Nota de prensa
La Misión Internacional "Justicia para Berta Cáceres" que mantiene sus actividades estos días en Honduras, expresa su honda preocupación por la incorrecta utilización del nombre del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por parte del Gobierno Hondureño en relación a la investigación del Ministerio Fiscal del asesinato de Bertha Cáceres.
Desde hace varios días, el Fiscal General de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla, ha anunciado que ha solicitado a la oficina hondureña del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que certifique la investigación del Ministerio Fiscal en el caso de la dirigente indígena. Según la información recabada por la Misión Internacional, la oficina del Alto Comisionado no tiene capacidades técnicas ni operativas para poder acompañar las indagaciones del Ministerio Público.
Por otra parte, el Alto Comisionado tampoco tiene un mandato para certificar un proceso de investigación de la Fiscalía de un crimen político como el que se cometió contra la coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), Bertha Cáceres. Lo que ha expresado la oficina del Alto Comisionado es que abre la oficina para acompañar a Honduras en temas de derechos humanos a raíz de una solicitud del 2014. Sin embargo, en los medios de comunicación, se afirma que Naciones Unidas está verificando las actuaciones de la Fiscalía en esta etapa del levantamiento de pruebas y otras diligencias de la investigación fiscal.
La misión tenía previsto reunirse con la oficina del Alto Comisionado en Tegucicalpa el día 18 de marzo a las 12:00 para interesarse por el caso de Bertha Cáceres y las afirmaciones del Gobierno hondureño sobre el papel del Alto Comisionado en relación a dicho caso. Lamentablemente la cita fue cancelada 20 minutos antes de llegar a la oficina por razones desconocidas. La misión internacional tenía un interés muy especial en esa reunión después de haber estudiado el importante análisis del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, "Una cuestión de respeto - evitar la complicidad en violaciones de derechos humanos en proyectos de desarrollo" del 17 de marzo.
La Misión Internacional "Justicia para Berta Cáceres" se quedará en el país hasta el 20 de marzo, manteniendo reuniones con diversas autoridades y organizaciones del movimiento social.
La delegación está conformada por:
Miguel Urbán Crespo - Europa, Eurodiputado PODEMOS - Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL
Nora Cortiñas - Argentina, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Pedro Arrojo – España, Diputado de PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España
José Olvera - México, UNT-CSA México, Unión Nacional de Trabajadores / Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas
Beverly Keene - Argentina, Coordinadora Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Mirna Perla Jiménez - El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador
Brian Finnegan - Estados Unidos, AFL/CIO – CSA. Federación estadounidense del trabajo y congreso de organizaciones industriales
Zulma Larin - El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia
Natalia Atz Sunuc - Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Gustavo Lozano - México, Académico y Abogado de la coalición de movimientos sociales por el agua y por la tierra (MAPDER y REMA) en articulación con el movimiento centroamericano.
Tom Kucharz - España, Asesor político de la delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Miguel Ángel de los Santos - México, Abogado de la Red Iberoamericana de Jueces.
La Misión Internacional "Justicia para Berta Cáceres" que mantiene sus actividades estos días en Honduras, expresa su honda preocupación por la incorrecta utilización del nombre del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por parte del Gobierno Hondureño en relación a la investigación del Ministerio Fiscal del asesinato de Bertha Cáceres.
Desde hace varios días, el Fiscal General de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla, ha anunciado que ha solicitado a la oficina hondureña del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que certifique la investigación del Ministerio Fiscal en el caso de la dirigente indígena. Según la información recabada por la Misión Internacional, la oficina del Alto Comisionado no tiene capacidades técnicas ni operativas para poder acompañar las indagaciones del Ministerio Público.
Por otra parte, el Alto Comisionado tampoco tiene un mandato para certificar un proceso de investigación de la Fiscalía de un crimen político como el que se cometió contra la coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), Bertha Cáceres. Lo que ha expresado la oficina del Alto Comisionado es que abre la oficina para acompañar a Honduras en temas de derechos humanos a raíz de una solicitud del 2014. Sin embargo, en los medios de comunicación, se afirma que Naciones Unidas está verificando las actuaciones de la Fiscalía en esta etapa del levantamiento de pruebas y otras diligencias de la investigación fiscal.
La misión tenía previsto reunirse con la oficina del Alto Comisionado en Tegucicalpa el día 18 de marzo a las 12:00 para interesarse por el caso de Bertha Cáceres y las afirmaciones del Gobierno hondureño sobre el papel del Alto Comisionado en relación a dicho caso. Lamentablemente la cita fue cancelada 20 minutos antes de llegar a la oficina por razones desconocidas. La misión internacional tenía un interés muy especial en esa reunión después de haber estudiado el importante análisis del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, "Una cuestión de respeto - evitar la complicidad en violaciones de derechos humanos en proyectos de desarrollo" del 17 de marzo.
La Misión Internacional "Justicia para Berta Cáceres" se quedará en el país hasta el 20 de marzo, manteniendo reuniones con diversas autoridades y organizaciones del movimiento social.
La delegación está conformada por:
Miguel Urbán Crespo - Europa, Eurodiputado PODEMOS - Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL
Nora Cortiñas - Argentina, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Pedro Arrojo – España, Diputado de PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España
José Olvera - México, UNT-CSA México, Unión Nacional de Trabajadores / Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas
Beverly Keene - Argentina, Coordinadora Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Mirna Perla Jiménez - El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador
Brian Finnegan - Estados Unidos, AFL/CIO – CSA. Federación estadounidense del trabajo y congreso de organizaciones industriales
Zulma Larin - El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia
Natalia Atz Sunuc - Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Gustavo Lozano - México, Académico y Abogado de la coalición de movimientos sociales por el agua y por la tierra (MAPDER y REMA) en articulación con el movimiento centroamericano.
Tom Kucharz - España, Asesor político de la delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Miguel Ángel de los Santos - México, Abogado de la Red Iberoamericana de Jueces.
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