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| Foto G. Trucchi | Rel UITA |
Informe sobre estado de excepción y derechos humanos
Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
La Convergencia Contra el Continuismo (CCC) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y la Rel UITA, dieron a conocer el segundo informe sobre los impactos de las medidas restrictivas por Covid-19 sobre los derechos humanos.
El objetivo del informe[1], donde se evidencia la falta de credibilidad en la información oficial, la corrupción en el manejo de los recursos para la emergencia, el aumento de los casos de contagio y la creciente conflictividad generada por el hambre, es denunciar los hechos para evitar la impunidad.
A pesar de que el gobierno gestiona unos 2 mil millones de dólares para la emergencia, uno de los presupuestos más grande de Centroamérica para la lucha contra el coronavirus, los resultados han sido desastrosos.
“La cuarentena nacional (…) exhibe las precarias condiciones sociales y económicas estructurales de la población, pero también la carencia de una política pública centrada en la persona.
El país sufre discriminación social, política y étnica rampante, acompañada de la represión policial y militar continuada desde el golpe de 2009.
Las medidas impuestas para salvar vidas (…) responden al falso slogan policial-militar-partidario ‘servir y proteger’, que es sinónimo de viejas prácticas violatorias de derechos humanos y de corrupción”, señala el informe.
Un sistema sanitario público colapsado y la penuria de equipamiento médico se suman a la crisis alimentaria que afecta a más de 3,2 millones de personas aisladas, sin ingresos o en suspenso laboral.
Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
La Convergencia Contra el Continuismo (CCC) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y la Rel UITA, dieron a conocer el segundo informe sobre los impactos de las medidas restrictivas por Covid-19 sobre los derechos humanos.
El objetivo del informe[1], donde se evidencia la falta de credibilidad en la información oficial, la corrupción en el manejo de los recursos para la emergencia, el aumento de los casos de contagio y la creciente conflictividad generada por el hambre, es denunciar los hechos para evitar la impunidad.
A pesar de que el gobierno gestiona unos 2 mil millones de dólares para la emergencia, uno de los presupuestos más grande de Centroamérica para la lucha contra el coronavirus, los resultados han sido desastrosos.
“La cuarentena nacional (…) exhibe las precarias condiciones sociales y económicas estructurales de la población, pero también la carencia de una política pública centrada en la persona.
El país sufre discriminación social, política y étnica rampante, acompañada de la represión policial y militar continuada desde el golpe de 2009.
Las medidas impuestas para salvar vidas (…) responden al falso slogan policial-militar-partidario ‘servir y proteger’, que es sinónimo de viejas prácticas violatorias de derechos humanos y de corrupción”, señala el informe.
Un sistema sanitario público colapsado y la penuria de equipamiento médico se suman a la crisis alimentaria que afecta a más de 3,2 millones de personas aisladas, sin ingresos o en suspenso laboral.
En el informe,
la CCC, Rel UITA y Cofadeh calculan en unos 100 mil las y los
trabajadores suspendidos, y en más de 50 mil los que sobreviven con un
salario reducido al 70 por ciento o menos.
Represión de la protesta
Las protestas espontáneas han sido brutalmente reprimidas.
“Gas lacrimógeno, gas pimienta, detenciones arbitrarias masivas, torturas, aislamiento, trabajos forzados, militarización de los territorios (…) en plena discrecionalidad e impunidad”, advierte el documento.
El resultado es 37 protestas reprimidas, 11 mil personas detenidas arbitrariamente, 165 víctimas de malos tratos, 5 casos de tortura, 8 personas heridas y 1 fallecida. Además hay cientos de casos de personas estigmatizadas por contraer el coronavirus.
También las y los defensores de derechos humanos han sufrido la estigmatización y los vejámenes del régimen. Los datos del informe arrojan 22 casos de hostigamiento, 13 organizaciones afectadas por campañas difamatorias, 33 obstaculizaciones al ejercicio y 3 intimidaciones.
Tampoco ha habido interés para los sectores más vulnerables, como las personas privadas de libertad, entre ellas al menos 11 presos políticos[2], las comunidades indígenas y campesinas.
“No hay palabras para describir la cantidad de violaciones y los atropellos que a diario vive la población.
Nos mantenemos en alerta máxima y hemos desarrollado acciones urgentes, presentado denuncias a nivel nacional e internacional para que no haya impunidad.
Lamentablemente nos enfrentamos a una dictadura que cierra todos los espacios, reprime y criminaliza”, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh, durante la videoconferencia de presentación del informe.
Repensar Honduras
Para muchos países que han sufrido los embates de la pandemia, volver a la ‘normalidad” después de la tragedia no puede ser una opción.
“La normalidad en Honduras es corrupción, vejámenes, represión, violación de derechos. No podemos volver a lo que nos llevó a esta situación de colapso económico y social”, dijo Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras.
“Muchas de las garantías constitucionales suspendidas por la pandemia quedarán definitivamente en papel mojado una vez que entre en vigencia el nuevo Código Penal.
Hay artículos que van a legalizar la criminalización y judicialización de la protesta social. Desde el movimiento sindical vamos a presionar a las centrales para que se sumen a la exigencia de derogar dichos artículos”, explicó Carlos H Reyes, miembro de la CCC y del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA.
“Aquí no se trata de volver a la normalidad que nos han impuesto, sino que como personas que tenemos compromiso con la vida y con nuestro país repensemos Honduras.
Debemos pararnos y decir ¡basta ya! con esto; ¡basta ya! de neoliberalismo fracasado y colapsado. Y esto se gana y se logra en las calles, defendiéndonos ante la brutalidad de este régimen y este modelo”, concluyó Bertha Oliva.
Notas:
[1] “Del Mitch al golpe y de la pandemia al autoritarismo contra los derechos humanos”
[2] http://www.rel-uita.org/
Las protestas espontáneas han sido brutalmente reprimidas.
“Gas lacrimógeno, gas pimienta, detenciones arbitrarias masivas, torturas, aislamiento, trabajos forzados, militarización de los territorios (…) en plena discrecionalidad e impunidad”, advierte el documento.
El resultado es 37 protestas reprimidas, 11 mil personas detenidas arbitrariamente, 165 víctimas de malos tratos, 5 casos de tortura, 8 personas heridas y 1 fallecida. Además hay cientos de casos de personas estigmatizadas por contraer el coronavirus.
También las y los defensores de derechos humanos han sufrido la estigmatización y los vejámenes del régimen. Los datos del informe arrojan 22 casos de hostigamiento, 13 organizaciones afectadas por campañas difamatorias, 33 obstaculizaciones al ejercicio y 3 intimidaciones.
Tampoco ha habido interés para los sectores más vulnerables, como las personas privadas de libertad, entre ellas al menos 11 presos políticos[2], las comunidades indígenas y campesinas.
“No hay palabras para describir la cantidad de violaciones y los atropellos que a diario vive la población.
Nos mantenemos en alerta máxima y hemos desarrollado acciones urgentes, presentado denuncias a nivel nacional e internacional para que no haya impunidad.
Lamentablemente nos enfrentamos a una dictadura que cierra todos los espacios, reprime y criminaliza”, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh, durante la videoconferencia de presentación del informe.
Repensar Honduras
Para muchos países que han sufrido los embates de la pandemia, volver a la ‘normalidad” después de la tragedia no puede ser una opción.
“La normalidad en Honduras es corrupción, vejámenes, represión, violación de derechos. No podemos volver a lo que nos llevó a esta situación de colapso económico y social”, dijo Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras.
“Muchas de las garantías constitucionales suspendidas por la pandemia quedarán definitivamente en papel mojado una vez que entre en vigencia el nuevo Código Penal.
Hay artículos que van a legalizar la criminalización y judicialización de la protesta social. Desde el movimiento sindical vamos a presionar a las centrales para que se sumen a la exigencia de derogar dichos artículos”, explicó Carlos H Reyes, miembro de la CCC y del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA.
“Aquí no se trata de volver a la normalidad que nos han impuesto, sino que como personas que tenemos compromiso con la vida y con nuestro país repensemos Honduras.
Debemos pararnos y decir ¡basta ya! con esto; ¡basta ya! de neoliberalismo fracasado y colapsado. Y esto se gana y se logra en las calles, defendiéndonos ante la brutalidad de este régimen y este modelo”, concluyó Bertha Oliva.
Notas:
[1] “Del Mitch al golpe y de la pandemia al autoritarismo contra los derechos humanos”
[2] http://www.rel-uita.org/
Fuente: Rel UITA
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