Por Nicaleaks
El próximo 20 de octubre se celebrarán en Bolivia las elecciones
presidenciales que definirán si el actual mandatario Evo Morales
arribará a su cuarto mandato consecutivo, o será desplazado por las
fuerzas opositoras, que han desplegado una amplia estrategia de ataques
para impedir la reelección de Morales.
La vía más popular parece ser la de la violencia, lo que muestra una
clara incapacidad para influir en el electorado boliviano mediante
alternativas legítimas y no reprochables. Han acudido a la intimidación,
pues difunden la violencia y el temor a la población para que no acudan
a las urnas.
Un ejemplo se vio en Tarija, lugar en el que organizaciones
anti gubernamentales intentaron impedir la llegada del presidente a ese
departamento.
La mayor muestra de violencia hasta el momento sucedió el pasado 12
de septiembre en en el conservador estado de Santa Cruz (donde se
acumulan las grandes riquezas del país), cuando decenas de
activistas, muchos de ellos jóvenes pertenecientes a familias
acomodadas, arremetieron contra varias oficinas del Movimiento Al
Socialismo (MAS).
Además, los destrozos incluyeron el robo de equipamiento médico y
medios tecnológicos, y no se puede ignorar la quema de una sede de
campaña oficialista en la subtropical parte sur de los Yungas de La Paz.
Por otro lado, se han valido de la naturaleza para sacar provecho y
desacreditar el trabajo del Gobierno, usando el tema de los incendios
que azotan la zona de la Chiquitania boliviana, ante lo que han llegado a
hacer llamados para que Morales decrete desastre nacional a partir de
los hechos de la Chiquitania.
Carlos Mesa, quien fuera vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Losada,
expulsado del país por su política neoliberal, responsabiliza al
Gobierno por el fuego en esa región, aun cuando los especialistas han
demostrado que los incendios se produjeron a causa del cambio climático.
Los cuestionamientos de Mesa centran la atención en la decisión
gubernamental de disponer de más de 15 millones de dólares en el
alquiler del avión Boeing Supertanker y otras 22 aeronaves, y en que el
mandatario no pidiese ayuda internacional durante los primeros días de
la catástrofe ambiental.
En esta campaña de desprestigio, la oposición ha maquillado la
realidad del país al presentarlo como una nación al borde de un
cataclismo político que en realidad no existe.
Inicialmente, con la incentivación de un ambiente de convulsión
social que deslegitime las elecciones del 20 de octubre, en las que Evo
cuenta con el mayor apoyo.
Aquí cabe recordar otra de las banderas opositoras: la defensa del
resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando se rechazó la
propuesta de cambio de un artículo de la Constitución, para habilitar a
Morales para las elecciones de 2019.
La oposición, en su ala más radical, ha hecho una jugada que se le
puede virar en contra, pues los jefes de los grupos cívicos del sur han
lanzado una convocatoria para iniciar un paro nacional indefinido el
próximo 10 de octubre para exigir la renuncia de los vocales del órgano
electoral plurinacional.
En otro intento, que pudiera parecer desesperado, el grupo
autodenominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia exhortó a los
partidos a retirar sus candidaturas y llamó al voto nulo.
Evo Morales se ha alzado como favorito en todas las encuestas. Un
reciente estudio de la encuestadora Viaciencia ofrece al mandatario
indígena una preferencia electoral de 42,3 por ciento de puntos
porcentuales, creciente con relación al pasado mes, cuando mostraba un
39,1 por ciento.
La investigación de Viaciencia, realizada entre el 2 y el 11 de este
mes, demuestra que Mesa, su más cercano rival, del opositor movimiento
Comunidad Ciudadana, apenas acumula 21,2 por ciento, menos que en
agosto, con 22,0 por ciento.
Mientras tanto, una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano
de Geopolítica (Celag), indica que más del 50 por ciento de la población
apoya la continuidad de las políticas sociales actuales y considera que
se debería avanzar en la nacionalización de otros sectores
estratégicos.
Morales asumió la presidencia de Bolivia cuando era el segundo lugar
de pobreza en la región, solo superada por Haití, y luego de 13 años de
gestión, goza de una evaluación positiva del 72 por ciento de la
población, después de declarar a Bolivia un estado pluricultural, con
una avanzada política nacionalista e integracionista.
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