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Por Dina Meza | Pasos de Animal Grande
El 13 de julio de 2015 se produjeron protestas estudiantiles a nivel nacional en solidaridad con los estudiantes de odontología, a quienes la rectora Julieta Castellanos decidió cancelarles el período por el solo hecho de protestar para que se les dotara el espacio necesario y los materiales adecuados para hacer su práctica. También en las protestas demandaron la democratización de la UNAH.
Eso provocó unos 24 requerimientos en varios centros universitarios, a petición de la rectora Castellanos ante el Ministerio Público que de inmediato y con “mucha diligencia” libró los requerimientos e inició el proceso judicial sin pruebas, con un único testigo: el jefe de los guardias de seguridad de la UNAH, quien obviamente obedece órdenes de la funcionaria y por lo tanto tiene intereses encontrados, lo cual fue permitido por la jueza que conoce la causa.
La Audiencia Preliminar se inició este 31 de marzo al filo de las 10 de la mañana, con la presencia de la Jueza número seis, una fiscal, un represente de la Procuraduría General de la República, Kenia Oliva, abogada de la Iniciativa Periodismo y Democracia, quien fungió como la representante legal de Moisés Cáceres y Mario Rojas, apoderado legal de Cesario Padilla y Sergio Ulloa.
La fiscal en el uso de la palabra expresó que los tres estudiantes con pasamontañas se tomaron los portones de la UNAH, lo que consideró “conductas antijurídicas de los hoy imputados”. “El derecho a la libertad de expresión no puede limitar el derecho de las demás personas, para el Ministerio Público la pena es de tres a cinco años, estableciendo la participación a título de autores… y formaliza la acusación por el delito de usurpación, para que se proceda a elevar la causa a juicio oral y público”.
Por su parte el representante de la Procuraduría dijo que se sumaba a la petición de la fiscalía, “estimando que las acciones de los imputados están a título de autores”.
La abogada Kenia Oliva, al tocarle su turno, señaló que “esta defensa rechaza los cargos imputados por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República contra Moisés David Cáceres”
El abogado Mario Rojas expresó que “esta defensa rechaza el requerimiento fiscal contra Cesario Padilla y Sergio Ulloa, se abstiene de contestar, lo hará en el juicio oral y público, y pide que se dicte apertura a juicio y se proceda a otorgar copia del expediente en su totalidad”.
En el término de tres días la jueza emitirá el auto de apertura para juicio oral y público y tal como se nota la “diligencia” judicial en este caso, muy pronto será el juicio donde la unidad granítica de los operadores de justicia pretende condenar la protesta social y establecer un precedente para que ya no hayan más demandas estudiantiles tal como es el sueño de la rectora Julieta Castellanos, señalada como autoritaria por el movimiento estudiantil.
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