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| Foto G. Trucchi | Rel-UITA |
Por Radio Mundo Real
La Corte de Apelaciones de Comayagua,
localidad hondureña, revocó una decisión judicial de septiembre que
determinaba prisión para la coordinadora del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha
Cáceres, y medidas sustitutivas para sus compañeros Tomás Gómez y
Aureliano Molina.
La resolución de la Corte del 4 de enero, que
dio lugar al recurso de apelación presentado por la defensa de los
dirigentes, revocó también la orden de captura y demás medidas
cautelares que pesaban en su contra. No obstante, se trata de un
“sobreseimiento provisional”, no definitivo.
Radio Mundo Real, que ha seguido siempre de cerca este caso, entrevistó a Bertha, quien ha sido especialmente perseguida por la justicia hondureña y amenazada por su lucha social.
Cáceres, Gómez y Molina fueron acusados de los delitos de usurpación, coacción y daños a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), por parte del Ministerio Público y la propia empresa. Esa compañía pretende llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, en territorio ancestral del pueblo indígena lenca. El 20 de septiembre la jueza Reyes Lissien Knight, del Juzgado de la localidad de Intibucá, resolvió el encarcelamiento de la coordinadora del COPINH y medidas sustitutivas para los otros dos integrantes del Consejo. La resolución dictaminó además el desalojo de la comunidad lenca de su propio territorio, lo que también fue revocado por la Corte de Apelaciones de Comayagua ahora.
Apenas dictada la decisión judicial de septiembre, Radio Mundo Real dialogó con el abogado defensor Víctor Fernández, quien explicó que la oposición a la hidroeléctrica “ha implicado el ejercicio del control del territorio por parte del pueblo lenca, a través de un mecanismo que regula quien ingresa y quien no a la zona”. Los indígenas no fueron consultados sobre la represa a construirse en sus tierras. “A esto lo han llamado usurpación y coacción, porque la comunidad ha tomado la decisión de expulsar a la empresa constructora Sinohydro”, agregó Fernández.
Los dirigentes del COPINH fueron señalados como instigadores de esas acciones indígenas. “Nosotros rechazamos que la comunidad sea usurpadora de su propio territorio y una de las pruebas que incorporamos da cuenta de que se trata de un territorio indígena ancestral”, sentenció el abogado.
En la charla de este viernes con Radio Mundo Real, Cáceres compartió su satisfacción por la decisión de la Corte de Apelaciones de Comayagua y agradeció la solidaridad nacional e internacional y al equipo de abogados, a los que consideró fundamentales para la decisión favorable del 4 de enero.
Sin embargo, el caso no está cerrado. La coordinadora del COPINH advirtió que se trata de un “sobreseimiento provisional” y no definitivo. “Nosotros estamos exigiendo un sobreseimiento definitivo ya que no hay pruebas, no hay indicios, de que nosotros seamos responsables de ese crimen del que nos acusan”.
“(...) El Ministerio Público puede seguir haciendo diligencias, y conociendo como actúa este Ministerio Público sabemos que la amenaza contra el COPINH de persecución judicial en este caso como otros va a continuar”, dijo Bertha.
No obstante, la dirigente espera que esta resolución favorable tenga incidencia en otros casos que el COPINH y ella particularmente enfrentan.
“Vamos a esperar a ver qué hace el Ministerio Público, hay que estar observantes qué hace la empresa (DESA), ya que pueden acudir a varios recursos en estas mismas instancias y en otras”, señaló Bertha. “Siempre ellos han estado amenazando, atacando al COPINH, haciendo ataques mediáticos, presiones, militarización”, añadió, para enseguida afirmar que el Consejo sigue “exigiendo justicia”.
Sobre el final de la entrevista Bertha contó una importante novedad que recibió el Consejo el jueves. Según relató la dirigente, el Banco Mundial desistió de su intención de financiar el proyecto Agua Zarca, “eso también a raíz de las denuncias del COPINH”.
Radio Mundo Real, que ha seguido siempre de cerca este caso, entrevistó a Bertha, quien ha sido especialmente perseguida por la justicia hondureña y amenazada por su lucha social.
Cáceres, Gómez y Molina fueron acusados de los delitos de usurpación, coacción y daños a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), por parte del Ministerio Público y la propia empresa. Esa compañía pretende llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, en territorio ancestral del pueblo indígena lenca. El 20 de septiembre la jueza Reyes Lissien Knight, del Juzgado de la localidad de Intibucá, resolvió el encarcelamiento de la coordinadora del COPINH y medidas sustitutivas para los otros dos integrantes del Consejo. La resolución dictaminó además el desalojo de la comunidad lenca de su propio territorio, lo que también fue revocado por la Corte de Apelaciones de Comayagua ahora.
Apenas dictada la decisión judicial de septiembre, Radio Mundo Real dialogó con el abogado defensor Víctor Fernández, quien explicó que la oposición a la hidroeléctrica “ha implicado el ejercicio del control del territorio por parte del pueblo lenca, a través de un mecanismo que regula quien ingresa y quien no a la zona”. Los indígenas no fueron consultados sobre la represa a construirse en sus tierras. “A esto lo han llamado usurpación y coacción, porque la comunidad ha tomado la decisión de expulsar a la empresa constructora Sinohydro”, agregó Fernández.
Los dirigentes del COPINH fueron señalados como instigadores de esas acciones indígenas. “Nosotros rechazamos que la comunidad sea usurpadora de su propio territorio y una de las pruebas que incorporamos da cuenta de que se trata de un territorio indígena ancestral”, sentenció el abogado.
En la charla de este viernes con Radio Mundo Real, Cáceres compartió su satisfacción por la decisión de la Corte de Apelaciones de Comayagua y agradeció la solidaridad nacional e internacional y al equipo de abogados, a los que consideró fundamentales para la decisión favorable del 4 de enero.
Sin embargo, el caso no está cerrado. La coordinadora del COPINH advirtió que se trata de un “sobreseimiento provisional” y no definitivo. “Nosotros estamos exigiendo un sobreseimiento definitivo ya que no hay pruebas, no hay indicios, de que nosotros seamos responsables de ese crimen del que nos acusan”.
“(...) El Ministerio Público puede seguir haciendo diligencias, y conociendo como actúa este Ministerio Público sabemos que la amenaza contra el COPINH de persecución judicial en este caso como otros va a continuar”, dijo Bertha.
No obstante, la dirigente espera que esta resolución favorable tenga incidencia en otros casos que el COPINH y ella particularmente enfrentan.
“Vamos a esperar a ver qué hace el Ministerio Público, hay que estar observantes qué hace la empresa (DESA), ya que pueden acudir a varios recursos en estas mismas instancias y en otras”, señaló Bertha. “Siempre ellos han estado amenazando, atacando al COPINH, haciendo ataques mediáticos, presiones, militarización”, añadió, para enseguida afirmar que el Consejo sigue “exigiendo justicia”.
Sobre el final de la entrevista Bertha contó una importante novedad que recibió el Consejo el jueves. Según relató la dirigente, el Banco Mundial desistió de su intención de financiar el proyecto Agua Zarca, “eso también a raíz de las denuncias del COPINH”.
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