Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Los días 11 y 12 de noviembre se llevó a cabo la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre el caso de Vicky Hernández, mujer trans de 26 años y activista del grupo Unidad Color Rosa, asesinada por integrantes de la fuerza pública hondureña la madrugada del 28 de junio de 2009, mientras en el país se fraguaba un golpe de estado.
El caso nunca fue investigado y el asesinato de Vicky Hernández quedó en la impunidad.
En 2012, la Red Lésbica Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights, en representación de familiares de la víctima, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), acusando al Estado de Honduras de ejecución extrajudicial y negación de justicia.
En diciembre de 2018, la Cidh determinó la responsabilidad de Honduras en la violación de varios derechos, entre otros, el derecho a la vida y a la protección personal y judicial sin discriminación.
El año sucesivo, ante el incumplimiento de las recomendaciones formuladas por dicha instancia interamericana, el caso fue elevado a la CorteIDH.
Se trata, sin lugar a dudas, de un hito histórico en América Latina, ya que es la primera vez que la CorteIDH estudiará y dictará sentencia en un caso de transfemicidio.
Para Isabel Albaladejo, representante de la Oacnudh en Honduras, la Corte tiene la posibilidad de marcar un precedente en la garantía de los derechos de las personas LGBTI.
“(Exigir) justicia para Vicky significa que ninguna persona debe ser discriminada en razón de su orientación sexual e identidad de género”, dijo previo a la audiencia.
¡Fue el Estado!
“Durante la audiencia logramos argumentar y probar que Vicky Hernández fue ejecutada extrajudicialmente por la fuerza pública, y que el Estado no hizo ningún esfuerzo para investigar y sancionar su asesinato”, dijo Indyra Mendoza, directora de la Red Lésbica Cattrachas.
En espera de la sentencia, que podría tardar de seis a nueve meses, los jueces otorgaron medidas provisionales a favor de la familia de Vicky y la Red Lésbica Cattrachas.
Dichas medidas buscan proteger eficazmente la vida y la integridad personal de las y los beneficiarios.
“Las personas LGBTI no somos vulnerables, nos hicieron vulnerables. Somos esa cuota ‘permitida’ de cuerpos desechables y desechados por el Estado de Honduras” sentenció Mendoza durante la audiencia.
El Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas registra la muerte violenta de 371 personas LGBTI a partir del golpe de estado.
El 91 por ciento de estos casos ha quedado en la impunidad.
Fuente: Rel UITA
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