Rosa Rojas | Desinformémonos
Este es el momento para que la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu o directamente el presidente Enrique Peña Nieto, establezcan comunicación con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández y le demanden la aplicación del Tratado de Cooperación Jurídica que hay entre ambos países para que se permita salir de aquel país a Gustavo Castro, testigo y sobreviviente del asesinato de la lideresa indígena Bertha Cáceres, quien al ser retenido está siendo sometido a “violaciones permanentes” a sus derechos humanos, afirmó su abogado defensor, Miguel Angel de los Santos.
“Sentimos que la Cancillería mexicana no está haciendo lo suficiente” para rescatar a Castro Soto cuya vida se encuentra en riesgo mientras esté en territorio hondureño “y así se lo hicimos saber enfáticamente a la directora de Asuntos Mexicanos en el Extranjero, Reyna Torres”, con quien se entrevistaron este viernes el propio abogado y representantes del Instituto para los Derechos Humanos y Democracia; la organización Otros Mundos y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
Se le pidió directamente a la funcionaria se solicite al gobierno de Honduras la aplicación de dicho tratado porque la Cancillería mexicana no lo ha hecho; ella explicó lo que se ha hecho “pero la última comunicación que enviaron al Fiscal de Honduras la respondió el funcionario sin hacer referencia al tratado, lo que sugiere que no se ha pedido su aplicación. La respuesta del Fiscal es de fecha 11 de marzo pero fue recibida en la embajada mexicana hasta el día 17… y en ella el Fiscal sugiere que el testigo se acoja al Programa de Testigos Protegidos pero eso haría que Castro Soto pasara al cuidado de las autoridades de Honduras”, explicó De los Santos.
Informó que la directora Torres contestó que “hay que esperar tiempos razonables, aplicar el protocolo… los tiempos razonables son ahora -afirmó el abogado en entrevista- porque Castro Soto lleva ya 15 días retenido -de los 30 que impuso la jueza- y Honduras no está respondiendo la petición de que se levante la alerta migratoria con la urgencia que el caso amerita”, porque además viene el periodo de descanso de Semana Santa. Indicó que Castro está alojado en la residencia de la embajada de México en Tegucigalpa, como parte de las medidas cautelares que se le solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la SRE para su defendido.
Por eso, dijo, además le pidieron a la CNDH que amplíe dichas medidas cautelares y que le solicite a la Cancillería que pida expresamente a Honduras la aplicación del tratado mencionado. De los Santos apuntó que además se entrevistaron con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, con similares demandas.
De los Santos mencionó que lo que está pendiente legalmente es que esta semana se presentaron en Honduras tres recursos jurídicos: una solicitud de reconsideración al Fiscal para que retire la orden de retención de Castro porque el ya aportó todas las pruebas que podía, pues participó en 10 diligencias ante el Ministerio Público y cuatro ante la juez; además, dijo, la medida cautelar la pidió la Fiscalía y la puede retirar cuando ya no es necesaria.
El segundo recurso es un amparo ante la Sala de Apelaciones de Comayagua en el que solicitan se suspenda provisionalmente la resolución de la juez para que Castro pueda salir; mientras tanto van a revisar en dicha sala la citada medida de retención.
El tercer recurso es un habeas corpus ante la Corte Constituyente de Tegucigalpa para que se revise si la citada resolución de la juez cumple con las disposiciones de la Constitución de Honduras y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Además de esos tres recursos, un cuarto recurso sería precisamente que se aplique el citado tratado de Cooperación Jurídica, de marzo de 2004, apuntó. Subrayó que aunque Castro Soto está bajo la protección de la embajada mexicana en Honduras, la lentitud con la que ha actuado la SRE ahora, contrasta “con la celeridad con que se atendió un caso ocurrido recientemente en un país europeo”.”Es un trato inhumano” el que se le está dando a Gustavo Castro por la incertidumbre jurídica en que está, prácticamente detenido en Honduras, convaleciente de las heridas que le causaron durante el asesinato de Berta Cáceres, el que le afectó profundamente dada la cercanía que tenían, y sin poder reunirse con su familia.
Por su parte la Red Iberoamericana de Jueces (RIJ), en una declaración sobre la situación de Castro Soto, manifestó su preocupación por el hecho de que no se le brinde a éste el trato correspondiente al de haber sido víctima de un intento de homicidio y testigo de la dramática muerte de Cáceres, “y, por el contrario la retención injustificada e innecesaria que se le ha impuesto, produce afectaciones psicológicas derivadas de la incertidumbre y los intentos de la Fiscalía General por mantenerlo bajo su custodia”.
La RIJ, con sede en Chile, se sumó a las peticiones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y diversos mecanismos universales de protección de los derechos humanos, en el sentido de que el Estado de Honduras debe garantizar la seguridad e integridad de Castro Soto mientras se encuentre en el territorio hondureño, y retirar la alerta migratoria lo antes posible para que pueda volver a su país, desde donde podría continuar colaborando con la investigación. Subrayó que las circunstancias en que éste se encuentra configuran violaciones a sus derechos humanos.
La RIJ, de la que también es parte De los Santos, quien fue comisionado por ésta para trasladarse a Honduras, exigió al gobierno de ese país la investigación pronta y eficaz, apegándose al estándar internacional en materia de ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, que conduzca al procesamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales involucrados en el crimen. “En el desarrollo de esta investigación, y dado la condición de defensora de los derechos humanos de la víctima, también les solicitamos agotar profundamente la línea de investigación que sugiere que el crimen se encuentra relacionado con su actividad como activista”.
Añadió que “la incierta situación de Castro Soto se ha visto agravada por una decisión arbitraria y por demás contraria al derecho al debido proceso, tomada por la Jueza Victorina Flores, al suspender el ejercicio profesional de la abogada de Castro Soto, privándolo con ello de su elemental derecho a una defensa efectiva” por lo que instó al Consejo de la Judicatura de Honduras a investigar la actuación de la jueza Victorina Flores, “con la finalidad de determinar las responsabilidades que de su injusta determinación pudieran surgir”.
La RIJ agregó que lamenta “reconocer que el asesinato de Bertha Cáceres y la situación de Gustavo Castro, constituyen un claro reflejo de la debilidad del Estado de Derecho, los niveles de impunidad en el país, y una voluntad incierta con la observancia de los derechos humanos” e instó al estado hondureño a solicitar a los organismos pertinentes, la instalación urgente, en Honduras, de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, “que asegure un acompañamiento internacional a la necesidad de una justicia pronta y castigo a los perpetradores. Esta instancia aseguraría a la comunidad internacional, de que el estado hondureño está comprometido con el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables”.
“Sentimos que la Cancillería mexicana no está haciendo lo suficiente” para rescatar a Castro Soto cuya vida se encuentra en riesgo mientras esté en territorio hondureño “y así se lo hicimos saber enfáticamente a la directora de Asuntos Mexicanos en el Extranjero, Reyna Torres”, con quien se entrevistaron este viernes el propio abogado y representantes del Instituto para los Derechos Humanos y Democracia; la organización Otros Mundos y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
Se le pidió directamente a la funcionaria se solicite al gobierno de Honduras la aplicación de dicho tratado porque la Cancillería mexicana no lo ha hecho; ella explicó lo que se ha hecho “pero la última comunicación que enviaron al Fiscal de Honduras la respondió el funcionario sin hacer referencia al tratado, lo que sugiere que no se ha pedido su aplicación. La respuesta del Fiscal es de fecha 11 de marzo pero fue recibida en la embajada mexicana hasta el día 17… y en ella el Fiscal sugiere que el testigo se acoja al Programa de Testigos Protegidos pero eso haría que Castro Soto pasara al cuidado de las autoridades de Honduras”, explicó De los Santos.
Informó que la directora Torres contestó que “hay que esperar tiempos razonables, aplicar el protocolo… los tiempos razonables son ahora -afirmó el abogado en entrevista- porque Castro Soto lleva ya 15 días retenido -de los 30 que impuso la jueza- y Honduras no está respondiendo la petición de que se levante la alerta migratoria con la urgencia que el caso amerita”, porque además viene el periodo de descanso de Semana Santa. Indicó que Castro está alojado en la residencia de la embajada de México en Tegucigalpa, como parte de las medidas cautelares que se le solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la SRE para su defendido.
Por eso, dijo, además le pidieron a la CNDH que amplíe dichas medidas cautelares y que le solicite a la Cancillería que pida expresamente a Honduras la aplicación del tratado mencionado. De los Santos apuntó que además se entrevistaron con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, con similares demandas.
De los Santos mencionó que lo que está pendiente legalmente es que esta semana se presentaron en Honduras tres recursos jurídicos: una solicitud de reconsideración al Fiscal para que retire la orden de retención de Castro porque el ya aportó todas las pruebas que podía, pues participó en 10 diligencias ante el Ministerio Público y cuatro ante la juez; además, dijo, la medida cautelar la pidió la Fiscalía y la puede retirar cuando ya no es necesaria.
El segundo recurso es un amparo ante la Sala de Apelaciones de Comayagua en el que solicitan se suspenda provisionalmente la resolución de la juez para que Castro pueda salir; mientras tanto van a revisar en dicha sala la citada medida de retención.
El tercer recurso es un habeas corpus ante la Corte Constituyente de Tegucigalpa para que se revise si la citada resolución de la juez cumple con las disposiciones de la Constitución de Honduras y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Además de esos tres recursos, un cuarto recurso sería precisamente que se aplique el citado tratado de Cooperación Jurídica, de marzo de 2004, apuntó. Subrayó que aunque Castro Soto está bajo la protección de la embajada mexicana en Honduras, la lentitud con la que ha actuado la SRE ahora, contrasta “con la celeridad con que se atendió un caso ocurrido recientemente en un país europeo”.”Es un trato inhumano” el que se le está dando a Gustavo Castro por la incertidumbre jurídica en que está, prácticamente detenido en Honduras, convaleciente de las heridas que le causaron durante el asesinato de Berta Cáceres, el que le afectó profundamente dada la cercanía que tenían, y sin poder reunirse con su familia.
Por su parte la Red Iberoamericana de Jueces (RIJ), en una declaración sobre la situación de Castro Soto, manifestó su preocupación por el hecho de que no se le brinde a éste el trato correspondiente al de haber sido víctima de un intento de homicidio y testigo de la dramática muerte de Cáceres, “y, por el contrario la retención injustificada e innecesaria que se le ha impuesto, produce afectaciones psicológicas derivadas de la incertidumbre y los intentos de la Fiscalía General por mantenerlo bajo su custodia”.
La RIJ, con sede en Chile, se sumó a las peticiones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y diversos mecanismos universales de protección de los derechos humanos, en el sentido de que el Estado de Honduras debe garantizar la seguridad e integridad de Castro Soto mientras se encuentre en el territorio hondureño, y retirar la alerta migratoria lo antes posible para que pueda volver a su país, desde donde podría continuar colaborando con la investigación. Subrayó que las circunstancias en que éste se encuentra configuran violaciones a sus derechos humanos.
La RIJ, de la que también es parte De los Santos, quien fue comisionado por ésta para trasladarse a Honduras, exigió al gobierno de ese país la investigación pronta y eficaz, apegándose al estándar internacional en materia de ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, que conduzca al procesamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales involucrados en el crimen. “En el desarrollo de esta investigación, y dado la condición de defensora de los derechos humanos de la víctima, también les solicitamos agotar profundamente la línea de investigación que sugiere que el crimen se encuentra relacionado con su actividad como activista”.
Añadió que “la incierta situación de Castro Soto se ha visto agravada por una decisión arbitraria y por demás contraria al derecho al debido proceso, tomada por la Jueza Victorina Flores, al suspender el ejercicio profesional de la abogada de Castro Soto, privándolo con ello de su elemental derecho a una defensa efectiva” por lo que instó al Consejo de la Judicatura de Honduras a investigar la actuación de la jueza Victorina Flores, “con la finalidad de determinar las responsabilidades que de su injusta determinación pudieran surgir”.
La RIJ agregó que lamenta “reconocer que el asesinato de Bertha Cáceres y la situación de Gustavo Castro, constituyen un claro reflejo de la debilidad del Estado de Derecho, los niveles de impunidad en el país, y una voluntad incierta con la observancia de los derechos humanos” e instó al estado hondureño a solicitar a los organismos pertinentes, la instalación urgente, en Honduras, de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, “que asegure un acompañamiento internacional a la necesidad de una justicia pronta y castigo a los perpetradores. Esta instancia aseguraría a la comunidad internacional, de que el estado hondureño está comprometido con el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables”.
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