Nueva arremetida contra estudiantes universitarios criminalizados
Por Giorgio Trucchi | LINyM
La última década en Honduras ha sido caracterizada por la represión y la violación sistemática de los derechos fundamentales de personas y organizaciones que luchan contra un modelo político y económico que pone a la venta el país, privatiza servicios básicos, precariza el trabajo, acapara tierras, saquea bienes comunes, militariza territorios y expulsa pueblos y comunidades indígenas y campesinas.
Después del golpe y durante la rectoría de Julieta Castellanos (2009-2017), las y los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) emprendieron una larga y tenaz lucha en defensa de la autonomía universitaria y de una educación superior pública, gratuita y de calidad.
Ante la actitud represiva de Castellanos, punta de lanza de los gobiernos continuadores del golpe contra las demandas del movimiento estudiantil, las y los jóvenes intensificaron las movilizaciones y multiplicaron las tomas pacíficas de recintos universitarios en todo el país.
La demanda de democratización interna y la defensa de la educación pública tuvieron como respuesta la criminalización del movimiento. Al menos 200 estudiantes sufrieron diferentes tipos de persecución. Muchos de ellos y ellas fueron perseguidos judicialmente, unos fueron suspendidos y expulsados, otros tuvieron que abandonar el país.
Aún más violenta, y con señales evidentes de ensañamiento, fue la arremetida contra trabajadoras y trabajadores organizados sindicalmente en la UNAH. Además de sufrir acoso sistemático y ser despedidos ilegalmente, fueron víctimas de asesinato y desaparición forzada, como es el caso de los dirigentes sindicales Donatilo Jiménez Euceda y Héctor Martínez Motiño.





























