miércoles, 9 de octubre de 2019

Honduras: la farsa de la guerra contra las drogas y la narcodemocracia

Por Ofraneh

Honduras a partir del golpe de estado de 2009 fue convertida en un laboratorio político, siendo posible condensar la historia de la última década, en un narcocorrido donde las bandas del carro azul y rojo se dedicaron al narcotráfico y el saqueo del país; todo bajo la discreta mirada y complicidad de las administraciones de Obama y Trump.

La masacre de indígenas Miskitos a manos de la DEA y la policía hondureña, acontecida en mayo de 2012, dio inicio a una ofensiva como parte de la supuesta guerra contra las drogas. En dicho operativo murieron dos mujeres embazadas y dos menores de edad, los que según las autoridades estadounidenses atacaron un helicóptero con armas de fuego. Años después el departamento de estado reconoció la inocencia de los asesinados, sin que hasta la fecha se haya logrado justicia alguna ante la inmunidad otorgada a los agentes extranjeros y el veredicto de la justicia hondureña que dictaminó la inocencia de los artilleros de la policía nacional.

Días antes de la masacre el New York Times publicó un artículo sobre la aplicación en Honduras de las lecciones aprendidas en Irak, el artículo en cuestión ensalzaba la aplicación de técnicas de guerra experimentadas en Irak, en el escenario de la costa norte de Honduras, con el supuesto propósito  de frenar el trasiego de narcóticos.

Es indudable que la Moskitia al igual que otros parajes despoblados en Centroamérica han sido utilizados como trampolines en la ruta de la coca. En el caso específico de Honduras, el verdadero epicentro del narcotráfico, no ha sido precisamente las pistas ilegales en la costa norte, sino el Congreso Nacional, cuyos respetables miembros se han dedicado al trasiego de estupefacientes al mismo tiempo que contribuyen a erosionar los erarios nacionales, siendo la corrupción su leitmotiv.

En Honduras se viene librando una guerra no precisamente contra las drogas sino contra el pueblo, el que viene confrontado una oleada de violencia, agravada por un estado fallido inducido, que desde hace una década viene desangrando la población; sin que hasta la fecha exista posibilidad alguna de emerger de las tinieblas en que nos encontramos. Para el 2011, Honduras alcanzó la cifra de más 90 asesinatos por cada cien mil habitantes, superando más de diez veces el promedio mundial de homicidios

El éxodo masivo que se viene dando desde hace años, ha sido soterrado por los serviles medios de comunicación masivos, que obviaron la problemática hasta la aparición de las caravanas mediáticas, utilizadas por Trump como combustible explosivo, es para las elecciones de término medio en Estados Unidos efectuadas a finales de 2018.

El caso de Honduras es semejante al que se ha dado en varios naciones de África occidental, donde desde hace más de dos décadas, los sátrapas de turno se convirtieron en aliados del crimen organizado sudamericano; y por supuesto las presiones internacionales fluctúan de acuerdo a la docilidad del régimen en cuanto a la denominada explotación de “recursos naturales”.  El caso de Honduras y el de Guinea Bissau, presentan una serie de similitudes, que demuestran un cierto interés de parte de la comunidad internacional en mantener regímenes corruptos como parte de los trampolines en la ruta de la coca, tan esenciales como son los paraísos fiscales, para el lucrativo negocio de drogas y armas ilícitas

En los más de 40 años de existencia de la supuesta guerra contra las drogas, los paraísos fiscales donde termina buena parte de las ganancias, continúan incólumes a pesar de las supuestas presiones. Mientras el trasiego de precursores químicos se mantiene vigente.

Golpe de estado y narcodemocracia

Es a partir del golpe de estado de 2009, cuando se establece una política de cielos abiertos en el país, contando con el aparente apoyo de las fuerzas de seguridad. Durante varios años el crimen organizado asociados con políticos y militares actuaron sin aparente reparo alguno de los Estados Unidos, que mostraba una cierta complacencia con el gobierno autoritario surgido de una farsa electoral, donde la oposición había sido prácticamente aniquilada, además de fusionarse los partidos de centro derecha que durante décadas acapararon la política vernácula.

Uno de los proyectos de país impulsado después del golpe de estado, fue el de las ciudades modelo promovida por los libertarios estadounidenses, con el cual hasta la fecha se pretende subastar ciertas partes del país, casualmente habitadas por pueblos indígenas. Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) conocidas como ciudades modelo, han formado parte del esquema de Disrrupcion de la Democracia con la cual los libertarios neorreaccionarios estadounidense, han pretendido retornar al sueño de William Walkerm creando ciudades-estado, con sus propias constituciones y fuerzas de seguridad.

Todo parece indicar que en la última década los carteles de las drogas y partidos políticos se han fusionado en Honduras, los fuertes rumores han sido confirmados por la Corte Sur del Distrito de Nueva York, donde familiares de los dos últimos presidentes desfilan al mismo tiempo que la lista de implicados se va engrosando, sacando a flote la complicidad existente hasta la fecha entre crimen organizado, partido políticos, situación que aparentemente ha sido tratada con una enorme benevolencia pro parte de las autoridades estadounidenses.

Fraude masivo en elecciones en el Paraíso de la derecha

Las “elecciones" del 2013, se caracterizaron por una participación abierta de narcotraficantes que se postularon a alcaldías y diputaciones, siendo uno de las más llamativos, el proceso efectuado en El Paraiso, Copán, donde el Sr. Alexander Ardon ganó con un 81,4% de los votos, después brindó "protección" tanto a los observadores y periodistas que acompañaron el "proceso electoral¨.

Durante la votación Ardón encerró en un hotel a los observadores de las mesas electorales. Ardón quien se hacía llamar el “rey del pueblo”; el que el día de hoy, testifica en la Corte Sur de Nueva York, en contra del actual mandatario, convertido en el centro de la atención, ante su inaudita capacidad para mantenerse en el poder, a pesar de los señalamientos, situación que conlleva a pensar que cuenta con el apoyo irrestricto de Washington.

La elecciones de 2017, demostraron como en Honduras el crimen organizado y los partidos políticos convergieron en una sólida arremetida contra opositores, haciendo uso de las tropas de élite que el actual mandatario tiene a su disposición, acompañadas de un séquito de pastores evangélicos y alguno altos prelados de la iglesia católico, los que suelen disparar el apoyo total al régimen.

Las elecciones de 2009, 2013 y 2017, demostraron como en Honduras los procesos electorales se  convirtieron en otro negocio más a  manos del crimen organizado, los que absorbieron a los partidos políticos existentes.

La guerra contra las drogas, pueblos indígenas y desterritorialización

Los pueblos indígenas del caribe mesoamericano fuimos entregados al crimen organizado con la complicidad de las fuerzas de seguridad de los estados-nación. Ahora somos víctimas de la represión que va dirigida más a la desterritorialización que a frenar el tráfico de estupefacientes.

Mientras tanto las comunidades indígenas y negras del Chocó en Colombia se ven afectados por un fenómeno similar con el agravante que se dio durante años del uso de defoliantes sobre sus territorios, estrategia que se aplica en otros países andinos.

Como parte del control del territorio aparecen las enormes plantaciones de palma africana en zonas selváticas, dando lugar a desplazamientos poblacionales, los que parece ser no tienen fina a pesar del precio irrisorio del aceite de palma en el mercado internacional.

En el caso del pueblo Garífuna, nuestro territorio ha sido utilizado durante años por el crimen organizado, el que se encuentra en una aparente simbiosis con las fuerzas de seguridad, dando lugar a un estado fallido, donde el imperio de ley se desvanece ante la violencia imperante.

Los narcos se han apoderado de buena parte de la costa norte a través de compras muchas veces ilegales, además de manipulación de los registros de Propiedad, tal como sucedió con el Instituto de la Propiedad en la ciudad de La Ceiba.

El caso del territorio Garífuna de Vallecito, este fue apropiado en un 80% por el crimen organizado. La Ofraneh después de años de presión logró la remedición y recuperación del lugar en el 2014. No obstante las presiones territoriales continúan, con la presencia frecuente de bandas de hombres con armas largas, sin que el estado manifieste voluntad alguna en ejercer el control del territorio nacional.


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