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Por Eliana Gilet | Desinformémonos
Tras 14 días recorriendo Honduras, El Salvador y México la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia ha articulado un mensaje claro: la guerra por las drogas ha terminado. La prohibición es un fracaso. Los muertos los ponemos nosotros.
Tras 14 días recorriendo Honduras, El Salvador y México la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia ha articulado un mensaje claro: la guerra por las drogas ha terminado. La prohibición es un fracaso. Los muertos los ponemos nosotros.
Parados en esa legitimidad, en ser las víctimas de una pseudo lucha contra el crimen organizado, analizaron y en enunciaron su mensaje, los integrantes de la caravana que se dirige al norte para participar el próximo 19 de Abril en la Sesión Especial sobre drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) en Nueva York.
La crisis aceleró las cosas, pero ya en 2012 había señales de que la política debía ser re-formulada: cuando Felipe Calderón (a quien se identifica como uno de los grandes promotores de la Guerra contra las drogas en el país) era aún presidente de México, -a poco que Enrique Peña Nieto dejara el sillón de la presidencia municipal del estado y pasara al nacional-, Calderón intercedió en la Onu para que el enfoque de la política llevada a cabo en centro y norteamérica latina fuera re-discutido. Frente al pleno de las Naciones Unidas, durante el discurso que brindó en Setiembre de 2012, planteó la necesidad de adelantar la UNGASS de 2019, como estaba previsto, a 2016. En el Museo de la Ciudad de México, donde se abrió el debate este lunes 11 de Abril, este tipo de información fluyó y pudo verse cómo el frente que plantea el fin de la guerra ya ha confluído en una postura común, sólida y consensuada.
“Era de esperarse que Enrique Peña Nieto declinara su participación en la UNGASS. No nos asombra. Pero nosotros sí vamos a estar para comunicar nuestro mensaje: nuestros hijos no desaparecieron simplemente, fueron desaparecidos. Son las víctimas del crimen institucionalizado, familiarizado. ¿Cómo se explica la continuidad de Javier Duarte sino, como gobernador de Veracruz? ¿Dónde está Fidel Herrera? (ex gobernador, mismo estado). Podrán crees que estamos ciegos, que pueden taparnos el sol con un dedo, pero lo que quiero hacerle llegar a Peña Nieto es que el que avisa no es traidor. Nadie se comió esa píldora por más que la endulzaran. Lo sabemos, fue el Estado. Nuestro mensaje es claro: Ya basta”.
Las palabras de María Herrera resonaron en el hall central del Museo de la capital mexicana. Ella, a la que el gesto le ha quedado como dolorido, que primero fueron desaparecidos dos de sus hijos, junto a otros 5 amigos; ella a quien tras la denuncia pública y la búsqueda, le fueron desaparecidos otros 3 integrantes de su familia. Ella que denunció que el año pasado intentaron llevarse a un hijo más. Ella, tiene toda la razón. Algunos datos que lo prueban, de la mano de la Comisión mexicana para la defensa y promoción de los Derechos Humanos:
Los costos de la “Guerra contra las Drogas” que se ha puesto en práctica en los países de centroamérica y México ha traído consigo los siguientes costos, “los 7 males de México”:
– MILITARIZACIÓN de la política pública de seguridad en detrimento de una mayor participación de la policía civil. También, de la política de drogas, de la que las fuerzas castrenses pasan a formar parte de su elaboración, reforzando el paradigma represor en lugar del de salud. Pero sobre todo, su principal efecto ha sido un alarmante aumento de las ejecuciones extrajudiciales, ya que las distintas áreas el Ejército y la Marina que trabajan en el control del “crimen organizado” se han erigido como “verdugos” de las personas que detienen.
– DESPLAZAMIENTOS INTERNOS forzados, cuyo cálculo más conservador indica que al menos 250 mil personas han abandonado su hogar en los últimos 5 años, obligados por la violencia de la “guerra” desatada.
– auge de las DESAPARICIONES FORZADAS, cuyo cálculo más magro indica que existen al menos 8 mil casos en el país, de los que su gran mayoría ha tenido participación de agentes del estado. Ya sea por la ejecución directa de los secuestros, como por el apoyo u omisión de esta práctica por parte de grupos del crimen organizado.
– la GENERALIZACIÓN de la TORTURA por parte de los agentes estatales que la utilizaron, en muchos casos, de forma sistemática como forma de obtener información de quienes “perciben” pueden pertenecer al crimen organizado.
– auge de las EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, sin ningún tipo de control jurisdiccional, en manos de servidores públicos dentro del contexto de las políticas de drogas.
– aumento desproporcionado de las DETENCIONES ARBITRARIAS, así como un exceso del uso de la “flagrancia” (término legal y policial que permite saltarse el control del juez si a una persona se la encuentra en el momento de cometer un delito, las manos en la masa podría llamarse), así como de la figura del “arraigo penal” que es la utilizada por los servidores públicos para interrogar a quienes consideren necesario, deteniéndolo previamente.
– la consagración de la CORRUPCIÓN y la IMPUNIDAD en todos los casos que tienen que ver con graves violaciones a los derechos humanos. “Hay una impunidad endémica, en la que ningún tipo de funcionario público ha sido condenado por su responsabilidad en lo descrito más arriba”
El problema, consideraron los presentes, no va a solucionarse con el abandono de la penalización de las drogas y su regulación simplemente, pero la experiencia comparada de otros países (como el Uruguay, con el que se ha tenido algún intercambio dada su experimento de legalizar la marihuana y poner al propio estado a producirla) señala que por ahí hay una vía.
Junto a esto, y a raíz de esto, manifestaron la imperiosa necesidad de un poder judicial que funcione, cuyas procuradurías tengan la autonomía necesaria, “la fortaleza técnica y ética para romper el excesivo vínculo que tienen hoy con los poderes ejecutivos de los 3 órdenes, que les permita acusar a cualquier funcionario del rango que sea, o agente del estado o miembro de la delincuencia organizada que haya cometido este tipo de delitos”
Otras propuestas circularon en torno a la mesa de los marchantes en la caravana y de las organizaciones mexicanas que se acercaron a recibirlos: desde la necesidad de elaborar un censo de los niños huérfanos por el conflicto, y de mecanismos que les permitan liberarse de las redes que los han cooptado; hasta el reclamo de una mayor atención de la situación en el norte del país, donde el peligro acecha a quienes se movilizan, aún simplemente cuando intentan hablar con el vecino que tienen al lado.
“¿Por qué sucede esto? Una de las formas de obnubilar nuestra acción es que no podamos comprender que es lo que pasa. Si no comprendemos, no podemos actuar. La caravana colabora con esa comprensión, de que estamos en un época nueva que ha sido trágica para nuestros pueblos. La caravana permite a las personas no ser sólo víctimas, sino ser seres humanos activos. No hay dolor más grande que el que no se puede comprender” el historiador e investigador de la Universidad Autónoma de México, Adolfo Gilly puso su grano de arena en la actividad.
“Esto no es una guerra sino un instrumento utilizado por los mismos intereses que se dice combatir para subordinar la vida humana a las nuevas formas de producción y de despojo. No pueden decirnos que esta guerra es real, que tiene los fines que dicen que tiene. La forma de encontrarle el sentido es poner nuestro cuerpo, no sólo pensamiento y acción a lo que sucede. ¿Cuáles van a ser las formas de organización que necesitamos para recuperar la decisión sobre nuestras vidas? ¿Qué puede hacer una caravana al respecto? Fortalecer un sentido común, que nos permita reconquistar nuestra vida, sí nuestro trabajo, pero también nuestro tiempo para el disfrute y la solidaridad.”
Por ahí, entonces, la palabrita mágica. Si algún despistado aún no lo entiende, Doña María Herrera, madre de 4 hijos que desaparecidos a la fuerza, se lo explica: “No tengan miedo a morir, sólo los guajolotes mueren en la víspera, no sean crueles, ayúdennos a luchar.”
Fuente: Desinformémonos
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