 |
| coecoceiba.org |
Por FECON
Representantes del movimiento ecologistas afirman que la Susana Fallas Cubero, Procuradora Agraria y Ambiental, desvirtuó el peritaje ordenado por la jueza para facilitar a la empresa no pagar por los daños ambientales cometidos al deforestar 60 hectáreas de bosques.
Mauricio Álvarez, presidente de FECON, afirma que la Procuradora Agraria y Ambiental perdió toda objetividad al decir que los abogados sólo pretenden que sus honorarios sean altos. El monto que se determine por la jueza con daños y perjuicios y la restauración, será sólo el elemento que de acuerdo a la tabla de honorarios del colegio de abogados permitirá a la jueza fijar lo que corresponda a los profesionales que hicieron un trabajo en el campo jurídico.
Este proceso de ejecución de sentencia es el final de una segunda fase del juicio, donde los ecologistas lograron que la valoración de los daños ambientales por la corta del bosque en Crucitas fuese realizada por un equipo técnico interdisciplinario nombrado por la jueza Montes de Oca que incluyen especialistas en economía ecológica, suelos, bosques, y biología, altamente calificados como para dimensionar el impacto de la tala rasa de la minera.
Los peritos estimaron que la empresa debería pagar entre $6.2 y los $10.4 millones por el daño ambiental causado. Los ecologistas aseguran que el peritaje es un avalúo o una estimación con base en una metodología que trata de aproximar valores a bienes que en realidad son invaluables y sujetos a valores subjetivos y éticos y no son tablas prestablecidas. La suma que la jueza determine ingresará a las cuentas del SINAC y no a las cuentas de ninguna organización o persona como podría derivarse del comentario de la procuradora.
Por otro lado, el interés por cuidar los recursos públicos quedó en entredicho cuando la Procuradoría no aportó en el tribunal un estudio previo hecho a costa del Estado. Fueron los abogados ambientalistas quienes presentaron como prueba la valoración Económico Ecológica Rápida, elaborado por la Fundación Neotrópica y la organización estadounidense Earth Economics, que estimó en $4.6 millones de dólares los daños ambientales y los costos de restauración del Proyecto Crucitas. Sin respuesta aún ¿cuánto costó el estudio? y ¿por qué no lo aportó?.
En la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que condena a la empresa, los mismos jueces cuestionaron el papel del Procurador de ese momento, Mauricio Castro Lizano, por su constante intercambio y apoyo a las posiciones que durante el juicio defendió la empresa Industrias Infinito y el mismo tribunal asegura que solo la incorporación de la Procuradora cambió la actitud de Lizano. Además, el funcionario reconoció que un tío suyo tiene contratos firmados con la empresa minera, por lo que los diputados consideran necesario que aclare sus actuaciones. Por este caso fue sancionado con un mes sin goce de salario.
Debe quedar claro que primero los representantes del Estado querían que todos los permisos siguieran vigentes pero luego se determinó que la cadena de licencias era absolutamente ilegal. Ahora, la Procuradora señala que la ejecución es imposible porque no se puede entrar a las fincas y además dice que ni siquiera se debe pagar a los abogados ambientalistas el trabajo que de acuerdo con la tabla de honorarios podría corresponder. Lo anterior denota una conducta que solo busca impunidad y se pierde el norte en el deber de hacer imperativo el interés público ambiental y además se quiere hacer que una sentencia de los jueces de la República no tenga mayores efectos que lleven a restaurar los daños.
La sentencia final se conocerá el 19 de junio y es esperable un recurso ante la Sala Primera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario