Jueza ordena reinstalación de sindicalistas despedidos
Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Que Chiquita Brands Costa Rica violó las leyes al despedir a trabajadores y trabajadoras del departamento de operaciones portuarias en Limón es de sobra conocido. Que lo diga un juez en una primera sentencia sobre el caso, es un paso importantísimo hacia la obtención de justicia.
El 4 de marzo del año pasado, Chiquita Brands, prácticamente sin avisar, cerró el departamento de operaciones portuarias y despidió a más de 180 trabajadores y trabajadoras[1].
Portones cerrados con candados y personal de seguridad cuidando las instalaciones es lo que encontraron al llegar el lunes al centro de trabajo.
Después de semanas de protestas sin lograr acuerdos, Sintracobal[2] y la Rel UITA diseñaron otra estrategia que incluía una demanda colectiva por violación del convenio firmado en 2018, y de los acuerdos alcanzados por medio de un conflicto colectivo de carácter económico-social.
Asimismo, se introdujo una demanda por violación al fuero sindical y varias demandas por casos especiales (trabajadoras en estado de embarazo y en período de lactancia, trabajadores con niveles de incapacidad y despidos por discriminación).
Quince meses después de la puñalada trapera de Chiquita Brands, el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica emitió una sentencia donde declara la nulidad de los despidos de los miembros de la junta directiva del Sintracobal.
También ordena su reinstalación en las mismas condiciones laborales y salariales al puesto que ocupaban antes del despido o, en su defecto, su reubicación en puestos equivalentes y con igual salario.
Finalmente ordena a Chiquita Brands cancelar a los demandantes los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta su efectiva reinstalación, más intereses e indexaciones.
La demanda había sido presentada por despido discriminatorio de dirigentes sindicales, violación del fuero sindical y violación de la libertad sindical.
Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Que Chiquita Brands Costa Rica violó las leyes al despedir a trabajadores y trabajadoras del departamento de operaciones portuarias en Limón es de sobra conocido. Que lo diga un juez en una primera sentencia sobre el caso, es un paso importantísimo hacia la obtención de justicia.
El 4 de marzo del año pasado, Chiquita Brands, prácticamente sin avisar, cerró el departamento de operaciones portuarias y despidió a más de 180 trabajadores y trabajadoras[1].
Portones cerrados con candados y personal de seguridad cuidando las instalaciones es lo que encontraron al llegar el lunes al centro de trabajo.
Después de semanas de protestas sin lograr acuerdos, Sintracobal[2] y la Rel UITA diseñaron otra estrategia que incluía una demanda colectiva por violación del convenio firmado en 2018, y de los acuerdos alcanzados por medio de un conflicto colectivo de carácter económico-social.
Asimismo, se introdujo una demanda por violación al fuero sindical y varias demandas por casos especiales (trabajadoras en estado de embarazo y en período de lactancia, trabajadores con niveles de incapacidad y despidos por discriminación).
Quince meses después de la puñalada trapera de Chiquita Brands, el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica emitió una sentencia donde declara la nulidad de los despidos de los miembros de la junta directiva del Sintracobal.
También ordena su reinstalación en las mismas condiciones laborales y salariales al puesto que ocupaban antes del despido o, en su defecto, su reubicación en puestos equivalentes y con igual salario.
Finalmente ordena a Chiquita Brands cancelar a los demandantes los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta su efectiva reinstalación, más intereses e indexaciones.
La demanda había sido presentada por despido discriminatorio de dirigentes sindicales, violación del fuero sindical y violación de la libertad sindical.
La responsabilidad social de Chiquita Brands
“La empresa procedió a despedir a todo el mundo, incluyendo a las personas protegidas por el fuero sindical, violentando así los procedimientos de ley.
La juez simplemente revisó lo que había pasado y no pudo hacer otra cosa que reconocer que fue un despido ilegal”, dijo a La Rel, Alejandro Ulloa, apoderado legal de los demandantes.
El abogado manifestó que Chiquita presentará un recurso de casación.
“Lo mismo hizo en el caso de otra sentencia que favoreció a una trabajadora que fue despedida en estado de embarazo.
Ahora los magistrados de segunda instancia deberán analizar estos casos y decidir si confirmar o no la sentencia de primera instancia”, explicó Ulloa.
El apoderado legal de los miembros de la junta directiva del Sintracobal ilegalmente despedidos consideró esta sentencia como muy importante.
“Es un primer paso que sienta un precedente fundamental. En este sentido no sólo es importante por el caso de Sintracobal, sino para la protección de la libertad sindical en Costa Rica.
No puede ser que los tribunales consientan que, en un lugar en donde existe un sindicato y un convenio colectivo, una empresa simplemente cierre la actividad, despida a todo el mundo, y se libere así de la obligación de respetar leyes y convenios internacionales”, concluyó Ulloa.
Notas
[1] http://www.rel-uita.org/sindicatos/hace-un-ano-la-punalada-trapera-de-chiquita/
[2] Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines Libre
Fuente: Rel UITA
No hay comentarios:
Publicar un comentario