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Por FECON
En la recta final de ejecución de la sentencia contra la empresa minera canadiense Infinito Gold (Industrias Infinito para Costa Rica), condenada por causar daños ambientales en Las Crucitas de San Carlos, ésta volvió a recibir el apoyo del perjudicado, que es el mismo Estado, a través de la Procuraduría General de la República y el SINAC.
“Hoy presenciamos algo triste. Revivimos el pasado. Pareciera que el Estado está haciendo equipo con Infinito Gold. Atacan directamente a peritos para desestimar fundamentos en el informe presentado. ¿Cuánto vale un bosque, un árbol, la vida? El ecosistema fue destruido. Infinito debe pagar por todo el daño realizado", aseguró Edgardo Araya, diputado ecologista y abogado activo del proceso.
Asimismo, el abogado Álvaro Sagot dijo que la Procuraduría de la República, junto con Industrias Infinito "trataron de desvirtuar el peritaje olvidando que tal y como se valora una vida humana a efecto de resarcir los daños, la biodiversidad puede ser valorada de la misma forma".
Para Jorge Lobo, biólogo de la UCR y activista, la Procuraduría trató de tergiversar y cuestionar todo para que sea imposible restaurar los ecosistemas dañados, el peritaje fue muy riguroso y refleja una aproximación a los daños que sufrieron los ecosistemas por la deforestación de la empresa.
El viacrucis
En 2013 la Sala Constitucional emitió una sentencia en la que, por unanimidad, acordó “rechazar de plano” la acción de inconstitucionalidad que había presentado la empresa minera contra el fallo del Tribunal Contencioso, que anuló la concesión dada a Infinito para desarrollar el proyecto minero en Las Crucitas de San Carlos. Cabe recordar que la Sala I ratificó el fallo del contencioso cuestionado por la empresa canadiense.
Estos antecedentes le cerraron el camino legal a la compañía minera en Costa Rica, sin embargo insistió mediante un tribunal internacional del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias), apéndice del Banco Mundial, amparados por el Tratado de Inversiones entre Costa Rica y Canadá. Para los ecologistas, el Gobierno pudo haber descartado ir al arbitraje, amparándose en que el mismo Tratado de Inversiones con Canadá (1998) que estipula que no se acudirá a esta vía cuando, con anterioridad, exista una resolución de nuestros tribunales.
Además, el sustraerse de los tribunales nacionales y de la legislación nacional, sometiéndose a un arbitraje privado en el Banco Mundial a la medida de las transnacionales, preocupa a la luz de lo ocurrido en los tribunales hoy, destacaron los ecologistas.
"Si estos funcionarios públicos van a ir a defendernos en este tribunal internacional de antemano estamos condenados", señaló el presidente de la FECON, Mauricio Álvarez, quien además agregó que "ningún tratado internacional de protección de inversiones podrá ser entendido como una autorización para violar nuestro ordenamiento jurídico".
"Es indignante -continuó Álvarez- que sea el mismo Estado el que pretenda ayudar a la empresa a rebajar los montos necesarios para reparar los daños ambientales y sociales que ocasionó en Crucitas, cuando debería estar velando junto con el sector ambiental para que el dinero de la indemnización, calculado en $10 millones, logre beneficiar a la comunidad de Crucitas y revertir los daños causados por la mina".
Los ambientalistas recordaron el caso del procurador Mauricio Castro, representante del Estado en el caso del proyecto minero en Las Crucitas, quien fue señalado en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, por su constante intercambio de “papelitos” y apoyo a las posiciones que durante el juicio defendió la empresa Industrias Infinito. Además, el funcionario reconoció que un tío suyo tiene contratos firmados con la empresa minera, por lo que los diputados consideran necesario que aclare sus actuaciones.
La audiencia finalizó por la petición de la empresa de tener más tiempo, y fue fijada nueva fecha para las conclusiones el 13 de abril.
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