Por Sur.es
Nicaragua presentó hoy sus argumentos orales ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) en la disputa limítrofe que le enfrenta a
Costa Rica desde 2010 ante el alto tribunal de la ONU, en los que
defendió los trabajos que realiza en un territorio que considera suyo y
rechazó daños medioambientales.
Frente a los argumentos del martes
de San José, el embajador de Nicaragua en Holanda y representante ante
la Corte, Carlos Argüello, dijo que "el principal problema" reside en
que "los mapas oficiales" no reflejan "la realidad en el terreno".
"El
canal que separa la isla de San Juan del continente no es una
delimitación clara" y los límites serán y han sido "gradualmente
cambiantes" por "causas naturales", enfatizó.
El mapa que muestra la existencia de la isla San Juan pertenece al primer fallo del ingeniero Alexander en 1897. Además
destacó que "Costa Rica no puede impedir" que "Nicaragua realice
trabajos de limpieza en su propio territorio" con el dragado que
denuncia el país vecino.
La razón por la que se realizaron
trabajos de limpieza después de 2010 "fueron debidos a la dificultad de
navegación dado la abundante vegetación", recalcó el representante de
Nicaragua.
Argüello dijo también ante la Corte que, a pesar de que
Costa Rica "pide indemnización por los daños ocasionados en los bancos
del río San Juan", primero "se habrán de demostrar" y que Managua "no
considera que hayan ocurrido" ni que "haya tenido intención de
causarlos".
Durante la intervención de Nicaragua, el profesor de
la Universidad de París Oeste, Nanterre-La Défense, Alain Pellet
consideró "indispensable" poner en común "la interpretación de cada una
de las partes" de los diferentes tratados para poder poner "solución a
la actual disputa" limítrofe.
A juicio de Pellet, no cabe duda de que resolver las diferencias de interpretación "es la clave para la solución" del litigio.
En
este sentido, y en relación a las conclusiones del ingeniero, Pellet
destacó que "está claro que en la mente de Alexander" la frontera entre
ambos países era "una frontera natural y que había fluctuaciones entre
el río y los caños también".
Destacó que tal y como apuntó este
"los cambios en los límites" entre ambos países provocados por el nivel
del agua en cuanto a los bordes del río "alterarán las fronteras" y en
consecuencia "las implicaciones de la ley internacional".
En este
sentido, Argüello afirmó que Nicaragua "no ha violado" ninguno de los
acuerdos entre Costa Rica y Nicaragua ni tampoco la ley internacional.
Con
este objetivo anunció que el profesor de Derecho Internacional de la
Universidad del Pacífico, Stephen C. MacCaffrey, "lo demostrará" mañana en
otra audiencia.
El canciller de Costa Rica, Manuel Gonzalez, dijo
a Efe que "es demasiado pronto para realizar declaraciones" sobre la
evolución de las audiencias y la intervención de Nicaragua.
El
caso que enfrenta a ambos países centroamericanos tiene su origen en una
demanda presentada por Costa Rica en 2010 por una supuesta invasión de
Nicaragua a territorio costarricense en la fluvial Isla Portillos o Isla
Calero, cercana a la costa del Caribe.
Costa Rica asegura que
Nicaragua causó daños a un humedal protegido por convenios
internacionales en territorio costarricense al abrir un canal para
intentar unir el río San Juan, de soberanía nicaragüense, con el mar
Caribe.
Por su parte, Nicaragua afirma que esa zona le pertenece y la llama Harbour Head.
Costa
Rica amplió la demanda en septiembre de 2013 al denunciar ante la CIJ
que Nicaragua abrió dos caños más en la zona en disputa, pese a que la
Corte había ordenado a ambos países medidas cautelares como mantener
despejado el sitio.
Los jueces decidieron agregar al caso una
demanda de 2011 de Nicaragua contra Costa Rica por supuestos daños
ambientales al río San Juan durante la construcción de un camino de
lastre de unos 160 kilómetros que corre paralelo al afluente.
Las audiencias que comenzaron este martes con los argumentos orales de Costa Rica, terminarán el 1 de mayo.
Se
trata de las últimas audiencias públicas que celebra la CIJ en el caso,
antes de comenzar las deliberaciones, que pueden durar entre cuatro y
seis meses, según las fuentes consultadas.
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