Con Porfirio Ponce Valle, del STIBYSLas autoridades de facto están empecinadas en desmantelar las conquistas sociales
por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
El golpe cívico-militar del pasado 28 de junio en Honduras no solamente trajo consigo la ruptura del orden constitucional, una palpable involución política, económica y social y una constante y flagrante violación a los derechos humanos de los hondureños y hondureñas, sino también un preocupante retroceso en materia laboral y social.
A menos de dos semanas de la celebración de elecciones que pretenden legalizar el golpe de Estado y que la inmensa mayoría de los países del mundo parece no estar dispuesta a reconocer como legítimas, se hace necesario analizar el “trabajo” desarrollado por el gobierno de facto para desvirtuar y anular los avances logrados por el pueblo hondureño en los últimos años.
Para analizar en detalle esta situación, Sirel conversó con Porfirio Ponce Valle, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) y miembro del Bloque Popular, organización que integra el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado.
-Faltan pocos días para las elecciones y ya quedó claro que se van a desarrollar en una situación de ruptura del orden constitucional. ¿Cómo evalúa esta situación?
-Todo lo que ha ocurrido ha sido una burla más para el pueblo hondureño. Una burla orquestada por la oligarquía hondureña en contubernio con sectores de Estados Unidos. Ante esta situación, como sindicato nos proponemos seguir creciendo en el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, seguir organizándonos como pueblo y defendiendo nuestras conquistas sindicales porque la situación se está volviendo muy difícil.
-¿En qué sentido se está volviendo difícil?
-El actual Ministro del Trabajo de facto está prácticamente desarrollando un papel de asesor de los empresarios y está manteniendo una línea muy dura, que nos va a crear muchas dificultades para solventar los problemas de los trabajadores y trabajadoras. Es por eso que en esta coyuntura se vuelve aún más importante seguir organizándonos como Sindicato y como pueblo para defender las conquistas logradas en el pasado.
-¿Qué cambios han visto en materia laboral a partir del golpe de Estado del 28 de junio?
-En el caso concreto del STIBYS tenemos abiertos dos procesos de mediación con dos transnacionales: la Cervecería Hondureña (SABMiller), la que distribuye Coca-Cola y varias marcas de cerveza, y Embotelladora La Reyna, propiedad de CAB Corp (Pepsi Co). Con estas empresas tenemos una demanda por varios puestos de trabajo que pretenden tercerizar y otras demandas por incumplimiento al Contrato Colectivo. Hasta hoy, las nuevas autoridades de facto no nos han dado respuesta sobre quiénes van a ser los mediadores del conflicto, y esto depende precisamente del involucramiento que tienen con los grandes empresarios. Prácticamente no permiten que a estas transnacionales se les haga absolutamente nada.
Cuando tomó posesión el nuevo Ministro del Trabajo de facto, de inmediato convocó a los dirigentes de la Cervecería Hondureña para platicar con ellos, sin tomar en cuenta al Sindicato, y esto nos llamó mucho la atención y lo catalogamos como una gran grosería hacia los trabajadores. Sin lugar a dudas hay un fuerte cambio, y estamos viendo la diferencia con respecto al pasado en la relación entre sindicatos y la autoridad laboral.
Además, en estos meses constatamos el rechazo del Ministerio del Trabajo a cumplir con las inspecciones que estábamos demandando. Simplemente nos decían que no podían y buscaban cualquier excusa para no cumplir con ese derecho, y esta es una clara demostración de la nueva política del Ministro en contubernio con los empresarios.
-¿Cómo está reaccionando la gente ante esta situación?
-Un inesperado elemento positivo que ha ocasionado el golpe de Estado ha sido el involucramiento de muchos sectores de la sociedad en la lucha de resistencia, pero sobre todo la participación de sectores no organizados. La gente se ha comprometido personalmente, discute y reclama.
Con respecto al STIBYS, estamos organizados en once departamentos del país y en las principales ciudades, y a pesar de las dificultades mencionadas, creo que nos hemos fortalecido y unido aún más. Como sindicato tenemos muchas expectativas, y en nuestras reflexiones estamos claros que el camino es el de una nueva Constitución para que los trabajadores y trabajadoras podamos defender las conquistas del pasado y devolverle al pueblo lo que se le ha quitado con el proceso de privatización.
-¿Cuál sería el objetivo de la Asamblea Constituyente?
-Tenemos que rescatar los servicios públicos que han sido privatizados. Casi el 60 por ciento de la energía está en manos de grandes empresas. El gobierno de facto favoreció que el Congreso aprobara la Ley General de Agua, que va a permitir que se privatice este recurso a través de las concesiones, mientras que en el pasado habíamos logrado detener su aprobación, también con el apoyo del presidente Manuel Zelaya. Los sectores de la telefonía y de las telecomunicaciones están casi totalmente privatizados, mientras que la inversión en educación y salud pública es nula y sigue el proceso de privatización.
La única manera de lograr que todos estos servicios públicos vuelvan al pueblo es a través de una Asamblea Constituyente y una reforma de la Constitución, en la que participen directamente los sectores sociales y sindicales. Por eso es necesario primero restaurar el orden democrático y constitucional, para que los sectores golpistas no legitimen el golpe a través de un proceso electoral ilegítimo, y enrumbarnos hacia la transformación de la sociedad.
En este sentido, como sindicato estamos firmemente convencidos de que hay que desconocer las elecciones del 29 de noviembre, tal como ya lo hizo muy claramente la Candidatura Independiente Popular retirando su candidatura.
-¿Cómo se están preparando para este proyecto de Constituyente las organizaciones que conforman el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado?
-Ya estamos trabajando en un proyecto de Constitución, y estamos yendo a las barrios, colonias y comunidades para hablar con la gente y fortalecer este proceso.
A menos de dos semanas de la celebración de elecciones que pretenden legalizar el golpe de Estado y que la inmensa mayoría de los países del mundo parece no estar dispuesta a reconocer como legítimas, se hace necesario analizar el “trabajo” desarrollado por el gobierno de facto para desvirtuar y anular los avances logrados por el pueblo hondureño en los últimos años.
Para analizar en detalle esta situación, Sirel conversó con Porfirio Ponce Valle, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) y miembro del Bloque Popular, organización que integra el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado.
-Faltan pocos días para las elecciones y ya quedó claro que se van a desarrollar en una situación de ruptura del orden constitucional. ¿Cómo evalúa esta situación?
-Todo lo que ha ocurrido ha sido una burla más para el pueblo hondureño. Una burla orquestada por la oligarquía hondureña en contubernio con sectores de Estados Unidos. Ante esta situación, como sindicato nos proponemos seguir creciendo en el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, seguir organizándonos como pueblo y defendiendo nuestras conquistas sindicales porque la situación se está volviendo muy difícil.
-¿En qué sentido se está volviendo difícil?
-El actual Ministro del Trabajo de facto está prácticamente desarrollando un papel de asesor de los empresarios y está manteniendo una línea muy dura, que nos va a crear muchas dificultades para solventar los problemas de los trabajadores y trabajadoras. Es por eso que en esta coyuntura se vuelve aún más importante seguir organizándonos como Sindicato y como pueblo para defender las conquistas logradas en el pasado.
-¿Qué cambios han visto en materia laboral a partir del golpe de Estado del 28 de junio?
-En el caso concreto del STIBYS tenemos abiertos dos procesos de mediación con dos transnacionales: la Cervecería Hondureña (SABMiller), la que distribuye Coca-Cola y varias marcas de cerveza, y Embotelladora La Reyna, propiedad de CAB Corp (Pepsi Co). Con estas empresas tenemos una demanda por varios puestos de trabajo que pretenden tercerizar y otras demandas por incumplimiento al Contrato Colectivo. Hasta hoy, las nuevas autoridades de facto no nos han dado respuesta sobre quiénes van a ser los mediadores del conflicto, y esto depende precisamente del involucramiento que tienen con los grandes empresarios. Prácticamente no permiten que a estas transnacionales se les haga absolutamente nada.
Cuando tomó posesión el nuevo Ministro del Trabajo de facto, de inmediato convocó a los dirigentes de la Cervecería Hondureña para platicar con ellos, sin tomar en cuenta al Sindicato, y esto nos llamó mucho la atención y lo catalogamos como una gran grosería hacia los trabajadores. Sin lugar a dudas hay un fuerte cambio, y estamos viendo la diferencia con respecto al pasado en la relación entre sindicatos y la autoridad laboral.
Además, en estos meses constatamos el rechazo del Ministerio del Trabajo a cumplir con las inspecciones que estábamos demandando. Simplemente nos decían que no podían y buscaban cualquier excusa para no cumplir con ese derecho, y esta es una clara demostración de la nueva política del Ministro en contubernio con los empresarios.
-¿Cómo está reaccionando la gente ante esta situación?
-Un inesperado elemento positivo que ha ocasionado el golpe de Estado ha sido el involucramiento de muchos sectores de la sociedad en la lucha de resistencia, pero sobre todo la participación de sectores no organizados. La gente se ha comprometido personalmente, discute y reclama.
Con respecto al STIBYS, estamos organizados en once departamentos del país y en las principales ciudades, y a pesar de las dificultades mencionadas, creo que nos hemos fortalecido y unido aún más. Como sindicato tenemos muchas expectativas, y en nuestras reflexiones estamos claros que el camino es el de una nueva Constitución para que los trabajadores y trabajadoras podamos defender las conquistas del pasado y devolverle al pueblo lo que se le ha quitado con el proceso de privatización.
-¿Cuál sería el objetivo de la Asamblea Constituyente?
-Tenemos que rescatar los servicios públicos que han sido privatizados. Casi el 60 por ciento de la energía está en manos de grandes empresas. El gobierno de facto favoreció que el Congreso aprobara la Ley General de Agua, que va a permitir que se privatice este recurso a través de las concesiones, mientras que en el pasado habíamos logrado detener su aprobación, también con el apoyo del presidente Manuel Zelaya. Los sectores de la telefonía y de las telecomunicaciones están casi totalmente privatizados, mientras que la inversión en educación y salud pública es nula y sigue el proceso de privatización.
La única manera de lograr que todos estos servicios públicos vuelvan al pueblo es a través de una Asamblea Constituyente y una reforma de la Constitución, en la que participen directamente los sectores sociales y sindicales. Por eso es necesario primero restaurar el orden democrático y constitucional, para que los sectores golpistas no legitimen el golpe a través de un proceso electoral ilegítimo, y enrumbarnos hacia la transformación de la sociedad.
En este sentido, como sindicato estamos firmemente convencidos de que hay que desconocer las elecciones del 29 de noviembre, tal como ya lo hizo muy claramente la Candidatura Independiente Popular retirando su candidatura.
-¿Cómo se están preparando para este proyecto de Constituyente las organizaciones que conforman el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado?
-Ya estamos trabajando en un proyecto de Constitución, y estamos yendo a las barrios, colonias y comunidades para hablar con la gente y fortalecer este proceso.
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