Por Luis Alejandro Pedraza/Rel-UITA
Después de 107 días de una huelga inédita en las plantaciones de Palma Africana en Colombia, y de varios meses de lucha permanente, la acción iniciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), apoyada por la UNAC, la Rel-UITA y la CUT, se traduce en multas y sanciones del Ministerio de Trabajo a las empresas palmeras, a las cooperativas de trabajo asociado y a las agencias tercerizadoras. Un antecedente histórico para el movimiento sindical del país.
En agosto de 2011 la seccional del SINTRAINAGRO en Puerto Wilches (Departamento de Santander), inició una lucha histórica con la huelga de los trabajadores de Palma Africana de la empresa Oleaginosas Bucarelia. El motivo fue la negativa radical de la compañía de negociar la Convención Colectiva si no era para desmejorar los aspectos económicos y las garantías sindicales, argumentando una supuesta crisis económica.
De inmediato SINTRAINAGRO, la Unión Nacional Agroalimentaria de Colombia (UNAC), la UITA y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), asumieron la tarea de apoyo y defensa del derecho de asociación y negociación colectiva de estos trabajadores.
Como estrategia político-sindical la huelga que afectaba a 160 trabajadores de Oleaginosas Bucarelia que posee 2.600 hectáreas, se decidió extenderla a toda la zona palmera de la región del Magdalena Medio, donde hay 3.800 trabajadores y trabajadoras, y 78.000 hectáreas de cultivo logrando, además, la paralización de siete plantas extractoras de aceite (procesamiento de fruta).
La presión de los gobiernos nacional y regional llegó a través del entonces Ministerio de la Protección Social (ahora Ministerio del Trabajo), y de la Policía, que anunció en su momento que desplazaría a los huelguistas con las brigadas antimotines SMAD, intento que en efecto ocurrió.
No obstante, pudo más la fortaleza y la unidad de los trabajadores y sus familias que enfrentaron la agresión y sacaron en retirada al SMAD.
La huelga general -a pesar de que la ley sólo autoriza 60 días- duró 107 días y se mantuvo firme, aunque en permanente zozobra por las continuas amenazas de intervención de la fuerza pública.
Finalmente se acordó, entre otros asuntos, el inicio inmediato de la negociación en Oleaginosas Bucarelia y el compromiso del gobierno nacional para desplazar hacia la zona a funcionarios de control y del Ministerio de Trabajo, para investigar las denuncias realizadas por los trabajadores “cooperativizados” y de bolsas de empleo (tercerizados), sobre trabajo esclavo, usurpación de sus salarios y prestaciones sociales mediante engaños en las liquidaciones de nómina, ausencia de Seguridad Social y de programas de Riesgos Profesionales.
Se planteó en ese acuerdo que de ser verificada la denuncia de SINTRAINAGRO, UNAC, Rel-UITA y la CUT, se procedería a sancionar drásticamente a las empresas y cooperativas que estuvieran incurriendo en las prácticas laborales ilícitas, y a ordenar la modificación inmediata de los contratos de trabajo tercerizados por contratos permanentes y directos, sin afectar el derecho de libertad sindical y negociación.
El 27 de enero último, el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, informó a través de los medios de comunicación sobre la sanción que el Ministerio del Trabajo impuso a las empresas Oleaginosas Bucarelia, Las Brisas y las Cooperativas de Trabajo Asociado La Hortensia, Cooraiz, Cootracepal, Cootrasoc, junto a un importante número de cooperativas y procesadoras de la fruta de la palma. Las multas ascendieron a 5,5 millones de dólares.
Se trata de un gran precedente en Colombia, pues hasta ahora no se había registrado una sanción tan drástica por intermediación laboral.
Asimismo, el Ministerio de Trabajo solicitó a la Superintendencia de Economía Solidaria que disuelva y liquide las cooperativas y otras formas de intermediación del empleo, y al Ministerio de Salud que investigue las infracciones de estas empresas en relación con sus obligaciones legales referidas al régimen de Salud.
El Ministerio de Trabajo también denunció que se comprobaron las violaciones relativas a riesgos profesionales, salud ocupacional, seguridad industrial y al sistema de protección de salud, y que, en efecto, las cooperativas se quedaban con dineros de las prestaciones sociales de los trabajadores al aportar por un valor menor al salario real que ellos recibían.
SINTRAINAGRO, junto a la UNAC, la Rel-UITA y la CUT, manifestó su complacencia por estas decisiones, pero a la vez decidieron darle un seguimiento permanente al proceso, para que la autoridad del Ministerio no salga burlada en el camino jurídico que contempla la reposición y apelación por parte de los empresarios sobre la sanción del Ministerio del Trabajo, ni vaya a quedar en la impunidad semejante aberración en el mundo laboral de la palma.
Estas organizaciones también llaman la atención sobre la realidad similar que existe en los sectores de las flores y la caña de azúcar con respecto a la aplicación de la tercerización. Para citar un ejemplo: Bavaria – SABMiller, destruyó el Sindicato, acabó con la Convención Colectiva y ahora anuncia orgullosamente incrementos del 200 o 300 por ciento en sus utilidades en Colombia, sobre la base de un sistema laboral cooperativizado y tercerizado.
¡La lucha continúa!
De inmediato SINTRAINAGRO, la Unión Nacional Agroalimentaria de Colombia (UNAC), la UITA y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), asumieron la tarea de apoyo y defensa del derecho de asociación y negociación colectiva de estos trabajadores.
Como estrategia político-sindical la huelga que afectaba a 160 trabajadores de Oleaginosas Bucarelia que posee 2.600 hectáreas, se decidió extenderla a toda la zona palmera de la región del Magdalena Medio, donde hay 3.800 trabajadores y trabajadoras, y 78.000 hectáreas de cultivo logrando, además, la paralización de siete plantas extractoras de aceite (procesamiento de fruta).
La presión de los gobiernos nacional y regional llegó a través del entonces Ministerio de la Protección Social (ahora Ministerio del Trabajo), y de la Policía, que anunció en su momento que desplazaría a los huelguistas con las brigadas antimotines SMAD, intento que en efecto ocurrió.
No obstante, pudo más la fortaleza y la unidad de los trabajadores y sus familias que enfrentaron la agresión y sacaron en retirada al SMAD.
La huelga general -a pesar de que la ley sólo autoriza 60 días- duró 107 días y se mantuvo firme, aunque en permanente zozobra por las continuas amenazas de intervención de la fuerza pública.
Finalmente se acordó, entre otros asuntos, el inicio inmediato de la negociación en Oleaginosas Bucarelia y el compromiso del gobierno nacional para desplazar hacia la zona a funcionarios de control y del Ministerio de Trabajo, para investigar las denuncias realizadas por los trabajadores “cooperativizados” y de bolsas de empleo (tercerizados), sobre trabajo esclavo, usurpación de sus salarios y prestaciones sociales mediante engaños en las liquidaciones de nómina, ausencia de Seguridad Social y de programas de Riesgos Profesionales.
Se planteó en ese acuerdo que de ser verificada la denuncia de SINTRAINAGRO, UNAC, Rel-UITA y la CUT, se procedería a sancionar drásticamente a las empresas y cooperativas que estuvieran incurriendo en las prácticas laborales ilícitas, y a ordenar la modificación inmediata de los contratos de trabajo tercerizados por contratos permanentes y directos, sin afectar el derecho de libertad sindical y negociación.
El 27 de enero último, el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, informó a través de los medios de comunicación sobre la sanción que el Ministerio del Trabajo impuso a las empresas Oleaginosas Bucarelia, Las Brisas y las Cooperativas de Trabajo Asociado La Hortensia, Cooraiz, Cootracepal, Cootrasoc, junto a un importante número de cooperativas y procesadoras de la fruta de la palma. Las multas ascendieron a 5,5 millones de dólares.
Se trata de un gran precedente en Colombia, pues hasta ahora no se había registrado una sanción tan drástica por intermediación laboral.
Asimismo, el Ministerio de Trabajo solicitó a la Superintendencia de Economía Solidaria que disuelva y liquide las cooperativas y otras formas de intermediación del empleo, y al Ministerio de Salud que investigue las infracciones de estas empresas en relación con sus obligaciones legales referidas al régimen de Salud.
El Ministerio de Trabajo también denunció que se comprobaron las violaciones relativas a riesgos profesionales, salud ocupacional, seguridad industrial y al sistema de protección de salud, y que, en efecto, las cooperativas se quedaban con dineros de las prestaciones sociales de los trabajadores al aportar por un valor menor al salario real que ellos recibían.
SINTRAINAGRO, junto a la UNAC, la Rel-UITA y la CUT, manifestó su complacencia por estas decisiones, pero a la vez decidieron darle un seguimiento permanente al proceso, para que la autoridad del Ministerio no salga burlada en el camino jurídico que contempla la reposición y apelación por parte de los empresarios sobre la sanción del Ministerio del Trabajo, ni vaya a quedar en la impunidad semejante aberración en el mundo laboral de la palma.
Estas organizaciones también llaman la atención sobre la realidad similar que existe en los sectores de las flores y la caña de azúcar con respecto a la aplicación de la tercerización. Para citar un ejemplo: Bavaria – SABMiller, destruyó el Sindicato, acabó con la Convención Colectiva y ahora anuncia orgullosamente incrementos del 200 o 300 por ciento en sus utilidades en Colombia, sobre la base de un sistema laboral cooperativizado y tercerizado.
¡La lucha continúa!
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