El
fallecimiento en 2008 de un albañil en la construcción del Hotel Riu
Matapalo, Guanacaste, es recordado aún por los vecinos de la zona, que
denuncian la impunidad con la que actúan las grandes transnacionales.
Por Giorgio Trucchi | Alba Sud / Rel-UITA
Por Giorgio Trucchi | Alba Sud / Rel-UITA
En
las últimas dos décadas, miles de migrantes nicaragüenses se han
volcado hacia la vecina provincia de Guanacaste, atraídos por la demanda
de mano de obra vinculada a la agroindustria y la construcción de
hoteles de lujo, residenciales y complejos turísticos. Pero una masiva
oferta de empleo no se convierte necesariamente en trabajo digno.
La
provincia de Guanacaste destaca como uno de los destinos turísticos por
excelencia. Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT),
el año pasado tres de cada diez turistas nacionales eligieron a esta
localidad para vacacionar. Asimismo, el aeropuerto internacional “Daniel
Oduber” de Liberia registró en el 2015 casi 430 mil llegadas
internacionales, es decir el 23% del total de los ingresos por vía
aérea, con un aumento del 12,6% respecto al año anterior.
Ricardo
Acevedo García es originario de la comunidad Sardinal de Carrillo y es
miembro del Comité Pro Defensa de Conservación del Agua de Sardinal.
Trabaja como soldador y en más de una ocasión ha realizado labores en
las innumerables obras turísticas que en las últimas décadas han surgido
a lo largo y ancho de la provincia de Guanacaste. En conversación con
Alba Sud, Acevedo aseguró que detrás de las postales paradisiacas, las
playas y las palmeras, se oculta la otra cara de la moneda, la cara
triste del turismo.
El 6 de noviembre de 2008, centenares de
obreros -en su mayoría migrantes nicaragüenses indocumentados- que
trabajaban en Matapalo de Sardinalen la construcción de un lujoso hotel
de 700 habitaciones de la cadena española RIU, despertaron con fuertes
dolores de cabeza y estómago, fiebre, diarrea, vómito y problemas
respiratorios.
Según reportes de diferentes medios, fueron unas
350 las personas que necesitaron de atención médica, algunas de ellas
presentando cuadros clínicos graves. Eran parte de los aproximadamente
mil quinientos obreros que vivían en barracas sucias, malolientes,
hacinadas y sin ventilación, con camarotes de tres pisos donde trataban
de descansar tras largas e interminables jornadas de trabajo.
Todos
ellos trabajaban para las empresas subcontratistas (Constructora de la
Costa Pacífica S.A. CCP, Icon Ingeniería y Construcción S.A., y
Constructora de Matapalo DCR) encargadas por SF Costa Rica Hotelera de
Guanacaste S.A. –creada por la cadena española para operar en el país–
de la construcción del “RIU Hotels & Resorts”. Meses antes, una
inspección del Ministerio del Trabajo ya había detectado la presencia en
la obra de 368 obreros nicaragüenses sin permisos de trabajo.
Prohibido olvidar
Una
semana después, el 13 de noviembre, el joven Rafael Antonio Pérez
Sánchez, de 26 años, fallecía tras cuatro días casi sin comer y con una
fuerte diarrea. Había salido de Nicaragua el 25 de octubre. “Ésta es la
primera vez que me voy, pero voy a trabajar duro para que podamos
comprar aunque sea un terreno, vas a ver que todo va a mejorar”, dijo al
despedirse de su esposa Teresa Guadalupe Chamorro Espinoza.
Menos
de tres semanas después, la Cruz Roja costarricense entregaba a sus
familiares el cuerpo de Rafael Antonio envuelto en una bolsa negra. Ocho
años después, aún se desconocen las causas de la hemorragia interna
masiva que, supuestamente, acabó con su vida.
Aunque las
autoridades costarricenses absolvieron de responsabilidad tanto a la
cadena hotelera española como a las empresas constructoras, son muchos
los que piensan que las condiciones en que vivían y laboraban Rafael
Antonio y sus compañeros están fuertemente vinculadas a su muerte.
“Lo
que ocurrió en 2008 no fue una excepción, sino la trágica realidad que
viven cotidianamente miles de trabajadores en Guanacaste. Una situación
totalmente contra los derechos humanos, donde el obrero es explotado,
sometido a jornadas de trabajo extenuantes, sin derecho a ningún tipo de
prestación y con salarios de hambre”, dijo Ricardo Acevedo.
De acuerdo con el reportaje del semanario Universidad “Guanacaste construye su riqueza con miles de manos pobres”,
los obreros de la construcción trabajan unas 11 horas diarias y ganan
25 dólares por día, incluyendo las horas extraordinarias. Las empresas
descuentan la cuota del seguro pero casi nunca entregan el comprobante.
Además,
saben perfectamente que son muy pocos los trabajadores que aguantan por
mucho tiempo estas condiciones. “Aquí casi nadie aguanta el mes
completo. Ellos saben que la gente viene por tres o seis días y después
se va, entonces les rebajan el seguro pero nunca los inscriben",
denunciaban los obreros que se atrevieron a dar declaraciones.
El
maltrato y chantaje laboral son otros tipos de abusos que a menudo se
dan en el sector. “Me acuerdo que mientras estaba terminando un trabajo
en uno de estos hoteles, miré a dos jóvenes empleadas cargando un objeto
de valor. Aparentemente se equivocaron de ruta y su superior, una
mujer, no sólo les gritó sino que golpeó a una de las muchachas. Cuando
ella le reclamó, la señora le dijo algo que nunca olvidaré: Te golpeo
porque me da la gana. Además, si te pones renuente y no quieres
trabajar, en la puerta del hotel hay unas 20 personas esperando por tu
puesto. Así que tú decides”, rememoró Acevedo.
Gatopardismo
Tras
la muerte de Rafael Antonio Pérez, las autoridades cerraron la obra por
algunas semanas, supuestamente para permitir a la firma española
cumplir con los requisitos sanitarios. En diciembre de 2008 se reanudó
la construcción y las autoridades sanitarias nacionales aseguraron que
los errores habían sido corregidos. En aquella ocasión, Roberto
Echeverría Alfaro, abogado de RIU, dio declaraciones: “No se puede tapar
el sol con un dedo. Se cometió un pecado en el tema migratorio y hubo
problemas de hacinamiento. Todo ya está resuelto, por eso le puedo decir
que en RIU hay un antes y un después”.
A ese propósito, el
semanario Universidad mostró en su reportaje serias dudas acerca de los
cambios y ajustes realizados por la cadena hotelera, así como sobre el
secretismo que envolvió el caso del joven obrero nicaragüense, cuya
muerte nunca fue aclarada. En ningún momento, el semanario logró tener
acceso a los resultados de la autopsia.
Años después, por esta
misma obra, la cadena hotelera RIU y ex funcionarios públicos fueron
enviados a juicio por delitos ambientales, entre otros prevaricación,
falsedad ideológica, infracciones a la ley de la zona marítimo-terrestre
e infracciones contra la ley forestal.
En particular, la
transnacional mallorquina fue acusada de haber construido un hotel de
cinco estrellas en primera línea de mar, sin concesión y tras haber
destruido un manglar. En víspera del inicio del juicio penal, Till
Wilhelm Kohler, gerente del hotel RIU en Guanacaste, abandonó el país, huyendo del proceso.
“Estas
grandes transnacionales llegan a nuestros territorios y pretenden
imponer sus reglas. Hacen sus propias leyes. Precarizan el trabajo,
violentan las leyes ambientales, destruyen los bienes comunes.
Desarrollo con destrucción y violación de derechos no es desarrollo”,
concluyó Ricardo Acevedo.
Este artículo se realiza en el marco
del proyecto "Turismo responsable, derechos humanos y trabajo decente"
ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona -
Programa Barcelona Solidaria convocatoria 2015.
Fuente: Alba Sud
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