Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
La
ubicación geográfica de Zacate Grande es estratégica. La península es
parte del Parque Nacional Marino “Archipiélago del Golfo de Fonseca” e
integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras. En la zona
se instalará también la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico
(ZEDE), popularmente conocida como ‘ciudad modelo’.
No es para extrañarse, entonces, si las familias más pudientes del país y corporaciones nacionales e internacionales han puesto sus ojos en estos territorios, pretendiendo realizar inversiones multimillonarias, principalmente en el sector energético, minero y turístico.
“Quieren llevar desarrollo a la zona, pero lo único que se mira es la miseria de la mayoría a la par de la opulencia de unos pocos.
El desarrollo es otra cosa y no puede prescindir del involucramiento directo de la gente y las comunidades”, explicó Pedro Canales, miembro histórico de la Adepza[1], a la misión de Cofadeh y Rel-UITA que visitó la zona.
Para llevar a cabo este proyecto han lanzado una ofensiva contra las comunidades organizadas, en contubernio con autoridades locales y nacionales.
Pese a no poseer el dominio pleno de los terrenos donde viven, las familias de las 11 comunidades de Zacate Grande tienen posesión efectiva de dichos inmuebles.
La Adepza registra más de 70 personas criminalizadas en la península. Según el estudio ‘Zacate Grande: una comunidad que persiste en la defensa por el derecho a la tierra’[2], realizado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), en Honduras existirían más de cinco mil campesinos procesados judicialmente.
No es para extrañarse, entonces, si las familias más pudientes del país y corporaciones nacionales e internacionales han puesto sus ojos en estos territorios, pretendiendo realizar inversiones multimillonarias, principalmente en el sector energético, minero y turístico.
“Quieren llevar desarrollo a la zona, pero lo único que se mira es la miseria de la mayoría a la par de la opulencia de unos pocos.
El desarrollo es otra cosa y no puede prescindir del involucramiento directo de la gente y las comunidades”, explicó Pedro Canales, miembro histórico de la Adepza[1], a la misión de Cofadeh y Rel-UITA que visitó la zona.
Para llevar a cabo este proyecto han lanzado una ofensiva contra las comunidades organizadas, en contubernio con autoridades locales y nacionales.
Pese a no poseer el dominio pleno de los terrenos donde viven, las familias de las 11 comunidades de Zacate Grande tienen posesión efectiva de dichos inmuebles.
La Adepza registra más de 70 personas criminalizadas en la península. Según el estudio ‘Zacate Grande: una comunidad que persiste en la defensa por el derecho a la tierra’[2], realizado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), en Honduras existirían más de cinco mil campesinos procesados judicialmente.
“Durante más de una década hemos venido
denunciado el acoso de los ricos. Ahora más que nunca vemos la ambición
de estas familias por tener los territorios libres de personas”, dijo
Canales.
Acaparamiento y criminalización
Un ejemplo claro de esta situación es la tragedia que vive el caserío de Puerto Sierra, colindante con la comunidad de Playa Blanca.
Por haber echado a andar un pequeño proyecto turístico -un parqueo para veraneantes- que complementaría los escasos ingresos de decenas de familias, seis personas están siendo acusadas de diferentes delitos por el terrateniente Jorge Cassis Leiva.
Dos de ellas –Abel Pérez y Santos Hernández– ya fueron sentenciadas a 5 años y un mes de prisión. Las otras esperan la audiencia de juicio. Otros seis o siete pobladores podrían ser acusados en los próximos días.
Cassis ha cercado toda la zona impidiendo el acceso de los pobladores a sus casas, desencadenando un conflicto que podría llevar a consecuencias trágicas.
“La situación es muy grave. Están rescatando viejas denuncias para meternos presos y sacarnos de una vez de nuestras tierras. Detrás de esta brutal ofensiva está el interés de las grandes familias por el proyecto de la ZEDE[3]”, manifestó Canales.
Hay casos, explicó el histórico dirigente, como el de las familias Facussé y Malespín que quieren vender miles de hectáreas de tierra. Además tienen escriturada toda la orilla del mar, de Puerto Grande hasta Coyolito, es decir casi 10 kilómetros de costas y playas.
“La mitad de las comunidades están ubicadas en estas tierras y sus pobladores están siendo amenazados. En mi caso son más de nueve años que me persiguen y criminalizan.
Hemos sufrido grandes violaciones de derechos humanos. Han enviado gente armada a agredirnos, han cooptado a fiscales y jueces para encarcelarnos, nos han atacado y amenazado.
Un ejemplo claro de esta situación es la tragedia que vive el caserío de Puerto Sierra, colindante con la comunidad de Playa Blanca.
Por haber echado a andar un pequeño proyecto turístico -un parqueo para veraneantes- que complementaría los escasos ingresos de decenas de familias, seis personas están siendo acusadas de diferentes delitos por el terrateniente Jorge Cassis Leiva.
Dos de ellas –Abel Pérez y Santos Hernández– ya fueron sentenciadas a 5 años y un mes de prisión. Las otras esperan la audiencia de juicio. Otros seis o siete pobladores podrían ser acusados en los próximos días.
Cassis ha cercado toda la zona impidiendo el acceso de los pobladores a sus casas, desencadenando un conflicto que podría llevar a consecuencias trágicas.
“La situación es muy grave. Están rescatando viejas denuncias para meternos presos y sacarnos de una vez de nuestras tierras. Detrás de esta brutal ofensiva está el interés de las grandes familias por el proyecto de la ZEDE[3]”, manifestó Canales.
Hay casos, explicó el histórico dirigente, como el de las familias Facussé y Malespín que quieren vender miles de hectáreas de tierra. Además tienen escriturada toda la orilla del mar, de Puerto Grande hasta Coyolito, es decir casi 10 kilómetros de costas y playas.
“La mitad de las comunidades están ubicadas en estas tierras y sus pobladores están siendo amenazados. En mi caso son más de nueve años que me persiguen y criminalizan.
Hemos sufrido grandes violaciones de derechos humanos. Han enviado gente armada a agredirnos, han cooptado a fiscales y jueces para encarcelarnos, nos han atacado y amenazado.
Hay tanto hostigamiento y
criminalización que hemos llegado al extremo que los mismos policías se
rehúsan a recibir nuestras denuncias”, dijo Canales.
Miseria versus opulencia
En medio de tanta violencia y opresión, las autoridades están claramente plegadas a los intereses de los poderosos.
“Después de 17 años de lucha no hay una sola denuncia presentada por las víctimas de la represión que haya sido investigada. Hemos aprendido que jueces y fiscales actúan por lo que les dicen los millonarios que controlan la política y la economía del país”, añadió el activista social.
-¿Se acabó la esperanza?
-En absoluto. El día en que Adepza desista de la lucha, este día todas las comunidades pierden sus territorios. Esta lucha no ha terminado y no nos van a derrotar.
Notas
[1] Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande
[2] http://cespad.org.hn/wp-
En medio de tanta violencia y opresión, las autoridades están claramente plegadas a los intereses de los poderosos.
“Después de 17 años de lucha no hay una sola denuncia presentada por las víctimas de la represión que haya sido investigada. Hemos aprendido que jueces y fiscales actúan por lo que les dicen los millonarios que controlan la política y la economía del país”, añadió el activista social.
-¿Se acabó la esperanza?
-En absoluto. El día en que Adepza desista de la lucha, este día todas las comunidades pierden sus territorios. Esta lucha no ha terminado y no nos van a derrotar.
Notas
[1] Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande
[2] http://cespad.org.hn/wp-
[3]
Son espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a
inversionistas extranjeros para implementar actividades económicas.
Estarán sometidas a reglas diferentes del resto del país y gozarán de
total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial
y de seguridad. También podrán establecer sus propios sistemas de
salud, educación y seguridad social.
Fuente: Rel-UITA
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