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| Foto Copinh |
Desconocen toda actuación del tribunal y denuncian farsa judicial
Por Giorgio Trucchi | ALAI
Tras la decisión de la Sala Primera del Tribunal de
Sentencia de Tegucigalpa de excluir a los representantes legales de las
víctimas del juicio contra los imputados del asesinato de Berta Cáceres
y la tentativa de asesinato del activista ambiental mexicano Gustavo
Castro, la familia de la luchadora social, el Copinh y los equipos
legales del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el
Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) anunciaron que
desconocerán las actuaciones de las jueces por considerarlas ilegales.
La decisión de las víctimas y sus representantes fue anunciada en conferencia de prensa y plasmada en un comunicado, que recoge las irregularidades e ilegalidades cometidas por los órganos de justicia durante los últimos dos años y medio.
La exclusión de los representantes privados de las víctimas se dio el pasado 19 de octubre, tras convocarse de manera ilegal el inicio del juicio puesto que hay recursos pendientes de resolver, entre otros el de la recusación de las cuatro jueces que integran la Primera Sala.
Además, el tribunal decidió de manera unilateral imponer al Ministerio Público (MP) como representante único de las víctimas.
“El Ministerio Público nunca ha representado ni representará a las víctimas, sino a los victimarios, ocultando sistemáticamente información y negando nuestros derechos. El tribunal está desarrollando una farsa, todas sus actuaciones son ilegales y el juicio debe ser reiniciado y desarrollado con todas las garantías”, dijo Bertha Zúniga, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Todo es ilegal
“La decisión del tribunal de imponer como representantes legales a los fiscales del MP, esos mismos que están siendo denunciados por cometer abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y desobediencia a órdenes judiciales, constituye una ofensa y una burla a la dignidad de las víctimas. Es un ataque a su dignidad y constituye un hecho de revictimización”, dijo Víctor Fernández, representante legal de la familia de Berta Cáceres y miembro del equipo del MADJ.
Para él, todo lo que ha pasado en estos meses ronda entre la ilegalidad y la mentira, y tiene el objetivo de generar impunidad desde el sistema judicial.
“El nivel de determinación de atropellar a las víctimas ha llegado al extremo que las distintas instancias del poder judicial que han intervenido en el caso están mintiendo descaradamente Afirman, por ejemplo, que una resolución que resuelve una recusación no es susceptible de recurso de apelación. Esto es absurdo y le resta credibilidad a este tribunal”, advirtió Fernández.
El abogado aclaró que los representantes legales de la familia, el Copinh y Gustavo Castro nunca han abandonado, como se les acusa, la causa Berta Cáceres.
“El día que quisieron iniciar el proceso acudimos a la audiencia para decirles a las jueces, por escrito, que no íbamos a avalar una diligencia judicial dirigida por un tribunal que sigue recusado. Tanto las víctimas como nosotros hemos aportado mucho al proceso, y es por eso que el sistema de justicia y el gobierno nos vienen marginando”, lamentó.
Plan perverso
Detrás de un juicio plagado de irregularidades e ilegalidades podría ocultarse un plan perverso del Estado. Por un lado llegar a tener algún tipo de sentencia condenatoria ante la creciente presión internacional, por el otro crear las condiciones para que dichas sentencias sean susceptibles del recurso de nulidad.
De esta manera se aseguraría la condena de algunos ejecutores materiales del crimen y se desvincularían del asesinato a las personas más cercanas a la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), titular de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
La decisión de las víctimas y sus representantes fue anunciada en conferencia de prensa y plasmada en un comunicado, que recoge las irregularidades e ilegalidades cometidas por los órganos de justicia durante los últimos dos años y medio.
La exclusión de los representantes privados de las víctimas se dio el pasado 19 de octubre, tras convocarse de manera ilegal el inicio del juicio puesto que hay recursos pendientes de resolver, entre otros el de la recusación de las cuatro jueces que integran la Primera Sala.
Además, el tribunal decidió de manera unilateral imponer al Ministerio Público (MP) como representante único de las víctimas.
“El Ministerio Público nunca ha representado ni representará a las víctimas, sino a los victimarios, ocultando sistemáticamente información y negando nuestros derechos. El tribunal está desarrollando una farsa, todas sus actuaciones son ilegales y el juicio debe ser reiniciado y desarrollado con todas las garantías”, dijo Bertha Zúniga, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Todo es ilegal
“La decisión del tribunal de imponer como representantes legales a los fiscales del MP, esos mismos que están siendo denunciados por cometer abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y desobediencia a órdenes judiciales, constituye una ofensa y una burla a la dignidad de las víctimas. Es un ataque a su dignidad y constituye un hecho de revictimización”, dijo Víctor Fernández, representante legal de la familia de Berta Cáceres y miembro del equipo del MADJ.
Para él, todo lo que ha pasado en estos meses ronda entre la ilegalidad y la mentira, y tiene el objetivo de generar impunidad desde el sistema judicial.
“El nivel de determinación de atropellar a las víctimas ha llegado al extremo que las distintas instancias del poder judicial que han intervenido en el caso están mintiendo descaradamente Afirman, por ejemplo, que una resolución que resuelve una recusación no es susceptible de recurso de apelación. Esto es absurdo y le resta credibilidad a este tribunal”, advirtió Fernández.
El abogado aclaró que los representantes legales de la familia, el Copinh y Gustavo Castro nunca han abandonado, como se les acusa, la causa Berta Cáceres.
“El día que quisieron iniciar el proceso acudimos a la audiencia para decirles a las jueces, por escrito, que no íbamos a avalar una diligencia judicial dirigida por un tribunal que sigue recusado. Tanto las víctimas como nosotros hemos aportado mucho al proceso, y es por eso que el sistema de justicia y el gobierno nos vienen marginando”, lamentó.
Plan perverso
Detrás de un juicio plagado de irregularidades e ilegalidades podría ocultarse un plan perverso del Estado. Por un lado llegar a tener algún tipo de sentencia condenatoria ante la creciente presión internacional, por el otro crear las condiciones para que dichas sentencias sean susceptibles del recurso de nulidad.
De esta manera se aseguraría la condena de algunos ejecutores materiales del crimen y se desvincularían del asesinato a las personas más cercanas a la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), titular de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Asimismo
se sentarían las bases para futuros juicios, como el que enfrentará el
ex gerente general de DESA, David Castillo, enterrando cualquier
posibilidad de enjuiciar a los autores intelectuales del crimen.
“No nos interesa una farsa como la que están montando, ni que condenen a cualquier persona y por cualquier cosa. Pretenden ocultar la verdad integral del crimen, protegiendo a los que orquestaron, planearon y financiaron el asesinato de Berta. Por eso no vamos a participar de la farsa y reivindicamos nuestra determinación de agotar todas las instancias para que se garantice la participación efectiva y un juicio justo”, aseguró Fernández.
Campaña negra
Los meses previos al inicio del juicio fueron marcados por una intensa ofensiva mediática tendiente a denigrar tanto la figura de Berta Cáceres, como el Copinh y el trabajo investigativo independiente.
Amsterdam & Partners LLP, bufete de abogados defensores de la empresa DESA, contrató recientemente al reconocido penalista canadiense Brian Greenspan para que elaborara un informe donde se desacredita el trabajo investigativo realizado por el GAIPE[1].
La investigación del grupo de expertos concluía que existen pruebas irrefutables de que altos ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales, están involucrados en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato.
“El mundo no duda que DESA es la asesina de mi mami. No existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la verdad y las ideas”, escribió Bertha Zúniga en su cuenta Twitter.
A la par de estos intentos de sembrar dudas en la opinión pública nacional e internacional, se ha desatado toda una campaña de difamación y estigmatización contra el Copinh y las organizaciones acusadas de ser “anti desarrollo”.
Los ataques apuntan, entre otros, a convencer a las organizaciones internacionales solidarias a desvincularse de la organización indígena de la cual Berta Cáceres fue cofundadora.
Un ejemplo es la reciente entrevista realizada por el periódico español El Confidencial al abogado de DESA, Robert Amsterdam.
En la entrevista el abogado acusa al Copinh de ser una “organización política de naturaleza criminal” y de “encubrir el asesinato” de Berta Cáceres, y al GAIPE de “falta de objetividad” y de violar “los derechos de los acusados a un juicio justo”.
Lo que más preocupa es que la ‘campaña negra’ ya trascendió la simple esfera mediática y el Copinh ha venido denunciando ataques físicos y armados y destrucción de cultivos, como los que han sufrido recientemente las comunidades lencas en la zona de Río Blanco.
“Como hemos denunciado, la estigmatización y la difamación, con el amplificador de los medios de comunicación oligárquicos, son el preludio de la violencia, las agresiones y los asesinatos en contra del pueblo que exige sus derechos”, lamentó el Copinh en un reciente comunicado.
Atacan el legado de Berta
La campaña ha servido también para atacar la figura y el legado de compromiso y lucha de Berta Cáceres. La biografía no autorizada publicada hace unos meses en Honduras cumple justamente dos objetivos: tergiversar la imagen y la trayectoria personal de la dirigente indígena y eximir a DESA y a sus principales cuadros dirigentes de cualquier responsabilidad en el asesinato.
“Estas mismas campañas de estigmatización y criminalización la vivió nuestra compañera Berta antes de ser vilmente asesinada por la empresa DESA. Exigimos que se incorporen al juicio los medios de prueba propuestos por las víctimas, que muestran los antecedentes del asesinato vinculados al trabajo de Berta”, manifestó el Copinh.
[1] Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas
“No nos interesa una farsa como la que están montando, ni que condenen a cualquier persona y por cualquier cosa. Pretenden ocultar la verdad integral del crimen, protegiendo a los que orquestaron, planearon y financiaron el asesinato de Berta. Por eso no vamos a participar de la farsa y reivindicamos nuestra determinación de agotar todas las instancias para que se garantice la participación efectiva y un juicio justo”, aseguró Fernández.
Campaña negra
Los meses previos al inicio del juicio fueron marcados por una intensa ofensiva mediática tendiente a denigrar tanto la figura de Berta Cáceres, como el Copinh y el trabajo investigativo independiente.
Amsterdam & Partners LLP, bufete de abogados defensores de la empresa DESA, contrató recientemente al reconocido penalista canadiense Brian Greenspan para que elaborara un informe donde se desacredita el trabajo investigativo realizado por el GAIPE[1].
La investigación del grupo de expertos concluía que existen pruebas irrefutables de que altos ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales, están involucrados en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato.
“El mundo no duda que DESA es la asesina de mi mami. No existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la verdad y las ideas”, escribió Bertha Zúniga en su cuenta Twitter.
A la par de estos intentos de sembrar dudas en la opinión pública nacional e internacional, se ha desatado toda una campaña de difamación y estigmatización contra el Copinh y las organizaciones acusadas de ser “anti desarrollo”.
Los ataques apuntan, entre otros, a convencer a las organizaciones internacionales solidarias a desvincularse de la organización indígena de la cual Berta Cáceres fue cofundadora.
Un ejemplo es la reciente entrevista realizada por el periódico español El Confidencial al abogado de DESA, Robert Amsterdam.
En la entrevista el abogado acusa al Copinh de ser una “organización política de naturaleza criminal” y de “encubrir el asesinato” de Berta Cáceres, y al GAIPE de “falta de objetividad” y de violar “los derechos de los acusados a un juicio justo”.
Lo que más preocupa es que la ‘campaña negra’ ya trascendió la simple esfera mediática y el Copinh ha venido denunciando ataques físicos y armados y destrucción de cultivos, como los que han sufrido recientemente las comunidades lencas en la zona de Río Blanco.
“Como hemos denunciado, la estigmatización y la difamación, con el amplificador de los medios de comunicación oligárquicos, son el preludio de la violencia, las agresiones y los asesinatos en contra del pueblo que exige sus derechos”, lamentó el Copinh en un reciente comunicado.
Atacan el legado de Berta
La campaña ha servido también para atacar la figura y el legado de compromiso y lucha de Berta Cáceres. La biografía no autorizada publicada hace unos meses en Honduras cumple justamente dos objetivos: tergiversar la imagen y la trayectoria personal de la dirigente indígena y eximir a DESA y a sus principales cuadros dirigentes de cualquier responsabilidad en el asesinato.
“Estas mismas campañas de estigmatización y criminalización la vivió nuestra compañera Berta antes de ser vilmente asesinada por la empresa DESA. Exigimos que se incorporen al juicio los medios de prueba propuestos por las víctimas, que muestran los antecedentes del asesinato vinculados al trabajo de Berta”, manifestó el Copinh.
[1] Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas
Fuente: ALAI
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