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por Eloisa Ibarra A.
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Las familias: Pellas, Zamora Llanes, Chamorro, Lacayo, Holman, Montealegre McGregor, Rappaccioli, Mántica, Sacasa, Gurdián, Solórzano, Urcuyo, Raskosky, González y Baltodano, son de las que más se han beneficiado de los privilegios fiscales otorgados a partir del año 1,992.
Las grandes empresas y el sector económicamente más fuertes del país seguirán beneficiándose de las exoneraciones de impuesto que en la práctica, equivale a subsidio debido a que el gobierno ha postergado la reforma al desigual sistema tributario nicaragüense.
Las exoneraciones a los más ricos, repercute directamente en las condiciones de vida de los más pobres que constituyen el 47 % de la población y que viven con un promedio de doce córdobas al día.
El especialista en Derecho Fiscal, Julio Francisco Báez, considera que la legislación tributaria tiene ambigüedades, vacíos, contradicciones y existe una voluntad política que se hace de la vista gorda dejando que “La administración tributaria sea un ejercicio formal donde el gran Ganador es el gran Evasor”.
Evasión fiscal es cuando un contribuyente, mediante la comisión de fraude, ilegalmente paga menos impuestos (o no paga) de lo que por ley le corresponde.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en su reciente publicación, La Eficiencia de la Captación Fiscal por la vía Judicial, afirma que la evasión de impuestos es una limitación importante para el desarrollo del Estado, especialmente cuando el incumplimiento de la evasión fiscal proviene de los sectores que concentran la riqueza, como las personas pudientes y las empresas poderosas.
Según el ICEFI, cuando la delincuencia económica adopta un carácter estructural, se profundizan los privilegios de los sectores poderosos y la desigualdad social, en perjuicio de los más pobres.
A finales del 2005, el economista argentino, Daniel Artana, en un estudio realizado a petición de la Secretaria Técnica de la Presidencia de la República, estimó que la evasión fiscal y las exoneraciones fiscales representaban por lo menos 500 millones de dólares anuales. Bolaños nunca atendió el informe y actualmente tampoco se ha hecho.
Uno de los ejemplos más emblemático de consentimiento de evasión fiscal a los poderosos, lo constituye el sistema financiero que, durante las administraciones de los Presidentes: Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, no pagó impuestos, pese a ser el sector más rentable, en ese mismo periodo, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN).
El sistema financiero privado resurgió con la llegada de Chamorro al poder en 1,990 quien, bajo el argumento de incentivarlos, les otorgó una serie de beneficios que conservaron hasta el año pasado, al colmo de permitirles la discrecionalidad de interpretar la ley fiscal en pos de su beneficio.
La administración Bolaños, recién asumido el poder, el 26 de marzo el 2001, emitió la disposición administrativa 005-2001 en la que ordena que al realizar auditorias a las instituciones financieras, de los periodos posteriores a 1,998, se abstuvieran de imponer reparo alguno al rubro de Gastos Financieros (intereses causados y pagos), por la adquisición de títulos valores emitidos por el Estado y sobre los intereses percibidos en el exterior.
Según cifras de la DGI hasta el 2003, los bancos debían en su conjunto por Impuesto sobre la Renta (IR) no pagado, en los cuatro años precedentes (1999 -2002) 400 millones de córdobas.
La Ley de equidad fiscal aprobada ese año, los obligaba a pagar, además de los 400 millones de córdobas, el 100% de multa, lo que significaba 800 millones y por los intereses de los años omitidos, unos 200 millones más para un total de mil millones de córdobas.
Sin embargo, la administración de Bolaños les perdonó la deuda, aunque ello representaba en ese momento, más de los 900 millones de córdobas que el gobierno esperaba recaudar con la reforma tributaria, que luego fue torcida para beneficiar a los grupos más poderosos económicamente.
Báez, recordó que en el caso de los bancos no conoció una opinión sólida y sostenida de la administración tributaria, porque debido al poder político de los evasores, siempre hubo fluctuaciones en la administración.
El Director General de la DGI, Walter Porras afirmó que no podían ir para atrás con lo no cobrado por la administración pasada, pero que desde el 10 de enero del 2007 los banqueros están pagando de conformidad a la ley, porque reconocen que hay un gobierno serio.
Además del sistema financiero otros sectores con privilegios fiscales son: el turismo, Energía y la Bolsa Agropecuaria. Vale mencionar que en los diferentes sectores beneficiados aparecen los mismos grupos de mayor poder económico en el país.
Correo para Ciegos solicitó varias veces entrevista con el Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), al que pertenecen todos los grupos citados, pero en la Dirección de Prensa informaron que nos llamarían, pero no lo hicieron.
En mayo del 2004, Bolaños, mediante el decreto 32-2004, modificó artículos de la Ley de Equidad Fiscal y ordenó exoneraciones en IR a los productores de caña de azúcar y a la industria láctea y disminuyó el pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las distribuidoras de energía eléctrica.
Antes del decreto, las generadoras de energía eléctrica cobraban el IVA a las distribuidoras y éstas a la población. El Gerente de la generadora Corinto, César Zamora, reconoció en ese momento que el decreto se dio gracias a las gestiones del secretario de la Presidencia, Eduardo Montealegre.
Montealegre, se benefició directamente del decreto, al ser accionista en la Generadora Tipitapa Power Company, que se construyó con un préstamo de 30 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (DIB), cuando Bolaños era Presidente de la Junta Directiva de ENEL y que en el 2005, antes de dejar el poder, fue endosado a la Estatal Generadora Hidroeléctrica S.A. (Hidrogesa).
En la declaración de probidad de 2004, Montealegre declaró ser accionista de la sociedad Auric Invesments, dueña del 12.5 por ciento de las acciones de Tipitapa Power Company.
En el 2005 se aprobó la ley 467 y la Ley 532 que exime a los empresarios que desarrollen proyectos energéticos del pago de impuestos al Derecho Arancelario de Importación (DAI), pago del IVA, pago del IR, de todos los impuestos municipales y del pago de timbres fiscales.
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Los Pellas se han beneficiado hasta de los recursos de la Cuenta Reto del Milenio, cuyo objetivo es reducir la pobreza en León y Chinandega a través del apoyo a los pequeños y medianos productores.
Antonio Lacayo, ex Ministro de la Presidencia y Presidente del Centro Empresarial Pellas (CEP), dijo a finales del 2007 que con el apoyo de la Cuenta Reto del Milenio, sembraron cuatro mil manzanas de Eucalipto al pie del Volcán Casitas para producir energía.
Otro sector beneficiado por el decreto es el cañero, pues el decreto ordena que el azúcar pague un uno por ciento por retención de IR, en vez del dos por ciento establecido en la ley. El principal beneficiado es el Grupo Pellas, dueño del Ingenio San Antonio, que controla el 50 % de la producción azucarera, el Ingenio Monte Rosa del Grupo Pantaleón de Guatemala con el 35 %, y en menor grado la familia Peñalba del Ingenio Montelimar y Cuadra Schulz del Ingenio Benjamín Zeledón, que juntos representan un poco más del 12 % de la producción nacional.
La industria azucarera, según datos del Comité Nacional de Productores de Azúcar ( CNPA), exportó 80 millones de dólares en el 2007, que representó el 56.4 % de la producción y vendió en el mercado nacional el 43.6 %. De ese total generó ingresos fiscales de apenas 30 millones de córdobas, 1.5 millones de dólares.
Aunque los empresarios azucareros de Nicaragua gozan de protección fiscal, son los más explotadores de Centroamérica, según se desprende de los propios datos del CNPA, pues mientras en El Salvador en el 2006, para producir 62 mil hectáreas tenían siete mil productores y generó 50 mil empleos directos y 180 mil indirectos, en Nicaragua para esa misma extensión habían 800 productores, generó 35 mil empleos directos y cien mil indirectos y Costa Rica para 49 mil hectáreas tuvo 8,602 productores, generó 23 mil empleos directos y 92 mil indirectos.
La Nicaragua Sugar Estates Limited (NSEL) propietaria del Ingenio San Antonio, es ahora un complejo agro energético que se dedica también a la producción de etanol y energía eléctrica, con lo cual el consorcio Pellas se beneficia doblemente con el decreto.
En el decreto también se estableció que los contribuyentes del régimen de retención definitiva no estarían sujetos al pago mínimo del IR. Dicho régimen es un sistema de pago de impuestos especiales, en el que se encuentran incluidas la Bolsa Agropecuaria y las transacciones a través de la Bolsa de Valores.
Báez señaló que el artículo 110 de la Ley de Equidad Fiscal elaborada bajo la influencia de elites económicas durante el gobierno de Bolaños, dice que si se transa en bolsa un producto agropecuario, sólo se le retiene al productor, el 1 % si es agrícola y el 2 % si es pecuario.
La ley, agregó Báez, nunca ha dicho que esa retención equivale al pago del IR, pero, obedientemente el fisco ha interpretado que retención definitiva quiere decir pago definitivo del IR y es absolutamente diferente. “Aquí el gobierno de Bolaños torció la ley en perjuicio de la técnica, de manera arbitraria, maliciosa y se sigue interpretando así” y el gran beneficiado es la Bolsa Agropecuaria, una sociedad anónima privada.
Afirmó que se trata de un privilegio discriminatorio, porque en la Bolsa Agropecuaria, no transa el pequeño productor que produce 20 quintales de café, ahí transan los grandes oligopolios y monopolios, que en el 2007 movieron 650 millones de dólares y 680 en el 2008, y que representan el 45 % de las exportaciones del país. “Por todo eso no pagan IR, sólo el 1 % de retención”.
La Bolsa Agropecuaria S.A. (Bagsa), según datos del Registro Público de la Propiedad Inmueble de Managua, es una sociedad anónima que se constituyó en el año 2003, con más de 30 socios, que son banqueros, grandes productores y comerciantes, que utilizan dicha bolsa, para transar con privilegio: café, maíz, arroz, frijol, sorgo y soya.
Gran parte de los miembros de Bagsa, también son miembros de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), que exporta el 55 % de las exportaciones nacionales y cuyo presidente es Enrique Zamora Llanes, Presidente de Lafise y accionista de Bancentro.
El sector turismo, ha sido beneficiado mediante la ley 306, Ley de Incentivos Fiscales, aprobada en 1999 y reformada en el 2006, que exonera totalmente a las empresas turísticas de todas las cargas fiscales, incluyendo IR, IVA, DAI, ISC, así como Impuesto municipal de Bienes Inmuebles.
Los incentivos al turismo sobrepasan el 60 % de sus obligaciones tributarias y aunque la pequeña empresa turística es la que genera mayor empleo al país, de acuerdo a datos oficiales, es la que menos se beneficia de las exoneraciones.
A finales del 2005, el consultor Daniel Artana, calificó el caso de Nicaragua, en relación al turismo, como extremo porque “El Estado actúa como una suerte de socio tonto, ya que termina aportando más de la mitad del costo de la inversión por la vía de menores impuestos, mientras que la totalidad de los beneficios son retenidos por los inversores privados”.
Un ejemplo de exoneración injustificada a los grandes empresarios, es el caso de la familia Pellas beneficiada a través del Intur con exoneración de impuestos para la construcción del edificio Pellas y el lujoso Hospital Metropolitano Vivian Pellas, donde los usuarios son personas de los sectores más pudientes del país.
Báez afirmó que se puede poner a todos los sabios en derecho tributario y al aparato más competente, pero sino hay una voluntad política que los apadrine, para meter en cintura a los grandes grupos de presión que están torciendo la ley, esa gente se suicida.
Para Báez sería una perversión social y económica el seguir aplicando anárquicamente más privilegios que no se dan a los pobres, poniendo como ejemplo, los subsidios por consumo de energía a los sectores pudientes a quienes la Asamblea Nacional, con el respaldó de todas las bancadas, les disminuyó en el 2008 el IVA del 15 al 7 %.
La Asamblea Nacional, por mayoría, estableció en agosto del 2008 que quienes consumen entre 300 y 1000, kw/h. al mes pagaran 7 % en vez del 15 % con lo cual se beneficia a los sectores más ricos cuyo consumo va de los 600 a los 1000 kw/h mensual.
Para Báez el sistema tributario nicaragüense es tremendamente injusto, porque el IR del asalariado contribuye más que el IR del gran productor que transa en la Bolsa Agropecuaria.
Ver en sección de Economía los principales beneficiarios de las exoneraciones y privilegios fiscales.
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