidades”, dijo Tábora, al tiempo que recordó que en estos proyectos siempre hay redes de corrupción en la entrega del concesionamiento.
Visita in loco
Las organizaciones que conforman la Coalición contra la Impunidad desarrollaron una visita a la comunidad Guapinol, además se reunieron con autoridades municipales, judiciales y policías, para conocer su visión frente al conflicto.
Durante la visita se registraron las violaciones a derechos humanos cometidas por policías y militares durante la brutal represión que se presentó en el desalojo del campamento Guapinol el pasado 27 de octubre, además del enfrentamiento un día después entre guardias de la empresa que acabó con la vida de dos militares.
En la conferencia de prensa, los integrantes de la Coalición denunciaron el proceso de remilitarización que vive la zona. “La remilitarización es sumamente grave porque continúan intimidando a las personas que participan en la defensa del agua. Los policías y militares proceden de diversas partes del país, además de los grupos paramilitares que están agrediendo a las comunidades que se oponen al proyecto”, dijo Tábora.
El coordinador del Comité por la Libre Expresión dijo que entre los tipos penales que se utilizan para criminalizar a los defensores está el delito de usurpación, ya que ahora es conocido por un Juzgado de jurisdicción nacional que agudiza los casos. “Esta reforma en Honduras fue impulsado por el propio Juan Orlando Hernández el 25 de septiembre de 2017, para quedar bien con los empresarios, y así criminalizar la defensa de los territorios”.
La lucha no para
Rechazando la criminalización y asegurando que continuarán defendiendo el río Guapinol, Gabriela Sorto, integrante del Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, reiteró que la demanda para el alcalde de Tocoa, Adán Funez, es la convocatoria a cabildo abierto para declarar la zona libre de minería.
“No entendemos porqué la comunidad está siendo tan militarizada, nosotros no somos unos asesinos, lo que hacemos es defender el agua, porque sin oro podemos vivir, sin agua moriremos”, dijo Sorto, quien participó con la conferencia de prensa.
El informe es firme al denunciar la incursión bélica y la violencia extrema por parte de al menos 1,500 agentes policiales y militares, quienes el día 27 de octubre desalojaron el “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida”.
Sobre la violencia la Coalición demandó al Estado de Honduras: “investigar la existencia de grupos armados en la zona, que operan al margen de la ley, aun con la plena vigencia del decreto legislativo que prohíbe expresamente la portación pública de armas en el Departamento de Colón. Además, de investigar las acciones constitutivas de delito de estos grupos armados, ponerlo a la orden de la justicia, deducir responsabilidad y brindar una justa reparación a las víctimas”.
Otra de las demandas es la exigencia de un alto a la violencia estatal y privada, la desmilitarización inmediata, el cierre del proceso penal, la investigación de las violaciones a derechos humanos, que se dé una respuesta rápida por parte de la Corporación Municipal encabezada por el alcalde Adán Fúnez a la demanda del Comité Pro Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, que se revoque la concesión ilegal.
Al finalizar la conferencia las organizaciones que conforman la Coalición Contra la Impunidad, afirmaron que la única forma de tratar los conflictos ambientales es respetando el derecho a la consulta previa libre e informada. Todo proyecto impuesto en las comunidades tarde o temprano se expresará como una grave crisis social que entraña violaciones de derechos humanos. La transformación de este conflicto debe pasar necesariamente por la revisión del cumplimiento de este requisito y la efectiva participación de las comunidades.
Gabriela Sorto reiteró el llamado al alcalde Adan Fúnez para convocar a un cabildo abierto que permite una declaratoria municipal de proyectos extractivos que hasta ahora están generando muerte y odio en las comunidades.
Fuente: Radio Progreso
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