Panamá: Nos encaminamos hacia una dictadura civil

Con Alejandro John

por Carlos Amorín - Rel-UITA

El secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Fabricación y Comercialización de Refrescos, Bebidas Gaseosas, Cervezas, Licores y Similares, realizó para Sirel una puesta a punto sobre la evolución del conflicto social que sacude al país a partir de la aprobación de las modificaciones a la Ley 30 y la masacre de Bocas del Toro.

-¿Cuál es la información sobre el saldo de la represión en Bocas del Toro?
-Según versiones extraoficiales el gobierno está ocultando la verdadera cifra de muertos por la represión en Bocas del Toro ya que está admitiendo sólo cuatro fallecidos, cuando según las versiones no oficiales serían nueve confirmados: dos adultos y seis niños, a los que habría que agregar un agente policial; pero podrían ser aún más.

También se habría confirmado que tres personas quedaron ciegas por el impacto de los perdigones de plomo disparados a corta distancia, y decenas tendrían daños en alguno de sus ojos.

Uno de los más de 150 heridos tiene graves lesiones en sus riñones y en el hígado, y otro en los pulmones, todo por causa de los disparos con perdigones y también con balas de plomo.

-¿Cómo está reaccionando ante esto la sociedad panameña?
-Son muchos los sectores y organizaciones que están condenando esta represión salvaje, pero que también están reconociendo que el gobierno no está creando condiciones para el diálogo ya que sólo se está rodeando de aquellas entidades que le son adictas. Incluso de la iglesia católica, que a nuestro juicio debería ser mediadora y no tomar parte en el conflicto.

Por otra parte, el gobierno pretende arrogarse el derecho de elegir de manera autónoma quién oficiaría de mediador en un posible diálogo, lo que resulta inaceptable.

-¿Qué posición están asumiendo entonces las fuerzas sociales?
-La de mantenernos en la demanda de la derogación de la Ley 30. Estamos preparando nuevas acciones para la próxima semana.

-¿Qué tipo de acciones?
-Una ya definida es un piquete ante la Corte Suprema de Justicia

Pero la crisis se está profundizando aceleradamente, Inclusive los medios de comunicación están responsabilizando al gobierno por su intransigencia y actitud represiva, lo que ha provocado que desde el entorno del presidente Ricardo Martinelli se acuse a esos medios de estar incitando a la rebelión y a la insurrección.

La verdad es que la represión ha sido tan brutal que la población parecería haberse convencido de la necesidad de derogar esta ley que, además de atacar a los sindicatos, le otorga poderes especiales a la Policía.

-¿Cuáles son esos poderes especiales?
-Es que se autoriza a la Policía a disparar por cualquier razón, a asesinar sin tener que dar explicaciones ante la justicia ni temer a ser destituidos, como si estuviésemos en una guerra.

Lo que ocurrió en Bocas de Toro fue el estreno de esas potestades otorgadas a la Policía por la Ley 30. Ahora el gobierno empieza a justificarse sugiriendo que la situación escapó de su control, pero está claro que la orden de reprimir con fuerza total provino del propio gobierno.

Esto ha sido una verdadera masacre, sin precedentes en las últimas décadas en Panamá. La Ley 30 fue promovida y votada por el gobierno, y ella instaura la impunidad total para estos hechos.

-Quiere decir que el sistema democrático está gravemente amenazado...
-Podríamos decir que nos estamos encaminando prácticamente hacia una dictadura civil, montada para reprimir al pueblo, al obrero. La represión sangrienta se suma el terrorismo de Estado que crean con las falsas acusaciones que se lanzan, abonando el terreno para la persecución y la represión.

Ahora, por ejemplo, cuando los dirigentes llamamos a una huelga o a una manifestación pacífica, según el gobierno estamos incurriendo en “apología del delito”. Están criminalizando la lucha social montando un Estado policíaco, con un régimen de terrorismo y con una justicia dependiente del gobierno.

Mañana, sábado 17, es el sepelio de dos de los muertos, pero los demás cuerpos aún permanecen en la morgue y a pesar de que sus familiares los están reclamando no se los entregan.

Es posible que lo más grave aún se esté por conocer.