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| Foto defensoresenlinea.com |
Por Dina Meza - Defensores en línea
Han pasado más de 48 horas y el asesinato del periodistas Adán Benítez, ejecutado por dos individuos en La Ceiba, Atlántida, el 04 de julio de este año, tal parece que correrá la misma suerte de las 11 investigaciones que lleve a identificar a los responsables de esos crímenes.
Ese día Benítez caminaba en las cercanías del hospital D´Antoni, siempre en La Ceiba, cuando dos hombres le dispararon en su cabeza, quitándole la vida y llevándole sus pertenencias.
La policía sostuvo casi de inmediato y sin ninguna investigación que el periodista fue asesinado por robarle.mLo que llama la atención es que este nuevo hecho criminal se produce una semana después de que denunciara en el noticiero “Diario de la Mañana”, del canal 45 de esa zona, a una banda de saqueadores de vehículos a quienes conocía, según informaciones que han circulado en las últimas horas, lo que dejaría bien establecido que su muerte se debe al ejercicio de la profesión.
Las circunstancias en que se cometen los crímenes contra los y las comunicadores sociales ha fortalecido la autocensura, limitando el derecho a la libertad de expresión e información.
Estos hechos violentos que han llevado a la tumba a una decena de periodistas iniciaron desde el 2009 con el rompimiento del orden institucional en Honduras, en ese contexto el periodista Gabriel Fino Noriega, fue asesinado de siete impactos de bala que le infirieron dos hombres que se bajaron de un carro negro, la tarde del 03 de julio, cuando salía de un noticiero informativo en Radio Estelar, en San Juan Pueblo, en el Litoral Atlántico del país. Para ese entonces divulgaba información sobre la consulta popular que se promovía desde Casa Presidencial y en los últimos días sobre las manifestaciones en contra del golpe de Estado.
En el año 2010 otros 10 periodistas fueron muertos y sus crímenes permanecen en la completa impunidad, pero en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el 25 de octubre de 2010, el Estado de Honduras pretendió sorprender a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, al señalar que los asesinatos de periodistas no tienen nada que ver con el ejercicio de la profesión y que los casos están en secretividad porque hay personas del crimen organizado involucradas.
Régimen se comprometió ante la ONU a proteger periodistas pero…
Solo en palabras quedó el compromiso del régimen de Porfirio Lobo Sosa que se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, cuyo Consejo de Derechos Humanos, llevó a cabo en noviembre de 2010, el Examen Periódico Universal, EPU, donde una delegación del régimen de Lobo Sosa, donde participó la fiscal especial de los Derechos Humanos, Sandra Ponce y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, se comprometió a proteger a los periodistas e investigar unos 10 asesinatos que permanecen en impunidad.
Sin embargo se trató solamente de salir del EPU con muchas promesas, pero las mismas se olvidaron, al igual que ha pasado con el reingreso de Honduras a la Organización de Estados Americanos, OEA, con la firma del Acuerdo de Cartagena, donde hay un compromiso de respeto a los derechos humanos, pero las violaciones a los mismos están a la orden del día y sin castigo.
Debido a la grave situación que enfrentan los y las periodistas en el ejercido de su profesión, el 18 de marzo de este año la Red Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), señaló que a pesar del hecho de que Honduras reconoce que los periodistas y comunicadores son vulnerables en este momento y que la situación no ha mejorado, los ataques y amenazas contra periodistas y comunicadores sociales han continuado de manera reiterada, situación que afecta también a los defensores de derechos humanos
Además solicitó al Estado de Honduras adoptar medidas efectivas para proteger a los periodistas, defensores de derechos humanos y comunicadores sociales. Y cuando existan ataques, llevar a cabo investigaciones efectivas para prevenir, esclarecer y castigar las agresiones que tienen lugar dentro de su jurisdicción.
Honduras ha sido considerado como el segundo país en el mundo con mayor peligro para ejercer el periodismo, se suma a ello la irresponsabilidad estatal en proteger a los y las periodistas.
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